2016-06-16 | 21:36:17

82 senadores del PRI y del Verde Ecologista se opusieron abiertamente a que entrara en vigor la Ley Anticorrupción y los motivos que expusieron son muy personales, totalmente ajenos al clamor ciudadano de terminar con el robo de los recursos públicos y los sucios manejos de intereses particulares a los que está acostumbrada la clase política mexicana.

Esa demanda ciudadana que metan a la cárcel a los funcionarios estatales que desviaron recursos, fue la principal motivación que hizo que ganara Miguel Ángel Yunes Linares los pasados comicios en la entidad veracruzana. El problema del choleño gobernador electo, ya sin fuero, tratará de evitar que él sea uno de los investigados y no puede descartar que para eso el PRI, se pinta solo y sería un buen ejemplo para aplicar esta nueva jurisprudencia de treinta leyes que regirá el Sistema Nacional Anticorrupción.

Debe estar consciente Yunes Linares que los priistas lastimados con el resultado electoral le van hacer cansado el proceso de transición, y por lo pronto, el senador Héctor Yunes Landa llamó a los candidatos perdedores a cerrar filas y trabajar posicionándose para buscar las nuevas alcaldías.

Pasarán varios meses para que el gobernador electo haga sentir su llegada al gobierno veracruzano, ya pusieron al secretario de Gobierno, Flavino Ríos a detener cualquier información que demande el candidato ganador. El argumento del minatitleco es que la ley es muy clara en cuanto a los tiempos de entrega hasta el primero de noviembre .

Se entiende perfectamente ese rechazo a la ley de anticorrupción de los funcionarios, quienes se oponen a que los investiguen, dónde y cómo, pueden justificar la posesión de residencias lujosas, negocios, empresas, autos último modelo, el costoso nivel de vida que realizan de manera permanente. Tener a los hijos estudiando en universidades en el extranjero, pagando elevadas colegiaturas, hospedaje en departamentos, alimentos y diversiones con el dólar arañando los veinte pesos, solo sería posible si los sueldos de los empleados del gobierno estatal fueran en euros o libras esterlinas para cubrir los gastos de juniors veracruzanos.

La importancia de ocupar un puesto público ya sea por elección o por sus relaciones es superior al instinto de vida. Desarrollan los políticos de manera especial el sentido de la sobrevivencia política, de allí el gran interés de que algún conocido sea el ganador de las elecciones para poder cobrarle el favor.

En el quehacer político no existe el menor principio y si es necesario se hace a un lado la dignidad.

El artículo 29 que aprobaron los senadores priistas establece que serán públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses (quitaron la fiscal) salvo aquellos rubros que puedan afectar su vida privada o datos personales de acuerdo a la Constitución (que no quisieron que fuera modificada) para protegerlos de cualquier investigación del desvío de recursos públicos.

El pretexto que ponen los temerosos legisladores es que los delincuentes sabrían quienes son poseedores de una gran riqueza y eso los hace candidatos a la extorsión y al secuestro. ¡Pobrecitos! Que les roben lo robado.