2016-06-19 | 09:57:32

Si nos basamos en los comentarios de columnistas nacionales y la cobertura que se le ha dado en todos los medios, más allá de si esto sea cierto o una exageración, Veracruz se ha vuelto el ejemplo nacional del mal gobierno y corrupción. Ese gobierno ya va de salida y se abre la oportunidad de un cambio real. Esta semana se reanudaron las discusiones parlamentarias para aprobar algunas de las leyes secundarias que acompañan al Sistema Nacional Anticorrupción. De este grupo de leyes, la que más ha acaparado la atención y mayores resistencias de parte de la clase política mexicana ha recibido, es la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde se incluye la famosa Ley 3 de 3. Con el voto en bloque del PRI y el PVEM, así como algunas extrañas ausencias y abstenciones de representantes de los demás partidos, se votó en contra de la aprobación de esta ley en los términos en que se había presentado como iniciativa ciudadana. Finalmente la ley que se aprobó, dejó abierta la posibilidad de que nuestros representantes no tengan que presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos que se pretendía originalmente. A su vez se incluyó que aquellas empresas que ganen licitaciones del gobierno, sí tengan que presentar dichas declaraciones. Dicho desenlace no resulta sorprendente en base al historial de corrupción y falta de transparencia que ha caracterizado a los políticos de nuestro País, pero sí llama la atención que después de los resultados de los últimos procesos electorales, los miembros de PRI y el PVEM, hayan optado por esta línea de acción. Como ya lo dije al principio, la ley 3 de 3 no se aprobó porque tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hubo representantes del PAN, PRD, PES y el PT que coadyuvaron con su ausencia o voto en contra, al bloque conformado por el PRI y el PVEM, ya que éstos por sí solos no juntaban la mayoría necesaria. En su momento habrá que preguntarles a estos representantes sus razones de actuar de esa manera. Sin embargo en el caso del PRI y el PVEM, la votación se dio en bloque, lo que refleja una posición bien definida de éstos partidos y del gobierno federal. No se puede creer que una postura así no haya sido aprobada y dirigida desde la propia presidencia de la República. Para que se haya dado una respuesta de este tipo, de parte del gobierno y los partidos afines al régimen, sólo se me ocurren dos posibilidades. Que los gobernantes y representantes del PRI/PVEM, no hayan entendido el mensaje que la ciudadanía expresó con su voto en las pasadas elecciones o que los costos de combatir la corrupción y transparentar el ejercicio público sean mayores, desde su punto de vista, que perder el poder mismo. Apenas el pasado 9 de junio, Peña Nieto, durante el anuncio de inversión del Consejo Mexicano de Negocios, dijo ante los empresarios que no es omiso o insensible ante las demandas por combatir la corrupción y la impunidad. Si esto es cierto, entonces la única otra razón que se me ocurre para que el PRI y PVEM no hayan aprobado las leyes anticorrupción en los términos que pedía la sociedad misma, es porque dentro de sus cálculos, el costo a pagar es menor. Porque más allá de las discusiones técnicas o mas de fondo sobre los alcances de lo que se aprobó y las ventajas de haber incluido a
los empresarios en la 3 de 3, en la percepción de los ciudadanos, lo que se confirma y será aprovechado por los partidos de oposición, es que el PRI y sus gobernantes, no están dispuestos a someterse al escrutinio de la población. El próximo año tendremos nuevas elecciones en diferentes partes del País sobresaliendo la elección para gobernador del Estado de México, entidad con el mayor numero de votos y otro de los estados que ha sido gobernado por el PRI de manera continua y ahí podremos ver que tan acertados son los cálculos de la presidencia. Pero mientras tanto en Veracruz, tendremos la oportunidad de dar un ejemplo a la nación, de lo que puede ser un verdadero Sistema Anticorrupción. De acuerdo a los resultados del más reciente proceso electoral, la próxima legislatura, no contará con una mayoría del PRI, aún con la suma de los partidos satélites que normalmente responden a los mismos intereses. El próximo congreso estatal, estará conformado por 22 diputados del PAN/PRD, 15 del PRI/PVEM/AVE y PANAL, y 13 de MORENA. Si la lucha contra la corrupción va en serio de parte del próximo gobernador, tiene la mesa puesta para proponer iniciativas aún más avanzadas y más rigurosas que las aprobadas en el congreso federal. Como ya lo manifestó López Obrador, con respecto a su postura y la de los integrantes de MORENA en torno a este tema. Aunque al final resulte una simulación, si las leyes están encaminadas en el sentido correcto, se contará con el apoyo de ese partido, como ya se vio en la Cámara de Diputados. Con la suma de los diputados del PAN/ PRD y MORENA en Veracruz, se podría hacer mucho. Porque los veracruzanos no solo queremos que se castigue a los que han robado el dinero público, sino que también, se creen las condiciones necesarias para que en el futuro, esto ya no vuelva a suceder. Que el castigo no dependa de la voluntad del gobernante en turno o del humor social. La oportunidad y responsabilidad también es para los nuevos diputados de MORENA, de proponer leyes en este sentido y buscar el respaldo de los demás partidos para que la ciudadanía constate, quienes realmente quieren terminar con la corrupción. Si existe verdadera voluntad política de parte de los nuevos representantes y gobernantes de Veracruz, dentro de una año podríamos contar con la legislación más avanzada en contra de la corrupción. Solo por mencionar una opción, en los Estados Unidos, el contralor es un cargo de elección popular, de manera que el encargado de revisar las cuentas del ejecutivo, le debe su puesto a la población que votó por él y no al gobernador ni a los diputados de alguna fracción. Veracruz podría dejar de ser el paradigma de la corrupción en México y convertirse en el prototipo del buen gobierno y transparencia, la responsabilidad es de todos, como ciudadanos tenemos la oportunidad de volver a hacer sentir nuestra opinión en los dos procesos electorales que se celebraran de aquí al 2018.