2016-06-21 | 08:18:29

El nuevo gobernante obligado a negociar

De acuerdo a como quedaron las diputaciones locales el Congreso estatal quedó en tercios, lo que impide al gobernador entrante hacer movimientos y nombramientos donde se requiere tener la mayoría de los legisladores.
El nuevo gobernador tiene que negociar con dos partidos, quienes de acuerdo al OPLE, el PRI contará con quince diputados incluidos los plurinominales y Morena tiene trece. Acción Nacional contaría con 16 y el PRD con cinco que de acuerdo a la tradición electoral del nuevo Sol Azteca se mueve de acuerdo a componendas económicas.
Si quieren quitar al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, como lo han anunciado los funcionarios que se mueven alrededor de Miguel Ángel Yunes Linares y de paso mover al que nombren como fiscal anticorrupción, el gobernador por sólo dos años tiene que negociar con los partidos considerados ahora como de oposición. No puede olvidar el gobernante que existen otros poderes que requiere atender como son los medios de comunicación, la Iglesia, el Ejército y la Marina.
Aunado a que existen en Veracruz 58 delegados federales y 144 alcaldías que atienden lo que recomiendan los ejecutivos del partido tricolor.
Con este escenario político resulta muy complicado la tarea de gobernar, sin descartar que esta impugnada la competida elección y que el 80 por ciento de la población veracruzana con derechos electorales no votaron por él. Si bien es cierto que el entonces diputado local, Miguel Ángel Yunes Linares, está acostumbrado a luchar y debatir como llanero solitario contra las autoridades estatales, sus batallas políticas se remontan a la época del economista capitalino, Agustín Acosta Lagunes, cuando sufrió el acoso del gobierno priísta al lado del entonces alcalde de Xalapa, Carlos Padilla Becerra, quienes buscaron la protección del que fuera director general del Sol de México, el periodista Pepe Robles Martínez.
Padilla Becerra es el actual director del Comité Olímpico de nuestro país. Cuando entró al gobierno Acosta Lagunes persiguió aquellos funcionarios más cercanos al anterior gobernador Rafael Hernández Ochoa, utilizando al secretario de Gobierno, Ignacio Morales Lechuga. Metiendo a la cárcel al que fuera director del Instituto de Pensiones, José Luis Lobato.
Las razones legales de hostigar a la clase burócrata alta con actos penales se fundamentaban en malos manejos administrativos, que finalmente no tuvieron peso.
Eran otras épocas y la idea de perseguir a funcionarios de la administración anterior, siempre ha estado presente en algunos de los gobiernos estatales de Veracruz.
Se lleva en la sangre la revancha política, lo malo y enfermizo, es que la toman políticos frustrados como cuestiones personales y no existen argumentos de tipo partidista que les diera algún tipo de motivo.
La idea de convertirse en jueces es un modus vivendi de los que se creen vencedores. Se olvidan que la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Voltaire afirmaba: “Él que toma venganza después de la victoria es indigno de haber vencido”.