2016-06-21 | 08:21:02

Analizando globalmente los resultados de las elecciones del 5 de junio del 2016 destaca para la reflexión, el hartazgo contra la corrupción gubernamental, que hizo predominante el voto de castigo a los gobiernos señalados por múltiples y documentados actos de corrupción. Así se expresó el votante en contra del PRI gobernante en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz; en Oaxaca gobernado por la alianza PAN-PRD y; en Sinaloa, en contra de un gobierno panista. Los mexicanos, los veracruzanos votamos en abrumadora mayoría por el cambio de gobierno, en rechazo a la lacerante impunidad de gobiernos corruptos, apuntalados fielmente por sus partidos y aparatos políticos. Es notable que de las 12 entidades federativas en juego, las 8 enunciadas optaron por la transición del poder del gobierno de un partido(s), al de otro(s). Hagamos un breve estudio de caso en Veracruz: Los 2 candidatos que se mostraron contendientes en la elección por la gubernatura, tanto el del PRIPVEM-PANAL-AVE-PC, como el del PAN-PRD, dieron precoces, claras advertencias de rechazo al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y manifestaron en diversos momentos de su lucha política, que procederían legal, penalmente contra los eventuales culpables de desfalcos a las arcas públicas, por lo que era lógico que el régimen y los funcionarios señalados por ellos, diseñaran y estén poniendo en operación una serie de medidas preventivas muy específicas para evitar su encarcelamiento. Para los gobernantes priístas de Veracruz se actualizó el 5 de junio su peor escenario: ganó el candidato más opuesto a sus intereses, por lo que no debemos sorprendernos que el gobierno en funciones se resista al combate y castigo de su eventual corrupción e impunidad. Ese fue el tema central de la campaña política por la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares (MAYL). Por ello las reiteradas declaraciones del Fiscal General del Estado –“inamovible” aún por 8 años- de que no renunciará a su cargo o dará curso a las denuncias contra el gobierno que lo designó y; que la LIII Legislatura del Congreso de Veracruz dictaminará, aprobará y designará al próximo Fiscal Anticorrupción, al próximo Contralor del Estado “inamovibles” por 5 años y autorizará la transferencia de 11 activos inmobiliarios solicitados por Gobernador al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), autorizándole enajene a título gratuito los 2 helicópteros que habían sido de uso del titular del Poder Ejecutivo a la Fiscalía General del Estado, todo ello, con la misma celeridad con que aprobaron la eliminación del fuero para MAYL. Siendo así, parece ingenuo que el gobernador electo “solicite” a la LXIII Legislatura del Congreso de Veracruz -que culminará sus funciones en poco más de 4 meses- que se abstenga de “cumplir” esas tareas legislativas, siendo como fue y es, que dicho cuerpo colegiado se ha caracterizado invariablemente, por obedecer las órdenes del Gobernador de la Entidad. Comentario idéntico, nos merece la “petición” del gobernador electo, para que el Gobierno Federal de militancia priísta, a 2 años de la elección presidencial y con serios señalamientos de corrupción, sea el encargado de hacer la justicia que él ofreció realizar a los que han arruinado la Hacienda Pública Estatal y corrompido a Veracruz los últimos 12 años. No hay ingenuidad, hay denuncia del descarado plan de los señalados como corruptos y saqueadores de Veracruz para salir impunes de sus delitos. ¿Creerá MAYL que el Presidente de la República y/o el PRI nacional removerán, expulsarán al Gobernador de Veracruz después de la derrota electoral de 5 de junio, siendo que de haberlo querido, sin duda lo
hubieran intentado o/y hecho antes de las elecciones, a fin de evitar pagar electoralmente el costo de su desprestigio? ¿Por qué el PRI se volvería súbitamente contra sus propios militantes? El gobernador electo de Veracruz conoce al PRI. Ante las dificultades, deberá concebir, diseñar y poner en práctica un programa de acciones realistas, inteligentes, afirmativas, propias, articuladas en el tiempo, pues ni en el Gobierno Federal, ni en el Estatal, ni en el PRI nacional lo apoyarán antes del inicio de su mandato, por justas que sean sus demandas de justicia. Era previsible la reacción del Gobierno del Estado de Veracruz. Sí a este panorama de rampante impunidad local, se suma la desesperanzadora, amarga noticia que el Congreso de la Unión aprobó la semana pasada un “Sistema Nacional Anticorrupción” inconfiable, cosmético, opaco, inoperante, que excluyó la sentida demanda ciudadana de incluir el deber jurídico de que los servidores públicos den a conocer, conforme a formatos indubitables, su información patrimonial (el llamado “3 de 3”). De este vergonzoso proceso legislativo, quedó claro que son tan malos unos como otros, pues sí bien es cierto el publicitado “Sistema Nacional Anticorrupción” fue aprobado con los votos del PRI y el PVEM, también es cierto que en el Senado, 14 legisladores del PAN, PRD, PT, algunos abiertamente alineados con MORENA, que pudieron cambiar el sentido de las votaciones, se abstuvieron o ausentaron de las mismas, para permitir su aprobación sin asumir el compromiso de combatir –de veras- a la corrupción y la impunidad en nuestro País. Todos los partidos en el discurso combaten a la corrupción, pero en los hechos protegen a los suyos. Lo ha hecho el PRD, en la figura del escandaloso exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, hoy diputado federal; el PAN lo hace con el corrupto exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías y; el PRI con el escándalo de las casas de funcionarios públicos pagadas y/o otorgadas por empresas, proveedores que en forma directa se vieron beneficiados con obra pública, asignadas sus por sus gobiernos. El Presidente Enrique Peña Nieto está involucrado. Sí interpretamos la realidad con visión de conjunto, tenemos que lo que está pasando en Veracruz no es excepcional. A nivel nacional y desde luego, en Veracruz es ominoso el panorama de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Mucho tendrá que hacerse para hacer prevalecer el Estado de Derecho, sin consentir la impunidad imperante. El verdadero obstáculo que enfrenta el combate a la corrupción e impunidad, es la partidocracia que ahoga el poder y los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos que no militamos en ningún partido político, haciendo rehén a México de las conveniencias de sus dirigencias, grupos reales de poder, de los gobernantes en turno y sus burocracias. Es absurdo señalar que la corrupción es un problema cultural o coyuntural. Es estructural y está profundamente enraizado en las organizaciones –los partidos políticos y gobiernos- que debiendo representar y defender a la ciudadanía, se sirven de ella para conveniencia y lucro de sus militantes, dirigentes y gobernantes. No nos engañemos. El combate a la corrupción debe comenzar desde el núcleo del sistema político, pues son los políticos y partidos los que, a nuestro nombre y representación, han perpetuado la corrupción e impunidad con sus acciones y omisiones. Veracruz es un caso grave, crítico, paradigmático, pero no por ver el árbol, dejemos de entender el bosque. Pensemos nacionalmente y actuemos localmente ya, contra la corrupción y la impunidad.