2016-06-22 | 21:51:25

No es fácil la tarea del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en el caso de no cumplir lo que prometió de meter a la cárcel a Javier Duarte y sus colaboradores, acción por lo que fue el principal motivo que el pueblo veracruzano votó por él. Y esta ejecución judicial tiene que hacerla de entrada, toda demora afectará seriamente la credibilidad y respaldo ciudadano a su administración.

Al trascender el elevado monto de la deuda pública que heredará, la confirmación de la existencia de empresas fantasmas, así como otros delitos que son del conocimiento público, su accionar será cuestionado desde el primer día que tome posesión de su cargo. Es formal compromiso electoral y tiene la responsabilidad de cumplirlo.

Lo que está en juego no es solamente su futuro político y el de sus hijos, que esperan la oportunidad de servir al pueblo con importantes cargos sucesorios dentro del gobierno estatal.

Algunos entienden que existen compromisos partidistas pero, dependerá del ejecutivo estatal que cumplan los nuevos funcionarios con el perfil de capacidad y talento para ser designados.

La tragedia que se asoma.

Nadie se puede imaginar en qué puede terminar el sangriento conflicto de maestros del CNTE y el gobierno federal. Los hechos muestran lo contrario, en lugar de ver el cercano final parece que está creciendo.

Alumnos y maestros de Universidad Autónoma de México, (UAM) iniciaron un paro en apoyo al magisterio disidente. El conflicto del magisterio disidente cuando existe la violencia con personas muertas donde figuran maestros y alumnos señalan el antecedente del 68, que selló la vida política de un represor del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

La historia es inclemente con los políticos mexicanos y eso le pudiera ocurrir a Enrique Peña Nieto, aunado a las terribles sombras de normalistas de la escuela de Ayotzinapa.

La única salida es ir a la cárcel

El problema más serio del gobierno de Javier Duarte es el referente a las empresas fantasmas, donde interviene el SAT, la dependencia de la Secretaría de Hacienda, que investiga las irregularidades fiscales de las personas físicas o morales. Ningún mexicano se escapa, es la oficina similar en los Estados Unidos más temida por los contribuyentes.

La sanción que impone es de índole penal además de las elevadas multas millonarias que hay que pagar. Es decir, además de devolver el dinero hay cárcel.

Se dio a conocer en un programa televisivo la no existencia de 25 empresas las cuales habían ganado licitaciones donde obtenían contratos millonarios de la que debían haber entregado productos que nunca hicieron.

Fue demasiada burda la maniobra para quedarse con esos recursos públicos y no hay salida, ni tampoco un abogado fiscalista que se atreva a tirarse ese tiro.

La investigación que hizo el SAT es que dichos negocios no existen, ni tienen domicilio, ni hay trabajadores y lo grave por ser delito es que emitieron facturas para cobrar, las cuales deben ser canceladas y eso agrava el ilícito.