2016-07-03 | 09:56:09

El pasado 13 de Febrero, murió en un rancho situado en el Estado de Texas, el juez Antonin Scalia, quien hasta ese día formaba parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Con su muerte la mayoría conservadora que hasta ese entonces dominaba las decisiones del cuerpo judicial más importante en ese país, se ponía en riesgo, ya que de acuerdo a la Constitución Norteamericana, es facultad del Presidente, proponer a los candidatos para formar parte de la Suprema Corte y corresponde al Senado su aprobación por mayoría calificada.

La muerte de uno de los jueces más conservadores que ha tenido la Suprema Corte, daba la oportunidad al presidente Obama de hacer su tercer nombramiento en los casi ocho años de su gobierno.





Han pasado ya casi cinco meses y la mayoría republicana que en estos momentos controla el Senado, se ha negado a siquiera entrevistar al juez Merrick Garland, propuesto por Obama para ocupar la posición que dejó vacante el juez Scalia.

Garland, sería una posición dentro de la Suprema Corte, más afín a la ideología liberal que predomina dentro del partido demócrata y la administración de Obama, sin embargo este juez a lo largo de su carrera y promociones anteriores dentro del poder judicial, siempre ha contado con apoyo bipartidista y en el pasado ha sido impulsado por presidentes republicanos.

Barack Obama, ha declarado que su intención al proponer a Garland fue presentar a un candidato que generara consenso.

Por su parte los líderes del partido republicano argumentan que lo mejor sería esperar a que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en noviembre y permitir que esta decisión tan transcendental también forme parte del debate político que se esta dando actualmente en el país. De manera que la composición de la Suprema Corte, se defina en base a que partido gane la elección presidencial.

La postura de ambos lados tiene algo de razón y obedece a un juego político entre fuerzas claramente opuestas. El presidente Obama sabe que en estos momentos no va a caminar su propuesta, pero también sabe que esta postura tendrá su costo para los republicanos, el día de las elecciones, especialmente para aquellos senadores que también tendrán que contender para mantener su posición en el senado.

En el transcurso de estos meses la Corte ha tenido en sus manos temas importantes y al faltar un juez, no se han logrado decisiones claras en algunos casos.

Los republicanos, por su lado, aún tienen la esperanza de ganar la elección presidencial y de esa forma mantener la mayoría conservadora dentro de la Suprema Corte a partir de que tome posesión el nuevo ejecutivo.

Algunos analistas especializados en estos temas, coinciden en que si llega a ganar la presidencia la Sra. Hillary Clinton, los republicanos estarían aprobando la propuesta del Presidente Obama, antes de que su periodo termine. Ya que si se deja esta decisión a la nueva mandataria, lo más seguro es que su propuesta sería alguien aún más identificado con el partido demócrata y sus políticas liberales.

Es decir, el forcejeo político existe, sin embargo ambos bandos están conscientes que al final del día, la decisión dependerá del proceso electoral y que la decisión final esta en manos de los ciudadanos que acudan a votar.

Toco este tema para contrastar lo que estamos viviendo en el Estado de Veracruz en estos momentos, con respecto a las diversas posiciones que el congreso tendrá que definir, para cumplir con los lineamientos del nuevo Sistema Anticorrupción.

Está claro que de aquí al 1o de Noviembre en que termina el mandato de Javier Duarte, le corresponde a él dar la autonomía financiera tanto a la fiscalía como al organismo que surge del nuevo Sistema Anticorrupción y que esta estipulada en las leyes que ya fueron aprobadas.

Estas acciones, aunque algo tardías, de respetarse el espíritu de la leyes que les han dado origen, sin lugar a dudas serán positivas para la vida institucional del estado Veracruzano y para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

A diferencia de lo que sucede en el país vecino del norte, en este caso el partido que cuenta con la mayoría, es el mismo que representa al gobernador y como ya atestiguamos esta semana, la tentación de imponer a incondicionales de la administración saliente es muy fuerte.

El margen de maniobra para los panistas y perredistas, así como del gobernador electo Miguel Ángel Yunes es mínimo, desde el punto de vista legal. Pero también la diferencia, es que en Veracruz ya se llevaron a cabo las elecciones y la opinión de la ciudadanía fue muy clara en su rechazo al actual gobierno y su partido.

Existe un nuevo mandato para los integrantes del congreso, ya que aunque ellos no le deban su posición a los resultados de esta elección, si siguen siendo los representantes de los veracruzanos y no pueden ser omisos a esta decisión del pueblo.

De acuerdo a lo que hemos presenciado éstos últimos días, esta claro que para el gobernador saliente, dentro de sus cálculos, el costo político de esta serie de imposiciones es menor a lo que le puede esperar, en caso de no contar con la protección institucional que pretende crear. Siquiera pensar que se le pudiera ocurrir en presentar una propuesta de los tres nuevos magistrados, que genere consenso, es más que un sueño guajiro.

También se ve muy difícil que en estos momentos de tanta crispación entre las dos fuerzas dominantes en el congreso, se logre el nombramiento de una propuesta consensuada. El revanchismo justiciero encabezado por el mandatario electo y los partidos que lo postularon, es tan corto de miras como la propia postura del que se va.

En el caso del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo a la valoración que los integrantes de la comisión correspondiente hicieron, tampoco se logró un consenso y esto se debe a que de los ocho entrevistados, no existe ningún candidato que cumpla con todos los requisitos para ocupar este puesto.

Ya sea por falta de experiencia y capacidad o por un claro conflicto de interés al pretender que el nuevo fiscal, sea alguien que hace poco formaba parte de la actual administración.

Ante esta situación, lo más sano sería que se abra nuevamente la convocatoria, que se le permita a la sociedad veracruzana, proponer a otras personas y que sea la nueva legislatura, que también acaba de ser electa, quien retome a partir de que tome posesión, este proceso de nombramientos.

En este caso los consensos, tendrían que lograrse de acuerdo a la nueva composición de este cuerpo colegiado. De manera que el nuevo Fiscal Anticorrupción, no representaría los intereses del actual gobernador, pero también garantizaría el rendimiento de cuentas del gobernante entrante.

Porque si algo quedó claro en esta campaña electoral es que más del 60% de los veracruzanos no votaron por él y en gran medida porque aún no ha hecho mucho por aclarar los graves señalamientos por corrupción que fueron revelados en su contra a lo largo de su paso por el servicio público.

Mediante esta decisión se estaría facilitando que se respete la garantía de autonomía del Nuevo Fiscal y Magistrados Anticorrupción, de cualquier partido político o grupo de poder, ya sea del pasado o del presente.

Sería una muestra de madurez política de parte de todos los actores involucrados y ayudaría a distender el ambiente de crispación existente en el estado, que ya suficientes problemas tiene como para echarle más leña al fuego.

Finalmente una buena noticia, de acuerdo a lo revelado por el periodista Ciro Gómez Leyva a principios de la semana, en referencia a su conversación con el presidente Peña Nieto y su recomendación de que lea el texto sobre Publio Cornelio Escipión, todo parece indicar que nuestro presidente si lee libros. No estaría mal que también tenga un diccionario a la mano, siguiendo la recomendación que Obama le dio durante la estancia de ambos en Canadá.