2016-07-06 | 09:18:56

Si como lo señalan los artículos tercero: “la democracia es una forma de vida”; y el 40 constitucionales: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse una República representativa, democrática, laica y federal” tengamos claro que en Veracruz vivimos hoy en un Estado fallido, ajeno a la democracia, víctimas de uno de los peores y más corruptos gobiernos de que se tenga memoria desde el inicio de la predominancia de los gobiernos de priístas estatales en México, en 1949. Podríase pensarse que es exagerada tal afirmación, pues son muchos los priístas que han mal gobernado, saqueado y envilecido a México impunemente: Miguel Alemán Valdez, Gustavo Díaz Ordaz; Luis Echeverría Álvarez; José López Portillo; Carlos Salinas de Gortari; pero a nivel de los gobiernos en las entidades federativas, el pésimo de Javier Duarte de Ochoa, es categoría especial en la sórdida galería de los malos gobernadores priístas, destacando en corrupción y desvergüenza incluso sobre sus predecesores y colegas. Esto implica que el problema de ingobernabilidad, inestabilidad y excesos de la salida de Javier Duarte del poder en Veracruz (Duartexit) es Nacional, pues sus implicaciones han transcendido los límites del Estado y el periodo de su mandato, que concluirá en poco más de 4 meses. Por ello el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el régimen de gobierno del PRI en su conjunto se juegan su destino, definición y credibilidad en Veracruz, de cara a las cruciales elecciones presidenciales del 2018. Deben tomar cartas en el asunto, sino por patriotismo, por cálculo electoral. El Duartexit (la salida de Javier Duarte del poder y su destino personal) sigue causando estropicios a Veracruz por el lesivo “paquete de impunidad” que desde la previsión de su derrota electoral, el PRI ha venido implementando programáticamente en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, siendo Veracruz el Estado donde más descarada y desesperadamente están por designarse en estos días, por el Congreso al servicio de Javier Duarte: un Consejero del IVAI, un Contralor y el fiscal anticorrupción inamovibles (los 2 últimos por 5 años); se pretende crear una “Sala Especializada en el Combate a la Corrupción” designando 3 magistrados para que ellos sean los encargados de procesar los delitos que se le imputan. Se destinen en forma irrevocable los recursos futuros del fideicomiso que administra el impuesto del 3% a la nómina –creado específicamente para realizar obra pública- para el pago de los proveedores a los que les debe su gobierno y; se enajene a título gratuito la “Casa Veracruz” –donde él ha vivido y realizado la mayor parte de su labor gubernamental- a diversas instituciones; así como la transferencia al IPE de inmuebles como el World Trade Center de Boca del Río, el Velódromo, áreas del Jardín de las Esculturas y los Museo del Transporte y el Interactivo de Xalapa, como parte del pago de recursos “líquidos” que el Gobierno le quitó al patrimonio de los trabajadores y jubilados de Veracruz. Sumemos a estos y otros despropósitos, el hecho que en Veracruz es incontenible la violencia y hemos tenido que presenciar la represión pura y dura: la semana pasada, el Presidente Nacional del PAN y el Gobernador Electo sufrieron una brutal agresión -aún impune- a salir del Congreso del Estado. ¿Cuántas barbaridades, bandazos legislativos, violencias y visiones deberemos tolerar en los meses venideros para que Javier
Duarte y sus cómplices puedan retirarse en paz, a disfrutar tranquilamente las próximas navidades de sus fortunas mal habidas? ¿El Gobierno Federal se hará cómplice de los crímenes que deberán quedar impunes para que los conspicuos delincuentes que han arruinado a Veracruz dediquen el resto de sus vidas a gozar del patrimonio que han amasado saqueando las arcas públicas y pervirtiendo la Ley, como lo han documentado sobradamente la Auditoría Superior de la Federación y la opinión pública? De nada servirá el Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto, aprobado y publicitado con bombo y platillo por Enrique Peña Nieto, si no se toman urgentes medidas para evitar que en su desesperada lucha por impunidad, el Duartexit socave el presente y futuro de Veracruz, desmembrando aún más su economía, gobernanza y tejido social. Entendemos que para el Gobernador de Veracruz y camarilla sea su prioridad asegurar sus futuras libertades, fueros e impunidades pero ¿Debemos los veracruzanos hipotecar nuestro porvenir para que el Duartexit sea “de terciopelo” y no se haga la justicia por la que votaron los veracruzanos? ¿Miguel Ángel Yunes y su sucesor deben contentarse con la administración de las ruinas y deudas de Veracruz? ¿Espera a Javier Duarte a su salida del poder un “exilio dorado” o un puesto diplomático, como con el que se premió a otro exgobernador veracruzano? Aún para los estándares permisivos, facciosos, demagógicos, cleptocráticos del PRI, el “Duartexit” es un problema que demanda solución, no obstante faltan más de 4 meses para que entregue el poder. Así lo han manifestado tanto los 2 últimos máximos dirigentes nacionales del PRI, como el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional de ese partido. Hay clamor creciente para que llegue al final la larga noche de corrupción, violencia y cinismo que para Veracruz ha representado su actual gobierno. Existen la justa demanda social para que en los meses de gobierno que le quedan, el Duartexit no termine de desnaturalizar, desmantelar y prostituir las instituciones, el acervo y patrimonio gubernamental y democrático que con tanto sacrificio hemos venido construyendo los veracruzanos desde el inicio de nuestra vida independiente, hace casi 196 años. El Presidente y su partido político juegan con fuego ante la rebelión magisterial y, ante su decisión de hacerse de la vista gorda ante los crímenes y estropicios de sus compañeros, los salientes gobernadores priístas. En un entorno de recesión económica, está clarísimo que el tema nuclear de las campañas políticas de este año y venideras serán la corrupción, la violencia, la impunidad. Esos serán los ejes de cuya definición – ocurrió ya en Veracruz- dependerá el éxito de partidos, candidatos y campañas políticas. ¿El PRI Nacional seguirá mirando hacia otro lado en tratándose de Veracruz, aunque el desprestigio, las consecuencias de la protección “de facto” a los gobernadores corruptos, por su omisión de acciones penales (PGR), fiscales (SAT) y de justicia federal (Poder Judicial de la Federación) signifiquen la pérdida de la Presidencia de la República y el control de las cámaras de diputados y senadores en el 2018? El Duartexit medirá –sin lugar a dudas- el grado de patriotismo, sensibilidad, tolerancia de Enrique Peña Nieto, el régimen político priísta y las instituciones políticas hacia la corrupción y la impunidad. El Presidente de la República debe intervenir en Veracruz para poner alto a la deconstrucción y destrucción institucional que está significando el Duartexit. Duarte debe iniciar una transición pacífica o ser removido por el Supremo Poder de la Federación. Es necesario evitar las ominosas batallas de una guerra (el Duatexit hostil) que ni al PRI, ni al Presidente de la República, ni al sistema político le conviene ganar. ¿Los que hemos sido víctimas de crímenes impunes, debemos atestiguar impávidos como huye a España Duarte como lo hizo impunemente Humberto Moreira antes que él? ¿México debe ver cómo se degrada su democracia y pierden calidad de vida sus ciudadanos para hacer realidad el sueño de impunidad de delincuentes? ¿El “paquete de impunidad” a aprobarse en Veracruz anticipa el que se creará para la entrega del poder en el 2018? El costo político nacional es muy alto para Enrique Peña Nieto, el PRI y las instituciones de la República ¿Estarán dispuestos a pagarlo y pasar a la historia como corruptos por complicidad, acción y omisión?