2016-07-12 | 09:20:05

Cuando uno ve colapsadas las vialidades, la economía y la gobernanza de México por marchas, protestas y plantones de organizaciones magisteriales beligerantes, en ocasión de la aplicación de la “reforma educativa” a fe mía, el único de las “reformas estructurales” que hasta hoy han valido la pena de las múltiples realizadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, me agobio pues habiendo el Gobierno Federal amenazado y usado la “mano dura” (represión) apelando al Estado de Derecho, está hoy humillado, contradiciéndose, más impopular y vulnerable que nunca, a punto de dar marcha atrás por necesidades “políticas”, a los imprescindibles ajustes recientemente realizados al sistema educativo mexicano, para que nuestros niños y jóvenes sean competitivos, productivos, ante las exigencias de un mundo globalizado, donde los empleos y las inversiones irán siempre a donde puedan hacerse mejores negocios.

El mismo Gobierno que dio la orden de usar armas de fuego contra manifestantes, ha sido expedito para encarcelar a los líderes magisteriales disidentes –que no dudamos sean culpables de delitos- pero ha mostrado desinteres para proceder legalmente contra políticos y gobernadores del PRI, partido en y del Gobierno del Presidente. Pero aun así, la noticia no es el fracaso, el deterioro de nuestro sistema escolar; la poca o nula calidad de la educación que reciben los mexicanos; el renacimiento del talante autoritario de EPN o; el descarado uso político del sistema de procuración e impartición de justicia en México: los titulares son el conflicto magisterial reprimido por el Gobierno, el asesinato de estudiantes normalistas y manifestantes con intervención gubernamental y el impacto económico, social, político de la desafiante rebelión magisterial a punto de empezar a obtener sus objetivos: que los maestros no sean evaluados; que sean mantenidos sus privilegios y prebendas sindicales y; se entregue una vez más, la rectoría del sistema educativo Nacional a mafias magisteriales organizadas, comprometidas con objetivos políticos no con educativos. Si así ocurriera de nada serviría haber encarcelado a Elba Esther Gordillo; ni haber signado el “Pacto por México”; ni haber actualizado nuestro marco constitucional para hacer posible una educación de calidad en nuestro País.

La reversa de la “reforma educativa” tendrá efectos históricos negativos. Empieza a vislumbrarse su fracaso por la pequeñez, mezquindad y autoritarismo de nuestros gobernantes. Volveremos a perder viabilidad de desarrollo a pesar de que estamos conscientes de que sin un mejor sistema educativo no habrá mexicanos mejores, ni un México mejor.

Pero crisis como el de la reforma educativa abundan en nuestro País, donde por ganar batallas, los gobernantes pierden definitivamente las guerras, en perjuicio de la sociedad que dicen representar y a la cual deberían dar cuentas y resultados. Al analizar la realidad Nacional y Estatal saltan a la vista el solipsismo, la pobreza intelectual, la falta de visión, preparación, sensibilidad y sinceridad de la clase política gobernante, cualquiera que sea su partido político. Lo que aplican es el efectismo, el querer hacer más con menos siguiendo la ley del menor esfuerzo, sin detenerse a realizar diagnósticos y planeaciones serias, estratégicas, de mediano y largo plazo, ni programar debates ni acciones consensadas claras, calendarizadas, articuladas organizada y sistemáticamente para abordar y resolver de fondo cada uno de los muchos problemas que nos aquejan.

No es asunto menor, reproche intelectual, ni señalamiento de una simple carencia. Debido al personalismo, patrimonialismo y la visión de corto plazo estructurales al quehacer político, partidista y gubernamental, México derrocha su tiempo, oportunidades, recursos y pierde vidas peleando y a veces ganando, batallas ampliamente difundidas por los medios de comunicación, como parte de la propaganda del Régimen y el culto a la personalidad imperante entre nuestros gobernantes mientras, en términos históricos se van perdiendo las guerras, pues al no haber sido comprendidos los conflictos en su realidad, complejidad e integridad; los enfoques, programas, políticas públicas y las reformas jurídicas que pretenden incidir en su solución son paliativos, insuficientes, incompletos, cuando no inservibles, inútiles y resultan peor las curas aplicadas que las enfermedades.

Las consecuencias de la egolatría autocomplaciente y demagógica de corto plazo, dominantes en la visión de la “clase política” que nos gobierna están frente a nosotros. ¿Será que lo que le conviene no es resolver los problemas sino administrarlos? ¿No está claro que para los partidos políticos y sus burocracias es mejor negocio que el ciudadano sufra de sus corrupciones, complicidades, violencias y opacidades que atender sus justas demandas? ¿No ganan los políticos más dinero y privilegios al decir que intentan luchar contra los problemas que al resolverlos?

Día a día se detienen a “capos” y criminales dedicados al narcotráfico, pero la guerra contra las adicciones y el tráfico ilegal de drogas está perdida y no se ve para cuando, ni como México la pueda ganar. Nuestro gobierno presume batallas ganadas a sangre y fuego, exhibiendo a peligrosos delincuentes “aprendidos” por el Ejército y la Marina pero la inseguridad, violencia, injusticia e impunidad se acrecientan; se ha llegado a niveles irracionales de crueldad y masacre desde que, por así convenir a los intereses del Presidente Felipe Calderón Hinojosa -después de un presunto fraude electoral y una campaña de miedo que lo llevó a un débil inicio de su gobierno- declaró para fortalecerse, la guerra contra el narcotráfico los primeros días de su mandato. Las batallas continúan y el gobierno pelea una guerra perdida pues se incrementan anualmente los niveles de consumo de drogas y adicciones en nuestro País; la estrategia de “decapitación” de los “carteles” se ha convertido en un espectáculo mediático sin consecuencias pacificadoras, pues más tarda uno de esos delincuentes en ser capturado o eliminado, que en ser substituido por otro mexicano dedicado al narcotráfico y se han fragmentado ad infinitum las organizaciones del crimen organizado; se ha incrementarse la criminalidad, la brutalidad en nuestras calles y gana popularidad la narco cultura en México. Según datos del INEGI llevamos desde el 2007 más de 170 mil víctimas de la violencia de esa guerra, hórrida cifra que supera el número de muertos en ese periodo en las libradas en Irak y en Afganistán.

Reflexión idéntica podría hacerse respecto a las “victorias en Batalla” pero “guerras” perdidas declaradas por nuestros gobiernos contra la pobreza; la marginación; la desigualdad; la corrupción; la discriminación de mujeres y grupos minoritarios vulnerables; el tráfico de seres humanos; la erradicación de la tortura y los ataques contra los derechos humanos. El problema Nacional no deja de ramificarse localmente a niveles amplificados. Los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz pretenden usar a las leyes e instituciones gubernamentales como escudo de impunidad, empeñados en ganar batallas de una guerra que perderán históricamente.

El Estado de Veracruz está quebrado por los 2 últimos gobiernos, debe a sus trabajadores, a pensionados, a proveedores y a la Universidad Veracruzana. A resultas de su pública animadversión hacia Miguel Ángel Yunes Linares, Fidel Herrera Beltrán y su sucesor “lograron” que en el 2012 todos los senadores electos por Veracruz llevaran el apellido Yunes y habiéndole ganado dos batallas electorales al hoy Gobernador Electo, perdieron ya la guerra, pues el partido al que decían servir perdió 86 años de monopolio de poder en Veracruz y al descubierto están quedando, y quedarán, sus corrupciones e iniquidades.