2016-07-26 | 09:02:21

El 18 de julio del 2016 pasó a la historia de México como la histórica fecha en que el Presidente en ocasión de la promulgación de las 7 leyes que integran el “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA) que impulsó su partido el Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto (EPN) pidió perdón a los mexicanos por el escándalo que protagonizó respecto a la irregular adquisición –a través de su esposa- de “la casa blanca”, un inmueble valuado en 87 millones de pesos con facilidades de pago y a menor precio, a un contratista “amigo” (Grupo Higa) enriquecido por obra pública asignada por los gobiernos que ha encabezado EPN y colaboradores. Esta anómala solicitud que fundamentó EPN en un “error”(sic), no vino acompañada ni del reconocimiento de alguna ilegalidad, ni de ningún acto jurídico concomitante. EPN fue formado en escuelas confesionales, ha demostrado ser un hombre de pocas luces y lecturas, pobre dominio de idiomas y visión de corto plazo. Cree que es tan importante el ser como la forma de ser, que el fin justifica los medios. Basa su estrategia en la comunicación política. Es pues, un estereotípico militante de la derecha en México creyente de que basta con arrepentirse de los pecados y realizar un acto de contricción ceremonial para ser perdonado, quedar libre de culpa y merecer un lugar entre los justos. Lamento el “error que ha dañado su investidura… y causó gran indignación”(sic), comprometiéndose a apoyar al SNA y luchar contra la corrupción pero –a la fecha- no ha realizado ningún acto en ese sentido. Solicitó el perdón de los más de 120 millones de mexicanos por los actos inmorales, ilegales, corruptos realizados por él y su esposa en cuanto sujetos del derecho común. Pidió “humildemente”(sic) la disculpa retórica en su residencia oficial en un acto público pagado y difundido por y con dinero de nuestros impuestos en el marco del Estado de Derecho que le exige como Presidente de la República sujeción al marco jurídico aplicable a los servidores públicos, muy distinguidamente, al espíritu y letra de las disposiciones legales que él mismo promulgó ese día. Desde el punto de vista del derecho canónigo existe el perdón, pero en el sistema jurídico mexicano, cuando un funcionario público comete un delito o falta administrativa, no se contempla esa posibilidad jurídica. Lo que procede es una investigación, la apertura de una averiguación previa, proceso y/o procedimiento administrativo, con el consecuente deslinde de las responsabilidades de los involucrados y eventuales castigos a los culpables de delitos y faltas administrativas. Realizado este análisis jurídico, ajeno a la autocrítica mentalidad del Presidente y su equipo de colaboradores ¿cómo debemos interpretar la disculpa presidencial? Es claro que le pareció conveniente en términos de cálculo político, a manera de recurso de oratoria y acto publicitario 45 días después de las más desastrosas elecciones locales del Partido Revolucionario Institucional en la historia, con la pretensión de rescatar su imagen y gestión, desaprobada por más de las 2/3 partes de los mexicanos (un nuevo record histórico de 69% de desaprobación a la gestión de un Presidente de México, según datos de la más reciente encuesta de Parametría). La disculpa la realizó EPN en el ánimo de distender uno de los muchos conflictos que no ha podido resolver su gobierno y despejar el panorama de su partido el PRI, que el día de hoy aparece en las encuestas como segundo en las preferencias electorales de los mexicanos, a 8 puntos porcentuales del PAN, que es el partido político con mayor preferencia para la carrera
presidencial, hecho inédito desde hace 7 años (Parametría, encuesta realizada el 14 de julio) y; como tercer lugar en el posicionamiento de los precandidatos para las próximas elecciones presidenciales, donde el mejor posicionado de los candidatos afines a Peña Nieto –su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong- se encuentra en un lejano tercer lugar entre los aspirantes a la Presidencia de la República, claramente superado por el puntero Andrés Manuel López de Obrador de MORENA y Margarita Zavala de Calderón del PAN (Encuesta nacional de escenarios rumbo al 2018 realizada por “El Financiero” el 22 de junio). No debemos perdonar al Presidente en tanto no se proceda conforme a la Ley contra los culpables de los actos de corrupción que él mismo ha reconocido y encubierto. No son aceptables sus extemporáneas disculpas en tanto no se reivindique a quienes patrióticamente sacaron a la luz el escándalo que ahora lamenta, a Carmen Aristegui y su equipo, aún hoy defenestrados, hostilizados, silenciados por el poder presidencial. No debemos creer en la sinceridad de EPN en tanto su gobierno y partido toleren y se mantengan indiferentes a actos de abierta, descarada corrupción como el escandaloso desfalco de los gobernantes de los últimos 12 años en Veracruz que han disparado la inseguridad, la corrupción y la impunidad en forma paralela al gasto y la deuda pública, arruinando irracionalmente al Estado y degradando nuestra calidad de vida, comprometiendo al pago de deudas tanto impuestos locales como participaciones federales del futuro, generando en nuestra otrora próspera economía, un crecimiento de apenas un 0.2 % anual en el 2015. Para exculpar a EPN -equivalente jurídico del “perdón” solicitado- se requieren que acciones afirmativas acompañen sus palabras de arrepentimiento. Hace falta que no siga permitiendo –por acción u omisión- que la obtención de beneficios ilegales derivados del ejercicio del poder público sea práctica “normal” y “aceptable”. México necesita la transparente investigación que deslinde las responsabilidades de los involucrados en el escándalo de “la casa blanca” y el éxito de los procesos contra los servidores públicos, especialmente los gobernadores, señalados por conspicuos actos de fraude y malversación de recursos. El perdón de EPN aspira a que olvidemos la mala telenovela de “la casa blanca”, pero para ello requerimos que de verdad combata a la corrupción con resultados expeditos y concretos, no con espectáculos mediáticos coreografiados y engañosos. El buen juez por su casa empieza. Exigimos el generalizado apego al principio de legalidad establecido en la Constitución que EPN protestó cumplir y hacer cumplir. Cero tolerancia a los múltiples y desvergonzados actos de impunidad y corrupción como los claramente denunciados y documentados por la Auditoria Superior de la Federación y ante la PGR y el SAT cometidos por el Gobierno del Estado de Veracruz. Si el Presidente aspira a recuperar legitimidad, credibilidad, confianza ciudadana y el apoyo a su gobierno, debe llevar la autocrítica más allá de la solicitud de disculpas. No creamos en palabras, sino en acciones. No es lógico que el Presidente de la República promulgue el nuevo SNA con un discurso de disculpas, si dicho sistema no comienza ya a evitar que los ciudadanos sigamos siendo víctimas de la ostensible corrupción de los malos gobiernos de su partido político. Si no hay en los hechos un compromiso personal de EPN contra la corrupción, quedará claro que sus discursos y el SNA son únicamente ejercicios de comunicación social; acciones cosméticas con que el gobierno pretende restablecer a base de engaños, el peso moral de su investidura en el intento populista y demagógico de incrementar su poder y elevar la exigua votación del PRI en las cruciales elecciones venideras del 2017 y el súper domingo del 2018. Sin duda en lo que resta del 2016 veremos dónde están los verdaderos compromisos e intereses de EPN; si está dispuesto a acreditar el combate a la corrupción que dice encabezar; veremos para qué sirve el SNA; analizaremos su propuesta para sustituir al gris, efímero, Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública y; testificaremos la seriedad del deber que tiene de juzgar a los delincuentes y corruptos, así sea únicamente para que el PRI sea una opción competitiva en las renovaciones de los poderes que se avecinan. La historia y los mexicanos, juzgaremos al Presidente por sus resultados, no por sus declaraciones. Para obtener perdón es necesario merecerlo.