2016-08-16 | 10:19:24

Ser veracruzano este año ha implicado e implicará asumir rijosas dicotomías excluyentes de la mejor manera posible. Hay que ubicarnos entre las coordenadas de la caótica realidad del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y las expectativas del gobierno electo de Miguel Ángel Yunes, que asumirá el poder dentro de poco más de 100 días, habiendo concitado esperanzas respecto a su capacidad para ir resolviendo en el breve lapso de 24 meses, algunos de los múltiples conflictos que heredará, en un periodo de crisis económica nacional e internacional, con la exigencia ciudadana de hacer justicia contra los que han saqueado y violentado a Veracruz, todo esto a pesar de las restricciones presupuestales y políticas que le impondrán las condiciones objetivas de su gobierno. Así, entre el devenir del cinismo de los gobernantes priistas que se van y el optimismo de los próximos gobernantes multicolores producto de una coalición, transcurren nuestras biografías mínimas: las personales, en el espacio gris de indefinición del larguísimo periodo de transición que, a nivel local y federal abarca más de 170 días entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno: un incómodo, complicado lapso que sin duda deberíamos acortar legislativamente o cuando menos, refuncionalizar en beneficio de la ciudadanía, por salud de la República, para evitar enfrentamientos políticos y posibilitar ordenados, transparentes cierres de los gobiernos que se van y facilitar los comienzos de las nuevas administraciones gubernamentales. Adicional al requisito de “ajustar” legislativamente los periodos de transición entre un gobierno y otro, estableciendo calendarios precisos que hagan productivos los procesos de entrega-recepción del poder; es la necesidad establecer en forma previa al proceso electoral, un pacto de civilidad que garantice frente a la ciudadanía, un tránsito de una administración gubernamental a la siguiente sin radicalización, ni malas actitudes como las mostradas en Veracruz por el gobierno priista que se niega a admitir su derrota electoral y ha puesto todos los obstáculos que ha podido, para evitar el necesario ascenso de la coalición electa por los ciudadanos para gobernarlos. Es impostergable concitar cuanto antes un “Pacto” de civilidad democrática de cara al próximo proceso electoral y la transición de poderes del 2018, para enfrentar unidos los retos compartidos de los últimos 2 años de la administración de EPN y evitar la posibilidad de que el Gobierno de México repita el penoso, patético espectáculo que el Gobierno de Veracruz está dando al mundo desde la mañana del 6 de junio a la fecha, en perjuicio de nuestro desarrollo político, económico y social, porque parece improbable que el PRI revalide su triunfo del 2012, gracias a la cada día más impopular gestión de Enrique Peña Nieto, cuyo partido y precandidatos a la Presidencia de la República, ocupan en todas las encuestas lugares distantes a las preferencias ciudadanas rumbo al súper domingo 3 de junio del 2018, en que elegiremos presidente, diputados federales, senadores y se realizarán también elecciones en 29 entidades federativas, entre ellas Veracruz (no perder de vista la encuesta publicada antier en el periódico “Reforma”). Dicho “Acuerdo” o “Pacto” debe formularse de cara a la ciudadanía, de ser posible a nivel normativo para hacer frente a los retos que el PRI no puede resolver por sí sólo y preparar las próximas entregas de poderes en las entidades federativas y el Gobierno Federal, pues habida cuenta de la inenarrable, traumática e inconclusa experiencia de la transición en Veracruz, está claro que el PRI se caracteriza hoy por su indulgencia para juzgar los delitos de sus militantes; por el uso
complaciente, dispendioso, abusivo de los recursos y políticas públicas para favorecer sus propuestas, la imagen de sus gobernantes y candidaturas; por su carácter acrítico y; por su resistencia entregar el poder a una opción política opositora cuando el voto ciudadano no le favorece. Dicho “Pacto” -que perfectamente podría emular al realizado “por México”- al inicio del Gobierno de EPN, lo requerimos urgentemente pues, además de la crisis nacional multidimensional, padecemos las reprobables, lesivas y contraproducentes distorsiones a los procesos de transición que presenciamos en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, entidades en la que el propio Gobierno Federal priista ha debido intervenir para evitar catástrofes mayores a las generadas por los gobernadores de su partido empeñados en blindarse de impunidades; comprometer recursos públicos del futuro al pago irrevocable de deudas del pasado y comprometer la gobernanza y viabilidad mediatas de las administraciones gubernamentales de sus sucesores de la oposición, por los caprichos, comodidades y complicidades inmediatas de los actuales detentadores temporales del poder. Hay que proceder. No suframos más la necedad de los gobernantes, partidos y políticos para reconocer cuando no son queridos, votados, ni se les tiene confianza. Que no ocurra a nivel nacional lo que está ocurriendo en Veracruz. México está muy lejos de tener un sistema de partidos políticos con calidad democrática, exento de corrupción y benéfico para la población pero, a los argumentos de la complejidad de nuestros problemas, la limpieza en los procesos electorales venideros y al imperativo del fortalecimiento institucional en periodos de transiciones de poder, debemos adicionar el hecho irrefutable que es cada vez mayor el desprestigio de la actividad política, al grado que está generalizándose la percepción de que – con notables excepciones- es una actividad regida por la corrupción, lo que incrementa el abstencionismo, ha generado un creciente desinterés por partidos y candidatos y empobrece nuestra cultura cívica. Debe concluir el show “gore” de los políticos y sus partidos lucrando y disputándose patrimonialmente el poder y dinero del pueblo. Es ridículo el triste espectáculo de la exhibición de su vanidad, egoísmo, indiferencia y desdén por las más sentidas demandas ciudadanas (respeto a sus derechos humanos, seguridad, empleo, combate a la corrupción, etc.). Por ello a nadie sorprenden la información publicada ayer por “El Universal” en una encuesta para analizar las prioridades de los jóvenes en México (entendidos éstos, como el 56.1% de los mexicanos que tienen entre 14 y 29 años, realizadas 1000 entrevistas individuales entre el 5 y 8 de agosto del 2016, en las 32 entidades federativas, con un margen de error de +/- 3.1%) en la que se manifiesta su creciente desencanto sobre la política. De acuerdo a esa encuesta, resultó que la religión y la política tienen poco o nada de importancia en la vida e interés de los jóvenes mexicanos: solo el 38% considera importante a la primera y el 52% declaró interesarse poco o nada en la segunda; el 43% consideran que los políticos son deshonestos; el 32% señala que no les importa nada la política y el 13% señaló que no la entienden. Está claro que mucho tendremos que hacer para rescatar a la política del merecido escarnio, del desprestigio en que se encuentra, pues es demasiado importante para dejarla en manos de los partidos y políticos “profesionales”, esos que viven del y para el dinero de nuestros impuestos. Que ningun grupo y/o partido político secuestre nuestro futuro. Aprendamos las cotidianas lecciones de la conflictiva transición en Veracruz.