2016-08-18 | 20:55:45

El comunicado 4253 emitido por la Fiscalía General del Estado fue enviado a los medios de comunicación y así invadiendo competencias dicha instancia boletino que el Juez Quinto de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, había dictado sentencia condenatoria de un año, tres meses y nueve días de prisión a María Josefina Gamboa Torales, por el delito de homicidio culposo, por haber privado de la vida en 2014 a un transeúnte, en la ciudad de Boca del Río.

Luego el comunicado continuaba –a la sentenciada le fue impuesta la sanción corporal; así como una multa de 25 días de salario mínimo, la suspensión del derecho de conducir vehículos de motor por un lapso de siete meses y quince días, así como el pago de 318 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño- relatando hechos que en sí, no tendría porqué ventilar la Fiscalía.

Lo anterior hace evidente lo que desde Julio de 2014 -que ocurrieron los hechos- hemos venido señalando; se trata de intereses políticos por encima del aspecto legal, de ahí el interés de llevar a la comunicadora y política a prisión en aquella ocasión. Precisamente hoy ya como diputada electa, le es dictada sentencia y se da inicio una vez más al escándalo mediático.

Lo cierto es que a pesar de lo que se diga, la hoy diputada electa no está impedida para tomar protesta, aún cuando la sentencia fuera confirmada puesto que la Constitución Política para el Estado de Veracruz refiere en su artículo 23 párrafo VI que solamente están impedidos para ser diputados locales “quienes tengan antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción”.

La constitución es clara e irrefutable, luego entonces MaryJose no tendría impedimento alguno para tomar protesta, puesto que se trata de un delito por culpa y no por dolo. Mientras tanto la diputada electa ha anunciado que apelará dicha determinación, y hay que recordar, que en caso de que esa apelación pudiera recaer en una confirmación, ella tendría el derecho de promover un amparo.

Así es que, por ahora la sentencia no es plena pues contra ella existen medidas de defensa que la hoy acusada habrá de ejercer. Pero mientras el hecho sigue su cause legal, de ninguna manera existe impedimento para que llegue al congreso, pero lamentablemente en éste, como en otros asuntos, la legalidad es desplazada por intereses políticos oscuros.

Reprobable la voluntariedad del titular del poder ejecutivo quien se empeñó en nombrar a Francisco Portilla como magistrado –de lo que fuera y como fuera posible- y lo logró; hay quienes se preguntan qué le deberá Portilla a Javier y porque el interés. Fue ayer cuando la mayoría priista en el Congreso local y con el apoyo de los diputados del Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Alternativa Veracruzana (AVE) e independientes, se avaló la designación de Patricia Montelongo Guerrero, Lizbeth Hernández Ribbón y Francisco Portilla Bonilla, como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Los nuevos y “flamantes” magistrados se integrarán a los 30 que hasta ahora conformaban el TSJ y durarán en su encargo diez años improrrogables. Ayer mismo al término de su elección rindieron la protesta de ley ante el pleno legislativo, que por única ocasión sesionó en la Fortaleza de San Carlos de Perote. Aquí podríamos darle vigencia a la legendaria frase que pronunciará la polémica y aguerrida magistrada Yolanda Cecilia referente a que “ya cualquier .... puede ser magistrado” ¡pobre Veracruz!