2016-08-24 | 21:30:45

El gobernador Javier Duarte de Ochoa no podía tener mejor auditorio y acompañantes al promulgar la reforma al Artículo cuarto de la ley antiaborto, que criminaliza a las mujeres. Tuvo a su lado al arzobispo Hipólito Reyes, el principal promotor de esta nueva norma que fue la iglesia. También obviamente a diputados conservadores del PAN y del servil PRI que lo apoyaron para que se aprobara.

Es impresionante la fuerza política adquirida por la jerarquía eclesiástica en nuestro país, se dan el lujo de oponerse al presidente Peña Nieto y al Tribunal Superior de Justicia que aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Han anunciado que realizarán manifestaciones en toda la nación para evitar que se realicen estas uniones que ya fueron autorizadas en gran parte de naciones del planeta.

Podrá uno estar en desacuerdo con este tipo de matrimonios civiles, pero no se puede desconocer el derecho que tienen los seres humanos de vivir al lado de quien cualquiera desee.

El poder demostrado por la iglesia es idéntico al que existió en la Edad Media donde ellos eran los que coronaban a los reyes y decidían quienes eran los herejes y merecían la muerte como pasó en nuestro país en los años de la Inquisición, donde se acusaba a las mujeres de brujerías y de pactos con el diablo.

Los principios históricos de la separación de la Iglesia y del Estado han sido puestos a prueba.

Ahora que se aprobó esta ley que prohíbe interrumpir un embarazo no deseado por los motivos de salud o por violación o simplemente porque no se desee tener un compromiso que encierra razones económicas, que hacen imposible sostener a un nuevo miembro en la familia. Se recuerda una campaña oficial donde se afirmaba que la familia pequeña vive mejor.

Las veracruzanas con recursos tendrán que trasladarse a la ciudad de México para poder decidir sobre su propio cuerpo. Un derecho constitucional que dejó de existir en la entidad veracruzana.

Empezó la purga de exgobernadores

Ya se habían tardado, pero al fin se castigarán a los gobernadores que malversaron recursos públicos. En cuestión de días, los exgobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina y González Parás tendrán que presentarse ante la justicia mexicana cuando la Comisión de Hacienda del estado rechazó las cuentas públicas
de estos ejecutivos estatales.

Algunas de ellas tenían más de ocho años guardadas y al fin salieron a la luz pública, las cuales fueron rechazadas.

Se ha dado un paso muy importante en el Congreso de aquella entidad hacia la fiscalización y el combate a la corrupción.

Lo ocurrido en Nuevo León debe preocupar seriamente a Javier Duarte y Fidel Herrera, ya que se vio en esta ocasión que no obstante el tiempo transcurrido se remontan hasta el pasado y pueden empezar a investigar las cuentas estatales del popular político cuenqueño donde ya no prescriben los delitos de los funcionarios públicos de acuerdo a las normas establecidas por el entonces gobernador Miguel Alemán Velazco.

La única interrogante que se hacen los regiomontanos como los veracruzanos es cuándo habrá las sanciones.