2016-09-03 | 13:00:39

Estimados lectores, en días pasados la
calificadora Standar & Poor´s (S&P)
empresa estadunidense especializada en
servicios financieros, publicó su informe
sobre investigación financiera y análisis de
acciones y bonos para México, anunciando
que la perspectiva de la calificación, pasaba
de negativa a estable, esto a consecuencia
del nivel de deuda del gobierno federal.
Así como la carga de intereses, la
cual presenta un deterioro superior a
las expectativas de S&P, aumentando la
vulnerabilidad de las finanzas públicas a
efectos adversos, argumentando incluso
que podría bajar la calificación de BBB+
a BBC- dentro de los próximos 24 meses.
Cabe mencionar, que esta calificación la
ostenta México desde diciembre del 2013.
En términos generales, la manifestación
de esta declaración insistimos, no implica
una baja en la calificación de la deuda.
Sin embargo, S&P destacó que la deuda
se ubicó 42 por ciento en relación con el
Producto Interno bruto (PIB) en el 2015,
es decir, 2 puntos porcentuales arriba del
límite máximo para el manejo adecuado de
la deuda, establecido por Banco Mundial
que es de un 40 por ciento en relación con
el PIB.
Ante esta realidad, la expectativa indica
que la deuda llegara a un 45 por ciento
del PIB en el 2016, proyectando que para
el 2018 y el 2019 alcancen el 47 y 48 por
ciento del PIB, respectivamente.
En ese mismo sentido, la economía
mexicana enfrentó la caída de los precios
de petróleo, así como la depreciación
del peso, con lo cual, el país mantuvo un
crecimiento estable y una inflación baja.
Podemos considerar que esto es consecuencia
de factores externos, no obstante,
a pesar de que se han llevado a cabo las
“reformas estructurales”, estas no han
reflejado los beneficios esperados.
Por esto, la calificadora mencionó
que uno de los factores que ha limitado
su crecimiento es derivado a factores no
económicos, donde “las debilidades en
la gobernabilidad, ref lejan en parte una
débil aplicación de la ley y la percepción de
corrupción limitan los beneficios de estas
reformas, especialmente en la inversión”.
Después de las consideraciones anteriores,
la pregunta que emana es ¿qué
significa gobernabilidad?, esta acepción
proviene del latín “gubernare”, que puede
traducirse en pilotear un barco, o bien,
como la posibilidad o facilidad de un colectivo
para ser gobernado. En otras palabras,
la gobernabilidad es la capacidad de un
sistema sociopolítico para gobernarse a
sí mismo en el contexto de otros sistemas
de los que forma parte.
Como ya se ha aclarado, este concepto
se ha vuelto hoy una palabra de uso común.
Tratando de hacer una remembranza,
fue a finales de la década de los 70´s y
principios de los 80´s cuando los países
latinoamericanos enfrentaron un ciclo de
crisis recurrentes, provocando un ajuste
y reestructuración económica.
Lo que provocó un agotamiento en el
modelo del Estado interventor y su consiguiente
redefinición en términos de
la Reforma del Estado; provocando un
cambio en el rumbo de las transiciones y
consolidaciones democráticas.
Se buscó la aplicación de este concepto,
realizándose una transformación en la
forma de interrelación entre los diferentes
actores sociales y económicos con el Estado,
llevando hablar de una coparticipación
o corresponsabilidad en la dirección de la
sociedad.
Debido a esto, surgieron nuevas demandas
en relación con los derechos o
identidades colectivas y realidades multiculturales,
así como diversos actores
como medioambiente, interculturalidad,
enfoque de género, etcétera, los cuales no
iban de acorde con los supuestos originales
de la relación Estado-individuo.
Incluso, los planteamientos neoliberales
abogaron por la reducción del papel del
Estado, privilegiando al mercado, el cual
asignaría de forma eficiente los recursos
que requeriría la sociedad, pues a la fecha
no ha sido posible.
De este modo, la dualidad gobernabilidad
e ingobernabilidad es intrínseca a los
sistemas democráticos y es desafiada por
la realidad vigente y cambiante.
Es conveniente mencionar, que entre
los criterios que permiten evaluar la
gobernabilidad, se pueden mencionar
los siguientes, el grado de legitimidad,
definiéndola como tener la capacidad de
realizar una función pública, que implica
ejercer el poder, mandar y ser obedecido.
La representatividad, como el acto de
personalizar a la sociedad civil en el congreso,
a través de sus demandas sociales. La
responsabilidad ante el ciudadano, en otras
palabras cumplir, por último, la eficacia,
considerando la capacidad de un régimen
para encontrar soluciones a sus problemas.
Cabe recalcar, que antes los gobiernos
estipulaban la agenda pública sobre las demandas
e interés de los diferentes actores
sociales, en donde el gobierno ejercería
su gestión.
No obstante, hoy el Estado ya no tiene la
exclusividad en la dirección de la sociedad,
se constata que no es suficiente que un gobierno
surja de las urnas constituyéndose
según lo establecido en la carta magna,
debe legitimarse en su acción de gobierno,
por medio de los resultados, es a través de
la acción del gobierno.
Así como la capacidad de ofrecer respuesta
en tiempo y forma a los diversos
conf lictos, considerando para esto los
diversos intereses sociales tanto heterogéneos
y contradictorios como familias
disfuncionales, adolescentes, niños, obreros,
campesinos, estudiantes, trabajadoras
domésticas, homosexuales, adictos,
trabajadoras sexuales, etcétera. Es decir,
atender a todos los millones de mexicanos.
Para concluir, la teoría de la ciencia
política establece que para poder acceder
a la gobernabilidad, deben sumarse a los
valores anteriores la solidaridad, la participación
ciudadana, la transparencia y
la ética. ¿Solo eso? A veces con poco, se
puede hacer mucho.
@ErickCelso