2016-09-14 | 20:14:53

El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha insistido y prácticamente exigido una ampliación presupuestal de más de 90 millones de pesos para según el poder cumplir con sus obligaciones y aprovechándose de un tema sensible y grave –que lastima a miles de familias veracruzanas- ha solicitado a las propias organizaciones de búsqueda de desaparecidos que lo respalden en la tarea de solicitar a la federación mayores recursos para agilizar las labores encaminadas a la localización de sus familiares.

Y es que a decir del flamante fiscal urgen más recursos humanos y materiales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el estado,, pero muy a pesar de su petición al Congreso del estado para que se le amplíe el presupuesto para concluir el 2016, ésta solicitud se le ha negado, por lo que ahora presiona a familiares, es decir a víctimas indirectas, para que extiendan el llamado a la federación.

De tal manera que Don Bravo Contreras ha justificado la ineficiencia de su dependencia con la falta de dinero, asegurando que para emprender búsquedas exitosas requiere de mayores recursos “nadie se está rajando y le entramos, pero sí, ante la demanda de las señoras y señores familiares de una personas desaparecida, que ya no se quejan de la atención (...) pero no basta la atención, necesitamos pujarles y que eso no se lograra si no hay mayores recursos humanos y mayores recursos para generar insumos y tener mayores responsabilidad y mayor flujo de pruebas de ADN, que ellos demandan”.

¡Lamentable la justificación del funcionario! pero más aún el abuso respecto de víctimas indirectas para acrecentar su petición de dinero público. Sobre el tema ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, le respondió al fiscal veracruzano refiriéndose que para la búsqueda de personas desaparecidas se requiere más que recursos, voluntad, lanzando así una pedrada de gran tamaño a quien presumen públicamente ser un gran fiscal.

El funcionario federal acudió a la FGE para reunirse con familiares de personas desaparecidas y ahí negó que el Gobierno Federal pudiera enviar recursos a Veracruz para dicho concepto, pues dijo que si bien este recurso sería para atender un tema sensible, el gobierno federal no cuenta con esa partida presupuestal para dicho rubro, pues para ello se tienen mecanismos y elementos como la Policía Federal que contribuyen en la gran tarea de localización de personas.

Y así de manera textual dijo que no se trata de grandes tareas sino de disposición y de entendimiento sobre una prioridad "al final lo que se requiere tampoco son grandes cantidades sino disposición para entender que se trata de una prioridad y es de elemental justicia para la autoridad atender las peticiones de víctimas de familiares de desaparecidos, trabajar en la búsqueda y garantizar que ese trabajo sea eficaz".

¡Pero bueno pareciera que aquí en Veracruz el señor fiscal carece de sensibilidad y de entendimiento respecto al tema! pues es la propia autoridad quien muchas veces vulnera los derechos humanos de víctimas directas o indirectas; sobre ello diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han concentrado en Veracruz para evaluar el ejercicio de autoridades durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y han llegado a la conclusión que aquí se vive en crisis ante la cantidad de violaciones en la materia.

“Preocupa especialmente ser el estado con el mayor número de amenazas y agresiones graves en contra de periodistas, comunicadoras y comunicadores; los ataques a la libertad de expresión, al acceso a la información y al ejercicio del periodismo son insostenibles (19 homicidios durante el gobierno de Javier Duarte)”.

Del tema Artículo 19 ha referido la ineficacia de la Alerta Temprana Veracruz, convenio firmado por autoridades locales y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su fallida lucha por controlar las agresiones de las que son objeto comunicadores y comunicadoras en el ejercicio de su libre expresión.

De ahí que los activistas exigen que el cambio de gobierno en Veracruz implique no solamente el cumplimiento de sus obligaciones de promover, respetar, realizar y garantizar los derechos humanos, sino la investigación y sanción a las autoridades que han sido responsables de tan graves violaciones, la reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes y medidas de no repetición. Son más 60 defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz, regionales, nacionales e internacionales quienes hacen el llamado. ¡Así las cosas en nuestro Veracruz!