2016-09-26 | 09:14:25

*Duarte: por evasión fiscal
*Hasta que termine gobierno
*Inician huida sus parientes

AUNQUE JAVIER Duarte de Ochoa asegura que “hay gobernador para rato” -en respuesta a la probable cancelación de sus derechos priistas este lunes por parte de la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI-, lo cierto es que el domingoalgunas propiedades “que poseen” sus familiares en Boca del Río, concretamente en la llamada “Torre Pelícanos” donde se ubican 4 lujosos departamentos a nombre de su cuñada, Mónica Ghihan Macías Tubilla –hermana de su esposa Karime-, comenzaron a ser desalojadas. Camiones de mudanza, apostados estratégicamente, transportaron algunos bienes con rumbo desconocido, en lo que ya se conoce como “la huida del siglo”.

COMO FUERA, queda claro que a Javier Duarte-al igual que al mal recordado multiasesino, tratante y traficante estadounidense, Alphonso Capone- lo pescarán por “evasión fiscal” –independiente de otros ilícitos-, pues la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR está enfocada desde hace meses en la averiguación previa UEIDFF 2329/2016 en su contra por la presunta comisión de ese delito y probable operación con recursos de procedencia ilícita (usados para la compra de bienes inmuebles y empresas con recursos del erario veracruzano), y de eso no se salva nadie.

Y AUNQUE Duarte de Ochoa, en el clímax de su enajenación, insiste en que su gobierno continúa generando oportunidades y obras de modernización, y que “en Veracruz hay inversión, estabilidad social, progreso y prosperidad y gobernador para rato” -algo que ha despertado ciertas dudas en torno a su lucidez-, lo cierto es que en los días por venir la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá nuevas indagaciones –independientemente de las ya atraídas por presunto enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal-, lo que debería tenerlo preocupado.

AHORA QUE, viéndolo bien, no sería imparcial la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional si este lunes solo cancela los derechos partidistas a Duarte de Ochoa, porque a decir verdad, si bien es cierto que ha sido el artífice de la crisis financiera, social y en materia de seguridad que enfrenta el Estado y, consecuentemente, el Revolucionario Institucional, hay cómplices que le allanaron ese camino, entre otros, los diputados locales que le aprobaron cualquier solicitud de endeudamiento –a cambio de prebendas-, y que guardaron silencio ante las atrocidades cometidas en contra de los gobernados, entre otros, periodistas asesinados, desaparecidos o desplazados ante el temor de ser ejecutados –sin que los legisladores de su partido o aliados levantaran la voz o condenaran esos hechos deleznables-.

JUZGAR SÓLO a Javier Duarte de Ochoa y despojarlo de sus derechos como integrante del Revolucionario Institucional evidenciaría un alto grado de parcialidad que al PRI no le hace bien, por el contrario, se asumiría como un acto de venganza y no como un episodio de justicia que busca poner a cada cual en el lugar que se merece, y acaso por ello, tanto diputados como miembros del Poder Judicial que, paralelamente, todo le certificaron-por encima de la ley y de los intereses más sentidos de la sociedad- deberían ser no solo expulsados del PRI sino sometidos a juicio político y jurídico para sentar un precedente de que el PRI desea cambiar y asumir la defensa de la sociedad.

A JAVIER Duarte de Ochoa le quedan 66 días al frente del Gobierno de Veracruz, y seguramente ni la cancelación de sus derechos como militante –este lunes- lo inducirá a presentar solicitud de licencia al Congreso del Estado, ya que, en el colmo de su enajenación –y con “la lumbre en los aparejos”-,ordenó a los diputados Federalesveracruzanos –la mayoría, también,sujetos a investigación por corrupción, incumplimiento de un deber y peculado-, a los legisladores locales, alcaldes y organizaciones del “tricolor” –e incluso a diputados de otros partidos como el Verde Ecologista-, firmar un carta de reproche al dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, en la que “le advierten” que “sería un error monumental aplicar cualquier tipo de sanción al Gobernador Javier Duarte, apoyadas en las ridículas y electoreras denuncias de nuestros adversarios políticos (refiriéndose sin decirlo a Miguel ÁngelYunes Linares), lo que generaría un pésimo precedente, debilitando a nuestra militancia y fortaleciendo a nuestros detractores quienes han basado su estrategia política en la denostación sistemática de nuestras instituciones”.

LO CURIOSO es que la mayoría de quienes, supuestamente, signan el documento se han deslindado de ello, e incluso, aseguran que sus rúbricas fueron falsificadas. Como fuera, Enrique Ochoa Reza –que, seguramente, tiene la venia del presidente Enrique Peña Nieto- ha dejado en claro que no lo arredran esas firmas y aclara: “cuando se afectan intereses uno espera que existan reacciones, pero la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el PRI continuarán revisando los casos y no cederemos a presión alguna” y agrega: “el PRI no puede permitir que sus nuevas generaciones sean tildadas de corruptas por los actos de otros; tenemos que protegerlos”.

POR ELLO, nadie duda que a Duarte de Ochoa le cancelarán este lunes sus derechos partidistas, y aunque no será expulsado de inmediato, esto ocurrirá, finalmente, en diciembre cuando concluya su mandato y la Procuraduría General de la República (PGR) ordene la respectiva orden de arresto para evitar toparse con el fuero constitucional que pese a todo, le sigue protegiendo.

SABEN EN la PGR que iniciar un juicio de procedencia contra Duarte llevaría tiempo, lo mismo que solicitar su desafuero al Congreso del Estado, por lo que han decidido esperar los dos meses y días que aún restan a la administración para proceder en contra del principal responsable del desastre que vive el Estado, sobre todo porque a partir de diciembre ya no tendrá fuero constitucional, aunque insistimos, el detonador será la evasión fiscal. OPINA carjesus30@hotmail.com