2016-10-06 | 09:00:50

Hace un par de semanas, el viernes 23 de septiembre, el periódico norteamericano The New York Times (NYT) retomó en su primera plana el caso Atenco que, señaló, “podría pegarle a la Presidencia” de Enrique Peña Nieto, pues aborda el tema de las mujeres víctimas de los arrestos arbitrarios y las torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano en mayo de 2006, cuando Peña como gobernador del Estado de México ordenó un operativo para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco contra el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional.

“La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres”, refirió el influyente diario estadunidense.

Once de estas mujeres denunciaron los abusos cometidos contra de ellas, pero al encontrarse con trabas para encontrar justicia en México, se vieron obligadas a llevar su caso a instancias internacionales. El entonces gobernador Peña Nieto declaró, un mes después de los hechos, que “la “fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno”. Sin embargo ahora, a diez años del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido su dictamen a favor de las víctimas y el sábado 17 de septiembre pasado mandó el caso a la Corte “que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente de México.”

Y no es por querer espantar con el “petate del muerto”, pero seguramente el caso de Atenco tendrá repercusiones en Veracruz, ya que como se recordará, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares fue implicado como subsecretario de Seguridad Pública federal por encubrir la violación tumultuaria de 23 mujeres durante el operativo policiaco en esa localidad del Estado de México.

En mayo de 2006, varias organizaciones feministas demandaron precisamente la renuncia inmediata de Yunes Linares por su incapacidad para asumir su responsabilidad en las agresiones sexuales de mujeres en el operativo de Atenco. Las organizaciones entregaron dicha petición al responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP), en cuya sede realizaron un plantón en repudio por los abusos policiacos del 3 y 4 de mayo de ese año en San Salvador Atenco.

Yunes fue señalado por las feministas como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando de tal forma, el proceder de los policías.

Ante la indignación de las mujeres, quienes reprobaron los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al funcionario a renunciar y, más aún, ponerse a disposición de las autoridades correspondientes. También exigieron castigo ejemplar para los golpeadores y violadores de las mujeres en Atenco, y demandaron frenar la represión a los movimientos sociales.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató en su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la violación sexual a 23 mujeres detenidas.

Las feministas también denunciaron la irresponsabilidad del presidente Vicente Fox y de su secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quienes “en lugar de castigar a los responsables han justificado el uso de la violencia y han descalificado los testimonios de las mujeres agredidas”, negándose a investigar las denuncias e informar con veracidad a la opinión pública sobre lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo en Atenco.

Arnoldo Kraus –un prestigiado médico clínico, escritor, profesor de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética–, en un texto titulado “Las violadas de Atenco” que leyó el 22 de mayo de 2006 en el Salón Los Ángeles durante el festival multidisciplinario “Mujeres sin miedo. Todos somos Atenco”, consignó lo siguiente: “La incredulidad de nuestros gobernantes, la denodada defensa de los actos policiales para mantener el orden y la negación casi absoluta de las querellas de las mexicanas violadas y de las extranjeras torturadas reproducen bien la estulticia de la clase política mexicana. Cito parte de su ideario: ‘no hubo violaciones tumultuarias, sino abusos deshonestos’ (Miguel Angel Yunes, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal)”.

Este miércoles 5, en conferencia de prensa a la que asistieron seis de las 11 mujeres denunciantes acompañadas por sus abogadas legales del Centro Prodh y del Colectivo por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), se señaló que la llegada del caso a la CIDH es un logro histórico en la búsqueda de la verdad y la justicia, a la que a escala nacional fue imposible acceder. La abogada Marcia Aguiluz, de Cejil –conectada vía Internet desde Costa Rica–, explicó que desde diciembre de 2015 la Comisión Interamericana adoptó el informe de fondo que contiene sus conclusiones sobre el caso y que le dio razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, sicológica y sexual, falta al debido proceso y denegación de justicia, violaciones por las cuales el Estado mexicano deberá responder.

Las agraviadas y sus abogados expusieron que a una década de estos hechos, no hay una sola sentencia condenatoria firme y que los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin tocar la cadena de mando y otras esferas y niveles de responsabilidades. Y apuntaron que aunque la CIDH no impone responsabilidades penales individuales, en el informe de fondo se da cuenta de la responsabilidad de algunas personas en lo individual, y menciona la necesidad de indagar la responsabilidad de Peña como gobernador del Estado de México. ¿La investigación alcanzará a Yunes Linares? ¿A poco éste será el motivo por el que en Palacio de Gobierno han deslizado que el gobernador electo del PAN no tomará posesión en diciembre próximo?