2016-10-07 | 09:07:49

En toda democracia presidencial, como la mexicana, una de las preguntas políticas fundamentales es hasta dónde llega el papel del Presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El artículo 89 de la Constitución le da la facultad al jefe del Ejecutivo de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Más adelante se le confiere la facultad de “declarar la guerra […] previa ley del Congreso”. Nótese que la Constitución no le da poder absoluto al Presidente sobre las Fuerzas Armadas: en términos de seguridad nacional tiene que obedecer la ley y necesita permiso del Legislativo para declarar la guerra. Toda democracia implica algún control al Presidente en el delicadísimo tema de la movilización de las Fuerzas Armadas. Se trata de un asunto que viene discutiéndose en México desde el sexenio anterior y que no acaba de resolverse. En el pasado autoritario nadie dudaba de la facultad del Presidente para movilizar a los militares a fin de resolver algún problema que el mandatario consideraba que ponía en peligro al Estado. Díaz Ordaz lo usó para reprimir al movimiento estudiantil en 1968. Echeverría y López Portillo para combatir las guerrillas de los años setentas. Salinas para sofocar la rebelión zapatista en Chiapas. Y, desde hace mucho, todos los presidentes han usado a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico. El presidente Calderón intensificó el uso de los militares en esta labor. Desde el primer día de su administración, ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para supuestamente recuperar territorios donde ya dominaba la autoridad ilegítima de los grupos del crimen organizado. Los militares obedecieron a su comandante supremo. Sin embargo, el Ejército, desde el sexenio pasado, solicitó que se regulara su intervención en esta materia; que hubiera un marco legal que los protegiera. Estaban preocupados porque, en el futuro, los pudiesen juzgar por actos ilegales, tal y como ocurrió cuando reprimieron a los universitarios en 1968. Hizo bien el Ejército al realizar esta petición. Los militares entendieron que los tiempos políticos habían cambiado y que, para actuar, debían operar bajo las reglas de una democracia. Ya no alcanzaban las órdenes orales del Presidente.
Hace seis años el Senado legisló nuevas reglas en esta materia. Las Fuerzas Armadas sólo podrían salir de sus cuarteles si existía una “declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”. Los gobernadores o los congresos locales solicitarían dicha Declaratoria al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el caso que las policías estatales estuviesen rebasadas por la delincuencia organizada. El secretario ejecutivo del CSN integraría un expediente y convocaría al Consejo. En caso de aprobar la declaratoria, se turnaría al Presidente quien, si lo consideraba pertinente, ordenaría la movilización militar. El Senado podría objetar la legalidad de la Declaratoria si no quedaban claros las directrices, instancias, responsables, tiempos y ámbitos de actuación. Parecía un proceso burocrático pero más transparente a la total indefinición que prevalecía. Además, era positivo que se involucrara a las autoridades locales y al Senado. De esta forma, la movilización militar dejaría de ser un tema exclusivo del Presidente para convertirse en un asunto del Estado. Con el agregado, positivo, que los militares estarían obligados a realizar los operativos en compañía de visitadores de la CNDH y de autoridades civiles quienes serían responsables de realizar las detenciones. Pero lo aprobado por el Senado se atoró en la Cámara de Diputados. Ahí quedó este primer paso por regular a las Fuerzas Armadas como una institución del Estado democrático, no como organización propiedad del Presidente. Hoy, a seis años de ese intento, el país sigue sin contar con un marco jurídico que proteja a las Fuerzas Armadas en sus intervenciones cotidianas para suplantar a las policías. Soldados y marinos siguen sufriendo las consecuencias como lo vimos en días recientes en Culiacán. Los políticos civiles no han querido resolver este problema. Ni el gobierno panista de Calderón ni el priista de Peña han tenido el liderazgo para otorgarles a las Fuerzas Armadas la certidumbre jurídica de estar en las calles realizando labores que no les corresponde ni para las cuales están capacitados. El riesgo es que los militares se cansen de un orden institucional que los ha dejado desamparados y comiencen, en consecuencia, a tomar decisiones saltándose a la autoridad civil democráticamente elegida. ¿De verdad queremos eso? Twitter: @ leozuckermann