martes, 30 de abril del 2024
 
Por Raymundo Jiménez
Columna: Al pie de la letra
Obstrucción de la justicia
2016-10-17 | 09:15:07
A los cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por los que la Procuraduría General de la República investiga también al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, la PGR podría sumarle otro más: el de obstrucción a la justicia, pues hace cinco días, en conferencia de prensa, el panista afirmó que tiene información de hasta dónde llegó la corrupción del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, pero amenazó que la daría a conocer hasta el 1 de diciembre próximo.

“Quieren impedir que tome posesión como gobernador. Tratarán de evitar que asuma el cargo, porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México y a partir de que tome posesión tendré los instrumentos para profundizar aún más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a los veracruzanos”, amagó Yunes Linares, quien el domingo antepasado había retado públicamente al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a debatir sobre corrupción y el financiamiento a las campañas de los partidos, pues acusó que en las últimas semanas el líder priista “se ha referido de manera ofensiva a mi persona, pretendiendo convertirme en ‘baraja de cambio’ en el tema de corrupción que se sigue contra Javier Duarte”.

La reacción de Yunes se dio porque el sábado 8 de octubre, en Villahermosa, Tabasco, el dirigente del tricolor había declarado que “estaremos muy atentos en el priismo de darle seguimiento al caso en particular de Veracruz, pero también exigiendo a las instituciones responsables que revisen los casos del ex gobernador Guillermo Padrés, de Sonora, panista, y del gobernador electo Miguel Ángel Yunes, panista de Veracruz”.

Pero ahora pareciera que Yunes Linares pretende usar como “baraja de cambio” la supuesta información que tiene contra Duarte y que presuntamente “cimbrará a México” para que el régimen priista que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y del cual depende la PGR, le dejen tomar posesión como gobernador de Veracruz dentro de 44 días.

Y es que la campaña anticorrupción que ha emprendido el PAN como estrategia para sacar al PRI de la Presidencia de la República en 2018 ha surtido un efecto boomerang porque varios gobernantes surgidos de sus filas no tienen la cara más limpia ni la cola más corta que los priistas. El dirigente nacional del partido blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, inclusive ha caído en actitudes incongruentes y hasta cínicas. El pasado jueves, por ejemplo, en Mexicali, Baja California, acusó en conferencia de prensa que la corrupción del PRI es “rampante” y que mandatarios como el gobernador con licencia Javier Duarte deben ir a la cárcel; sin embargo pidió no hacer juicios anticipados en el caso de las acusaciones de corrupción contra su correligionario, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

“Hay que recordar que en este momento, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público a nivel federal, depende del propio PRI, a ellos les corresponde responder. No debe haber juicios anticipados, pero por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debe haber encubrimiento, quien haya cometido un acto de corrupción, sin importar el partido en el que milite, primero debe devolver el dinero robado, que es lo primero que el pueblo de México exige”, declaró Anaya, quien se pronunció porque la procuración de justicia no sea selectiva ni tenga tintes partidistas.

“Seguiremos señalando la corrupción en el PRI, porque es una corrupción rampante, brutal. No solamente está el caso de Javier Duarte que, por supuesto, debe ir a la cárcel, el gobierno se debe asegurar que ahora que pidió licencia no se fugue del país”, advirtió Anaya, quien no ha obligado a Yunes a entregar la información que “cimbrará a México” para que la PGR la integre a la averiguación previa y acelere la orden de aprehensión contra Duarte de Ochoa.

Ahora mismo, Anaya se ha enredado con el caso del prófugo ex gobernador de Sonora, pues este sábado 15, en Oaxaca, el dirigente priista Enrique Ochoa consideró que se debe investigar si el PAN encubrió a Guillermo Padrés, contra quien la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, giró ficha roja para buscarlo en más de 190 países, a fin de procesarlo por defraudación fiscal y lavado de dinero por más de 8.8 millones de dólares.

“Ricardo Anaya ha reconocido que Padrés estuvo recientemente en las oficinas del PAN, y, sin embargo, no le dieron alerta a las autoridades que habían hecho de conocimiento público que Guillermo Padrés estaba bajo investigación”, acusó Ochoa.

Ayer domingo, a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN quiso deslindar a Anaya puntualizando que “en aquella fecha, 27 de septiembre de 2016, aún no se tenía conocimiento de que existiera alguna orden de aprehensión vigente en contra del citado personaje” y que “fue hasta el jueves 29 de septiembre que se dio a conocer, a través de los medios de comunicación, que había una solicitud de la Procuraduría General de la República a un juez para librar una orden de aprehensión”.

Sin embargo, en una nota publicada este viernes 14 por el diario Reforma, se afirma que Padrés “ya era buscado” en México por la PGR desde el pasado 24 de septiembre, “cuando el Juzgado instruyó su captura” y que ahora la búsqueda se ha extendido al extranjero, ante la posibilidad de que el panista sonorense pudiera haber abandonado el territorio nacional. ¿Facilitarán también la fuga de Duarte con tal de que Yunes asuma el poder?




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