2016-11-20 | 09:22:40

La rebelión de los alcaldes que hemos presenciado en el estado las últimas semanas tiene como trasfondo una confrontación entre dos grupos políticos que muy probablemente competirán en los procesos electorales del 2017 y del 2018.

Gracias al desaseo con el que Javier Duarte y otros gobernadores en el país manejaban las finanzas de sus estados, hoy ha quedado al descubierto que los recursos federales destinados para los municipios, -que por ley debían de ser entregados en no más de cinco días después de haber sido depositados en las cuentas del estado-, eran manejados a discreción por los gobiernos estatales.

Estos recursos, se retenían y en el mejor de los casos se usaban como una forma de control político del gobernador sobre los alcaldes. A los consentidos les llegaban todos o casi todos los recursos a tiempo y a los rebeldes, les llegaban tarde y rasurados.

Por cómo funcionan las cosas en este país, valía más el poder del gobernador que la ley misma y los alcaldes durante más de cinco años, salvo ciertas excepciones, se mantenían calladitos, conscientes de que sus reclamos serían respondidos con auditorías y denuncias por malos manejos.

En otras palabras, el pacto entre el gobernador y los alcaldes, era yo te dejo robar un poco, pero de lo que te tocaba a mí también me va a tocar; y yo voy primero. En este acuerdo participaron los alcaldes de todos los partidos.

El problema reventó como ya vimos cuando se acabó el dinero, ya sea porque el gobernador y sus cuates cada vez agarraban más o porque de entrada los recursos que le llegan al estado que correspondía a los municipios se comenzó a utilizar para pagar otras cosas, o más bien las dos cosas.

En cuestión de unas semanas el año termina y el sexenio también, las partidas federales del 2017 para los municipios ya fueron aprobadas por el congreso y dentro de poco, tendrán que llegar los recursos al estado. Las movilizaciones de los alcaldes son para definir nuevamente quien tendrá el control directo de esos recursos.

Así los alcaldes del PRD y el PAN, tomaron el palacio de gobierno y la Casa Veracruz, para exigir que el gobierno del estado les entregue los recursos que les deben, mientras que los alcaldes priistas se fueron a la Ciudad de México a pedirle al gobierno federal que los recursos ya no pasen por el gobierno del estado, sino que les sean entregados directamente.

Los reclamos de ambos son justos y válidos, pero como lo comente al inicio de este artículo, el trasfondo es quien a partir de ahora tendrá el control político que conlleva el manejo de estos recursos.

El gobierno del estado que en menos de dos semanas estará en manos de los Yunes azules o el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Hacienda, en manos del grupo de economistas egresados del ITAM, al que pertenece el senador Pepe Yunes.

No existe nada de casualidad que los alcaldes priistas le fueron a reclamar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se dice es el amigo que tiene en el gabinete el próximo gobernador, así como tampoco ha sido casual que Miguel Ángel Yunes diga que ha recibido buen trato de su amigo Osorio Chong, pero no de parte del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Siguiendo el espíritu municipalista, lo ideal sería que las participaciones federales llegaran directamente a los ayuntamientos, ya que es ahí donde se pueden resolver de mejor manera las necesidades de la población.

Sin embargo también se puede argumentar que en base a la historia reciente de nuestro país, donde a partir de que el gobierno federal quedó en manos del PAN y la mayoría de los gobiernos estatales en manos del PRI, éstos últimos sin el control centralista que ha caracterizado al sistema Mexicano, se convirtieron en virreyes e hicieron y deshicieron a su antojo. Que se puede esperar de la mayoría de los presidentes municipales, si ahora se les entregan los recursos de manera directa a ellos.

Al final de cuentas más allá de a quien se le entreguen las participaciones federales, lo que es un hecho, es que éstos recursos son insuficientes ya no digamos para resolver las necesidades de la población veracruzana, sino simplemente para cubrir los gastos normales de cada gobierno y el cumulo de deudas que han ido creando en los últimos años.

Al gobierno del estado y a los municipios les quedan varias alternativas para ir resolviendo esta situación. Reducir su gasto corriente. Despedir aviadores, deshacerse de choferes, bajarle a las comidas pagadas como prestaciones, etc.

La propuesta del grupo parlamentario de MORENA va en ese sentido y lo más probable es que el propio gobierno panista termine proponiendo algo similar.

Reestructurar por enésima vez la deuda existente, así como contratar nuevos créditos para reactivar la actividad económica e inversión en la entidad.

Para esta segunda fórmula, un papel muy relevante tendrá la banca de desarrollo, donde ya también el grupo comandado por el secretario de Hacienda, ha colocado sus fichas. Finalmente aunque sea como pedirle peras al olmo, otra alternativa es que ya dejen de robarse lo poco que les llega.