2016-11-29 | 09:35:30

En días pasados nos desayunamos con la noticia de que un magistrado federal había librado orden de aprehensión en contra de dos expresidentes municipales de Boca del Río, el delegado de Sedesol en el Estado, un alto funcionario de la misma, una regidora del Ayuntamiento del mismo municipio y otras personas mas. Tres de ellos, fueron aprehendidos y actualmente se les corre el término constitucional. Mientras esto acontece, se les concedió el beneficio de la libertad caucional. Para ti lector amigo, acostumbrado a saber de las mañoserías de los partidos políticos para perpetuarse en el poder o por alcanzarlo, la noticia posiblemente no te causó mayor impactó, pero el asunto no es tan simple como aparentemente lo parece. La realidad de los hechos es que en los comicios del 2013, la conducta de todos ellos, video grabados y exhibidos ante la opinión publica, revela dos aspectos. La primera de ellas, totalmente jurídica, consistió en desviar recursos públicos para financiar campañas electorales, lo que lo que tipifica un delito electoral y la segunda, total e inminentemente social, es harina de otro costal. Que los gobernadores se roben los dineros del pueblo para apoyar las candidaturas de sus preferencias o por lambiscones apoyen al candidato presidencial, no es ninguna novedad o ¿miento, Javier Duarte? El meollo de la conducta dañosa de estos individuos, todos pertenecientes al PRI, radica en que para lograr su propósito alteraron las listas de los beneficiados en los programas de la Secretaria de Desarrollo Social, como son Oportunidades, Pensión para Adultos Mayores y 65 y Mas, retirando de ellas a quienes ya estaba registrados y vender dichos lugares a otros, a cambio de su voto. Repito, acostumbrados a que nuestros gobernantes se sientan dueños de los recursos públicos, aparentemente las conductas de los acusados no merece mayor atención, lo execrable de dichas conductas, es que a quienes perjudicaron son ancianos, muchos de ellos decrépitos, inválidos o con impedimentos físicos, cuyo único requisito para ser beneficiario, era tener más de 65 años y carecer de pensión. Esta bola de viejos, a quienes nuestros gobiernos nunca voltearon a ver, recibía una ayuda del gobierno federal para no morirse de hambre o andar mendigando por las calles, es decir los señorones del PRI, hoy acusados. Entre ellos, dos ex alcaldes de Boca del Río, uno de ellos en funciones en ese momento y el otro, Secretario de Finanzas Y Planeación del gobierno de Javier Duarte, ambos con millones de pesos en los
bolsillos, planearon y ejecutaron este atraco en perjuicio de una bola de jodidos a quienes, repito el gobierno les regalaba la mísera suma de mil doscientos pesos bimestrales o sea veinte pesos diarios y que uno de ellos, comentara, para mayor vergüenza que esas listas eran oro molido para sus aviesos fines, francamente indigna. De plano, no se vale. Independientemente de lo anterior, el gordo Duarte blasonaba y presumía que ese asunto estaba muerto y enterrado porque él ya había “planchado” a quienes llevaban el caso. Desafortunadamente para todos ellos, Duarte se fue antes de tiempo y no “planchó” al magistrado federal que le concedió el amparo al denunciante, Humberto Alfonso Morelli a la sazón diputado federal y a una fiscal federal cuya modestia me impide citar su nombre y que no se prestó a las argucias de Duarte, lograron, revertir la negativa de las ordenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y tras una batalla legal que duro tres años, finalmente se está haciendo justicia, después que un Juez de Distrito y un Tribunal Unitario habían negado obsequiar dichas ordenes. El que esto escribe siempre ha opinado, que en esta vida, todos somos pecadores, pero hay de pecados a pecados, no es lo mismo robarse unos calzones a un super Chedraui que robarle los únicos pesos a unos ancianos que lo único que tienen es su miseria. Creo y lo creo firmemente que la justicia debe valorar, no únicamente el bien jurídicamente tutelado y si también el daño social causado. No únicamente se desviaron recursos públicos para fines aviesos, pero robarle a aquellos cuyo único pecado es haber llegado a viejos sin contar con una pensión, debe ser prioritario en la valoración jurídica del juzgador, especialmente porque tales acciones afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Que no olvide el tribunal la culpa que a todos nos corresponde por los millones de mexicanos, sin asistencia médica ni ingresos propios, sin un techo que los cubra y faltos de educación. La indiferencia ante la desgracia ajena también nos hace cómplices. Lo más probable, es que debamos esforzarnos por pagar quizás culpas ajenas, como pudo haber sido malos patrones, peores gobernantes y una indiferencia oficial que raya en lo criminal. Repito hoy, no se vale que unos señorones de la política les roben los pocos pesos a un montón de jodidos.