2016-12-10 | 21:47:32

“Vita brevis, Ars longa”. La vida es breve, el arte es duradero. Hipócrate.

Entre la expectación, suspicacia, triunfalismo y el encono de sus partidarios, simpatizantes, opositores y críticos, el nuevo bienio azul-amarillo yunista a semana y media del prefacio de su actividad oficial va agarrando forma para sustituir la política asimétrica de su antecesor, por la trasversal y todo terreno. Por el bien común.

No está exento de errores y horrores que sólo se concibe en una clase política nobel o en gobernantes con patología del síndrome de Hybris. Estas debilidades de las altas esferas de nuevo bienio se verán reflejadas si se conciben o no en los primeros cien días o en los seis meses de gobierno.

Por ahora han aflorado algunos descuidos o desaseos del primer círculo del gobierno yunista que evidencian los actos de legalidad de los servidores públicos. Dice el viejo refrán popular “No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas”.

El secretario de Gobierno, el perredista Rogelio Franco Castán, que causó desdoro entre la militancia del partido del sol azteca por su proclividad al entreguismo oficial antes de suscribir la alianza con el PAN, aceptó el encargo a sabiendas que todavía no goza de la cédula profesional de la maestría que ejerció en el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores, como lo exige la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Esta peccata minuta para las altas esferas del bienio, podría provocar que cualquier ciudadano o especialista en Derecho Constitucional promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de Controversia para invalidar los actos que firme el secretario de Gobierno con las autoridades del gobierno federal, municipal o del sector privado.

Y la paradoja, para ahondar la erosionada credibilidad ciudadana que fue socavada –apuñaleada, pues- por el gobierno saliente duartista, el moralino Franco Castán logró que la Facultad de Derecho de la UV le otorgarán su tituló en un lapso récord de 5 días –del 28 de noviembre al 3 de diciembre-, donde la rectora Sara Ladrón de Guevara González contribuyó a la suspicacia y al desdoro de un acto que pone en entredicho la legalidad del flamante secretario de Gobierno.

Por más aclaraciones y desmentidos de la rectora y su equipo académico –“el documento de titulación se otorga en forma inmediata hasta en 10 minutos”, según el director de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Gayosso-, en Veracruz estamos viviendo un capítulo del Alzati versión dos porque sin contar con la cédula de la maestría que otorga del Registro Nacional de Profesiones de la SEP, despacha como secretario de Gobierno.

Fausto Alzati Araiza, nombrado por el presidente Ernesto Zedillo en 1994 como Secretario de Educación Pública, fue destituido escandalosamente de su cargo a principios de 1995 por haberse ostentado y firmado documentos con el título de doctor de la Universidad de Harvard, sin haber contado con la cédula profesional. Cualquier semejanza con Castán será una mera coincidencia. ¿Peccata minuta? ¿No acaso se hizo el anuncio el 1 de diciembre que el bienio yunista respetaría el orden, la legalidad y el imperio de la ley?

Para rescatar la vapuleada credibilidad ciudadana en los primeros cien días y el bienio, se tiene que predicar con el ejemplo. Vigilar que quienes han sido nombrados en cargos estratégicos y organismos autónomos se ajusten a los requisitos de la ley, titulados, cédula profesional, cinco años como abogados postulantes y no ser juez y parte.

La ambivalencia, nepotismo cruzado –intercambio de cargos entre parientes-, compadrazgo, amiguismo, trapecismo e improvisación, debe desterrarse para siempre de la férula del poder público. Hay profesionistas y técnicos veracruzanos que esperan la oportunidad de oro para demostrar su capacidad. No hay que cerrarles la puerta para que brille su intelecto.

El titular del Poder Ejecutivo, no sólo “tiene que ser, sino parecer”. Está máxima romana aplica también a los poderes Legislativo y Judicial. No es posible que en los inicios del nuevo gobierno de transición, se toleren, prohíjen y fomenten actos que contravienen el discurso oficial para combatir tratupijes, simulación, tráfico de influencias y tufillos de cleptocracia.

La LXIV Legislatura local, con sus 50 diputados que la integran, debe honrar su palabra con los hechos. Evitar que el Poder Ejecutivo se coloque encima del Legislativo, lo sojuzgue y se convierta en su vasallo tradicional y en su cómplice avieso, para aprobarle al vapor todas las iniciativas de ley que remita. Respeto entre poderes sí, pero no abyección pueril.

El Poder Judicial, en manos del expriista Edel Álvarez Peña, dueño de una minicadena periodística, adolece de los mismos vicios que su par. Quedó en el tintero la reforma integral de la Ley Orgánica del PJ. Debe legislarse para que el cuerpo colegiado no se convierta en refugio de políticos zorrunos y recupere la facultad para proponer a los nuevos magistrados que cubran las plazas de los togados que, por fallecimiento o enfermedad, quedan vacantes.

La peccata minuta del bienio para los nuevos apologistas, oficiosos y cortesanos del poder público, no cuenta, pero cuenta mucho para la sociedad civil y ciudadanos de a pie. Le importa a un millón 735, 449 votantes que no sufragaron por MAYL en los comicios históricos del 5 de junio. ¿De acuerdo? Comentarios a gau41@hotmail.com