2016-12-17 | 15:15:23

Admirado y venerado por sus partidarios de la oposición que lo llevaron al poder público para expulsar del paraíso priista al tradicional Tlatoani que se mantuvo intocable por 86 años en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, hoy gobernador, no ha reparado o digerido que los conflictos postelectorales ya acabaron para bien de la coalición triunfadora.
Es el Gobernador del Estado por el bienio a partir del 1 de diciembre de 2016 por mandato popular. Es hora de colgar las vísceras y gobernar para todos los veracruzanos, por los que votaron a favor y en contra, por los que vieron en él la reivindicación del poder público para combatir los privilegios de una clase política priista corrupta por origen.
Es la cereza del pastel que buscó afanosamente y que se le negó por 24 años; más de 30 años de militancia en el PRI se fueron al caño del drenaje.
Hay la percepción del imaginario colectivo que los excesos de la retórica populista de “meter a la cárcel a Duarte y su pandilla de ladrones (sic)” está haciendo estragos en uno de los ejes rectores de bienio, porque hasta la fecha, a 16 días de su estridente gobierno, no ha caído el millonario prófugo de la justicia ni los principales “peces gordos” que se anunciaron en la campaña política.
Lo devuelto del daño patrimonial que asciende a más de mil 200 millones de pesos por algunos protagonistas del Duartegate que fueron “convocados en privado” por MAYL antes que rindiera la protesta de ley como gobernador –pudiese inscribirse en actos fuera de la ley porque como gobernador electo carecía de facultades legales-, fue pírrico comparado con el boquete financiero que dejó magro las reservas del erario público del gobierno de Veracruz.
Los embates y la guerra del lodo entre adversarios para ocupar el sillón embrujado del emblemático Palacio de Gobierno quedaron ya en la historia y en la anécdota política. Es curioso, pero Miguel Ángel continúa actuando como si anduviese en campaña, con anatemas y satanizaciones a la clase trabajadora que exige el pago de sus prestaciones sociales, salarios y aguinaldos.
El preludio, el cascaron, de su minigobierno hay un asomo desaseado de la cleptocracia, del que él enjuició y criticó de sus antecesores del PRI, cuando valoró el lunes 12 de diciembre que los reclamos del magisterio oficial e independiente y trabajadores del estado -50 días de aguinaldo y 30 días por el Día del Maestro-, no las “cubriría” porque fueron “ocurrencias” del régimen de Fidel Herrera Beltrán.
El mensaje llano y directo del gobernador, fue como una puñalada trapera para los sindicalistas, incluso proveedores en general, que ya preparaban la toma de carreteras y oficinas públicas por la falta oportuna de rezagos de pagos que dejó el gobierno saliente y que el gobierno entrante se comprometió regularizar.
La mecha del encono y lucha sórdida de la clase trabajadora se había encendido. Por fortuna, el propio gobernador MAYL rectificó su declaración para pagar una parte de los aguinaldos y salarios –que ocurrió el miércoles 15 por la tarde-, y con ello apagó la movilización social en su contra.
Los destellos de la cleptocracia, que se supone en teoría permanecían bajo tierra desde el 1 de diciembre del 2016, no ha muerto porque quedaron resabios en el recién estrenado bienio de la reivindicación social que afloraron en distintos frentes donde fue obvia la intromisión aviesa del Ejecutivo estatal.
Una muestra de ello, es la propuesta del titular del Poder Ejecutivo a la LXIV Legislatura local para que su peón, Jorge Winkler Ortiz, designado por el hoy exFiscal General, Luis Ángel Bravo, como Visitador General, el lunes 28 de noviembre de 2016, se convierta en el nuevo Fiscal General a modo.
Lo que se criticó antes y después de Duarte y los sumisos diputados se estaría repitiendo la singular historia de complicidades abyectas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde el primero estaría por encima del supuesto contrapeso que representa el segundo.
Hay una propuesta conjunta de la currícula de diez abogados de las bancadas del PAN-PRD, sus pares del PRI, MORENA y los independientes, para ocupar la vacante de la Fiscalía General. Pero lleva mano la propuesta del gobernador en turno con su protegido, Jorge Winkler. Plan con maña.
El actual Visitador General, de acuerdo con la opinión de abogados especializados, no cubre los requisitos de ley para alcanzar la nominación: cinco años de ejercicio como abogado postulante, a partir de su titulación y otorgamiento de su cédula profesional. Winkler la obtuvo el año pasado. No debe ser juez y parte; es defensor del caso de Los Porkys de Costa de Oro.
Y litiga o litigaba el caso del Ayuntamiento de Boca del Río contra el Gobierno del Estado por el retraso de las participaciones federales. No es nacido en el estado de Veracruz. La Legislatura local puede omitir estos obstáculos, pero entonces estaría perdiendo el contrapeso hacia el Poder Ejecutivo. Y la credibilidad, uno de los valores pervertidos por el gobierno saliente en la picota.
Como dice el Premio Nobel de Literatura, el extinto José Saramago, “Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”. Comentarios a gau41@hotmail.com