2017-02-08 | 09:39:45

Como ciudadano, como jurista afirmo que no hay razón para que celebremos el centenario de la “Constitución de 1917” como tampoco hubo motivo para celebrar –hace unos años- el primer siglo de la “Revolución Mexicana”, pues ambas encontraron substrato institucional en procesos políticos oligárquicos, en pervertidas lógicas sectarias, egoístas, antidemocráticas de poder que traicionaron a los movimientos y justas reivindicaciones sociales que las generaron.

Ambos procesos “históricos” han dado pobres resultados a los ciudadanos de hoy. México requiere una nueva revolución social pacífica y democrática para expropiar el poder a los políticos y sus partidos, para darlo al Pueblo, a la sociedad y; requerimos consensar y formular un nuevo texto legal que refleje el Pacto Social que mantendrá prósperos, unidos y seguros a los mexicanos del siglo XXI.

Necesitamos una nueva Constitución, una nueva legalidad que responda a los retos, amenazas, aspiraciones, objetivos y necesidades de la Nación.

No es apropiado que veneremos a un sistema jurídico que nos ha prometido quimeras mientras es y ha sido el vehículo coercitivo de conservación y reproducción del poder para partidos y políticos vividores, mantenidos de nuestros impuestos, que gastan discrecionalmente gobernantes ladrones de bajo nivel ético e intelectual, que han falsificado y traicionan las legítimas demandas y derechos de los mexicanos.

No conmemoremos una Constitución, que, si bien debemos acatar, ha propiciado la sucesión de malos gobiernos, su impunidad y el uso dispendioso, irracional de los recursos naturales y económicos de la Nación, perpetuando la desigualdad, el autoritarismo, la inseguridad y la injusticia social.

Y es que, en un País que se gobierna confundiendo a la realidad con lo que publican y difunden los medios masivos de comunicación y; el sistema jurídico sirve para justificar las acciones y excepciones de los gobernantes y perpetuar la dominación de los poderosos, desde siempre al margen de la aplicación estricta de la Ley; creó improbable que progresemos, convivamos en paz y armonía mientras esté en vigencia la “Constitución de 1917”: el idealista cuerpo legal fruto de poco más de 2 meses de trabajo, después de las controvertidas elecciones de noviembre de 1916 a las que concurrió menos del 20% de los mexicanos para elegir a los 285 diputados que la formularon en una tregua de la sangrienta guerra civil por la democracia, la justicia social y la lucha de facciones por el poder que dejó un millón de muertos en los 10 años de la época que conocemos como “Revolución Mexicana”, a pesar de las 669 reformas y adiciones que hacen a nuestra Ley Suprema confusa, inconsistente, asistemática y desordenada.

¿Cómo se sentirían Heriberto Jara Corona y los constituyentes originarios al ver que su Constitución de 1917 -la primera social del siglo XX- se ha convertido en un bosquejo de lo que era, orientada básicamente a organizar un Estado fallándole a los ciudadanos, estructurando gobiernos más preocupados por promover negocios y antidemocráticas sucesiones de poder, que en proteger los casi extintos “derechos sociales” y garantizar la vigencia de los derechos humanos por los que millones de mexicanos representados por ellos lucharon con las armas en la mano?

¿Qué opinaría Venustiano Carranza del hecho de que 19 diferentes presidentes de México –comenzando por Álvaro Obregón, su asesino intelectual- han publicado 229 decretos de reforma constitucional, siendo los 2 últimos presidentes FECALH y EPN quienes más han modificado la Constitución, el primero adicionándole 54,815 palabras y el segundo 10,632? Sin ponerme al nivel de tan egregios personajes, puedo imaginarlo modestamente.

Como redactor de la Constitución del 2000 de Veracruz (vigente) y encargado de la negociación de su texto final en el Congreso, me siento profundamente decepcionado de cómo se ha prostituido y cambiado el contenido y sentido del texto que con tanto cuidado e ilusión fuimos creando un grupo de juristas, con las mejores intenciones.

El articulado de esta y la Constitución de 1917 se han modificado a capricho de los gobernantes en turno y se han eliminado disposiciones substantivas de la mayor importancia, cercenándose esenciales derechos humanos, como, en el caso de la Constitución de Veracruz -que también celebró tristemente en estos días su aniversario- el de la libre disposición de la mujer a su cuerpo y sexualidad, con la adición durante el gobierno liberticida del prófugo JDO del artículo 4 del mal llamado “derecho a la vida”, con lo que se criminaliza el uso de métodos anticonceptivos como la “pastilla del día siguiente” y el aborto.

Es patético ver como en nuestro País en medio de un descabellado derramamiento de sangre, donde todos los días mexicanos matan a mexicanos –como hace 100 años- los ideales de justicia y democracia que animaron a la Revolución Mexicana siguen vigentes, pero las leyes ni los gobernantes no han podido proveerlos.

Casi nadie respeta el “Estado de Derecho” y la vigencia centenaria de las Constitución de 1917 tan trastocada y violada, han devenido en una imparable serie de micro reformas legales para apuntalar gobiernos neo porfiristas antidemocráticos –como el que padecemos- que corrompieron, utilizaron y corporativizaron a México en torno a partidos políticos que “institucionalizaron” a la Revolución Mexicana (PRI) y sus oponentes (PAN), al punto de confundirse y convertirse en Gobiernos.

Del análisis de la veneración oficial que año tras año se han dado tanto a la Revolución, como a la Constitución Mexicana los últimos 50 años, podemos apreciar hipocresía, falsificación, mentira, cinismo y manipulación.

Todos y cada uno de los Presidentes, gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jueces y funcionarios públicos que nos han jodido y saqueado, tomaron posesión “protestando” -es decir, prometiendo- cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y ese pequeño detalle no ha impedido que al investigar quienes han sido los mayores criminales y sinvergüenzas mexicanos impunes de 1917 a la fecha, la inmensa mayoría han sido precisamente servidores públicos cuya primera obligación era honrar su compromiso de aplicar sin distingos el sistema jurídico mexicano, derivado de la Constitución de 1917.

Sería iluso proponer que la vigencia del Estado de Derecho se impusiera hoy en México, cuando testificamos como la corrupción se enseñorea entre nosotros, mientras impunes y/o protegidos por el sistema jurídico los gobernantes y exgobernantes son amparados por las leyes que ellos promulgaron y por sus cómplices, en esa cadena de favores y componendas en que se ha convertido la política que se hace con dinero público.

No tenemos por qué aplaudir ni a malos gobiernos ni a las leyes que los protegen. Sin dejar de acatar las Leyes ni incitar a la anarquía, debemos identificar las herramientas legales para cambiar al régimen político y a nuestro sistema jurídico. Cuando lo hayamos conseguido, habrá motivo de celebración.