2017-02-17 | 09:08:29

En el estado de Veracruz se habla de una propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Contra Comercios. La justificación es que las denuncias presentadas debido a esas conductas quedan en el olvido oficial y la expectativa es poner fin a la impunidad.

Los promotores de esa alternativa, integrantes del comercio organizado, se dicen preocupados por los atracos de los que son víctimas y creen que con esa instancia habría prontitud en el esclarecimiento de los delitos y los delincuentes pagarían todas las que deben.

A decir verdad, más infraestructura gubernamental no necesariamente conlleva a más eficiencia. De hecho puede significar lo contrario. Lo fundamental es que el personal ya existente sea eficiente y tenga las herramientas necesarias para operar.

Otro punto es que los comercios inviertan en equipamiento contra la inseguridad. A ver si los bandidos sienten algún temor por la posibilidad de quedar grabados por videocámaras, aunque si se ocultan el rostro bajo máscaras o pasamontañas seguramente se reirán de las medidas de seguridad.


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El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz ha dejado todo que desear. Durante el proceso de 2016 dejó de pagarle a más de 200 integrantes de consejos distritales que acudieron de manera voluntaria a cumplir con su deber ciudadano; les deben cerca de 15 millones de pesos y no les dicen cuándo les pagarán… porque seguramente nunca lo harán.

A ellos, sus acreedores, les han dicho que reconocen la deuda pero no tienen para cubrir esos pendientes. Les piden tener calma y que no se desesperen. Sencillo.

Tristemente sólo le pagaron a quienes demandaron al organismo. Aquéllos que no lo hicieron depositaron su confianza en el acuerdo que firmaron el pasado 12 de agosto de 2016. Su palabra no vale y su firma tampoco.



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Cinco son ya los aspirantes del PRI a la alcaldía de Veracruz, según informa el presidente del comité municipal de ese partido, Raúl Díaz Díez.

No he revelado los nombres de sus compañeros aspirantes, pero públicamente trascienden ya algunos, como el del abogado notario Gustavo Sousa Escamilla, quien prácticamente se impone al exdiputado local Antonino Baxzi Mata, líder y dueño del sindicato de la Limpia Pública.

Gustavo Sousa es priista de cepa, con experiencia en el servicio público. Su último encargo fue la Vocalía del Fideicomiso del 3 Por ciento a la Nómina, en donde no encubrió el saqueo del organismo por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Javier Duarte de Ochoa. Sus conocedores afirman que su candidatura ya está amarrada y sólo es cosa de que se vuelva oficial. Esperaremos.







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A partir de los años 90 se volvió una moda utilizar el concreto hidráulico para pavimentar las calles en las grandes ciudades y también en algunas pequeñas. El discurso de alcaldes y alcaldesas fue que con esa técnica la obra perdura hasta 50 años o al menos 25. Ni una cifra ni la otra.

Además de los negocios y diezmos entre autoridades de todos los colores con los contratistas y de éstos con sus proveedores de cemento y otros insumos, una calle de concreto es más ostentosa que una de asfalto.

La realidad ha demostrado que en menos de 5 años esas vialidades se cuartean y después se rompen. A la mala calidad de las obras se suma la falta de planeación: pavimentan calles que no tienen red del drenaje ni de agua potable. Años después el sucesor las rompe para introducir esos servicios y sólo las parcha.

Y por si algo faltara, algún vecino que no se conectó al drenaje ni a la red de agua rompe la calle, hace una zanja y coloca sus tubos, y la deja rota.

Los más afectados son los automovilistas cuando pasan por avenidas abiertas. Cuántos alcaldes han pasado, dejando su triste huella del relumbrón, ése que piensan que les dará votos.