2017-03-28 | 09:24:08

De último momento, fueron purgados de las candidaturas de los partidos protagonistas de la alternancia política veracruzana, personajes como Ricardo García Guzmán y David Velasco Chedraui que habiendo sido miembros de los gobiernos saqueadores de Javier Duarte de Ochoa (JDO) y Flavino Ríos Alvarado (FRA) hacían gala de una ostentosa militancia priista hasta que, cerrada la máquina de robar (los gobiernos del PRI en Veracruz) que alimentó, a pesar de su carencia de méritos, el ascenso político de sus familias, con la mayor naturalidad del mundo, sin explicar su súbito cambio de camiseta, fueron ungidos por las dirigencias estatales del PAN y PRD respectivamente, a las candidaturas de la presidencia municipal de sus municipios.

¿Por qué y quiénes apoyaron, permitieron que Ricardo García Guzmán -que debería hace mucho estar en la cárcel- tomará protesta como candidato panista, no obstante, el propio Gobernador Miguel Ángel Yunes señaló en campaña públicamente sus delitos? Pues en esa averiguación y el seguimiento de los involucrados, nos encontraremos con las biografías de muchos traidores no sólo a sus partidos, sino a Veracruz, a México.

Me consta como en el año 2000, a pesar de manifestarse ferviente militante priísta, Ricardo García Guzmán operó a favor de un familiar –así hace siempre él- para que su partido perdiera las elecciones municipales.

El caso de David Velasco Chedraui es mucho más fácil de explicar: hace mucho que el PRD pasó a ser la 4ª fuerza política de México; es un partido político que se está derrumbando; dejó de ser “el” referente de la izquierda y; “vende” su apoyo y candidaturas en Veracruz.

Venturosamente, las dirigencias nacionales tanto del PAN como del PRD, a unas horas de fenecer el plazo para la legal inscripción de sus candidatos evitaron la infamia de postular exduartistas a cargos de elección popular por sus colores, pero ¿qué puede decirse de los demás partidos políticos?

Todos conocemos los casos de cómplices de JDO y FRA que buscarán el fuero en el próximo proceso electoral y otros que habiéndolo obtenido se hallan de lo más tranquilos, disfrutando cínicamente sus fortunas mal habidas, sin que nadie los moleste ¿Hasta cuándo permitiremos esto?

¿Por qué no han tenido éxito ni siquiera el 10% de las denuncias penales presentadas por el Gobernador Miguel Ángel Yunes y el Fiscal General de Veracruz (FGV) Jorge Winckler Ortíz contra los corruptos que arruinaron Veracruz? ¿Es que acaso la Auditoría Superior de la Federación no lleva denunciando penalmente la corrupción en Veracruz desde hace cuando menos 5 años?

Parte de la razón de esta grotesca, oprobiosa impunidad consentida, propiciada por el sistema político mexicano, se halla en la facultad de atracción que ejerció el Gobierno Federal de EPN respecto a los delitos cometidos por JDO y muchos de sus colaboradores y camaradas de partido.

Está claro que los priístas y sus aliados del PVEM y PANAL colaboraron con las pillerías del peligroso “cártel” criminal que gobernó Veracruz y por si fuera poco, postularon en el 2015 como candidatos y ahora legisladores con fuero a Edgar Espinoso Carrera; Antonio Tarek Abdalá Saad; Alejandro Carvallo Delfín; Adolfo Mota Hernández; Alberto Silva Ramos y; el año pasado dieron fuero de diputados locales a Juan Manuel del Castillo González; Juan Nicolás Callejas Roldán; Vicente Guillermo Benítez González; todos ellos con averiguaciones previas abiertas y con cuentas pendientes con la justicia. Pero el asunto va más allá.

Nuestro sistema jurídico, nuestros aparatos de procuración e impartición de justicia locales y federal están diseñado para favorecer la politización de sus resultados y permitir la perversa impunidad de políticos delincuentes.

Por eso están libres los exgobernadores priístas JDO (Veracruz); César Duarte Járquez (Chihuahua); Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) y Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León) todos ellos exhibidos como criminales por gobiernos de alternancia, que hicieron públicas sus fechorías.

Apenas ayer documentó el periódico “Reforma” que el exgobernador de Nuevo León, entregó entre 2005 y 2008 ilegalmente 18 concesiones de taxis al hoy dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. ¿Cuántos miles de años de cárcel serían si sumáramos los que estos delincuentes merecen como justo castigo por sus fechorías?

¿Cuándo acabaremos los mexicanos con las perversas, costosas, aberrantes impunidades consentidas propiciadas por nuestro sistema político? Aún sabiendo todo esto ¿Cuántos millones y porqué votarán por el PRI y los aliados de los corruptos en las próximas elecciones?