2017-05-08 | 09:27:13

Además de la inseguridad –que pese al apoyo de todas las fuerzas federales sigue incontrolable en el estado– y de los escándalos mediáticos propios y de sus polémicos colaboradores más cercanos, como el fiscal general Jorge Winckler, que por otro exabrupto verbal se acaba de echar encima hasta a los diputados del PAN y PRD cuyos partidos van aliados nuevamente en esta elección municipal, la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sigue perdiendo credibilidad y respaldo popular también por otras promesas de campaña que no ha podido ni querido cumplir, como es el caso de la deuda institucional que el gobierno del Estado mantiene con los empresarios de la industria de la construcción desde el sexenio antepasado.

A cinco meses de haber asumido el poder en medio de la gran expectativa del llamado “gobierno del cambio” que encabeza, Yunes era calificado hasta abril pasado en Xalapa con 5.18 y sólo era aprobado por el 19.3 por ciento de los mil xalapeños encuestados, según el reciente sondeo realizado por Beap Estadística&Opinión Pública, de Puebla, cuyos ejecutivos recomendaron casualmente a los estrategas de la candidata a la alcaldía capitalina del PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez, que “sin mencionar mucho a MAYL maneja siempre el discurso de que Xalapa requiere seguir con el cambio que ya empezó…”

Sin embargo, hay sectores que han pasado de la decepción al enojo. El 26 de abril pasado, por ejemplo, en un foro realizado en el Palacio Legislativo, el dirigente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer, reclamó que en Veracruz “hay una deuda grande con empresarios y no se reconoce, y no es justo que empresarios y Mypimes hayan invertido su capital y ahora por distintos motivos políticos no se les reconozca, esto lo vemos como una infamia, porque afecta a miles de familias; entendemos que no hay dinero, pero sabemos que pueden reconocer los adeudos reales de obras que sí se hicieron, de anticipos que sí se ejecutaron, de obras que están ahí, sirviendo a los veracruzanos”.

Hace un año, en mayo de 2016, en su campaña electoral, Yunes dijo en Coatzacoalcos ante empresarios y constructores del sur del estado que la deuda de la administración duartista con bancos y proveedores ascendía a más de 100 mil millones de pesos, pasivos que aseguró serían saldados mediante un análisis “de fondo”.

En esa ocasión, Yunes lamentó que los constructores veracruzanos se encontraran en crisis por la falta de pagos y de nuevas obras del gobierno del Estado y de los ayuntamientos, pronunciándose por una ley de transparencia y por la promoción de inversiones para impulsar a este estratégico sector, que es uno de los principales generadores de empleos. También prometió revisar muy cuidadosamente los trabajos realizados y aseguró que se pagaría prioritariamente a los constructores locales.

Hasta la fecha Yunes no les ha cumplido y se ve muy difícil que les pueda cumplir, pues con fecha del 10 de marzo pasado el subsecretario de Egresos de la Sefiplan, Francisco Javier Jiménez Rocha, hizo circular el oficio SSE/0666/2017 donde les notifica a titulares de secretarías de despacho y de organismos públicos descentralizados que “la insuficiencia de recursos y la no inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, hacen legal y materialmente imposible autorizar el presupuesto inherente a los recursos que no fueron aplicados, ejercidos y/o devengados en los ejercicios fiscales anteriores, con lo que se ven comprometidas las obligaciones de pago de obras y acciones derivadas de contratos adjudicados antes del presente año.”