2017-05-12 | 09:30:09

En México o al menos en Veracruz vamos al revés del devenir histórico. Hace más de un siglo en este puerto ya circulaban los tranvías eléctricos que además de no usar gasolina o sus derivados, no contaminaba el ambiente.

Después vino el auge de los combustibles fósiles y el país se llenó de automóviles y camiones que incrementaron la demanda de la gasolina, el diésel y demás energéticos.

En otras ciudades existe el metro, durante un tiempo hubo trolebuses. Ahora los transportistas porteños o mejor dicho el ‘Pollo’ Alfonso Enríquez Boussard, habla de traer unidades eléctricas al parecer de Asia.

Su idea no es mala. Habrá si existe el apoyo para traer autobuses que funcionen con energía solar. Sería un avance en la disminución de contaminantes y pensemos que eso tendría que apuntar a tarifas más baratas.

Habrá que darle tiempo al tiempo y quizás entonces los transportistas dejen de ser catalogados como “pulpos”.


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El robo de combustible ya es un asunto demasiado grave como para todavía politizarlo en este mes de campañas rumbo a la elección de alcaldes.

Decir que el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador tiene alguna relación con ese delito porque supuestamente se opone a la presencia de militares y marinos no significa que esté involucrado.

Además existe en el derecho un principio básico: el que acusa está obligado a demostrar. Desafortunadamente nuestra política es así de ligera. Y algunas plumas también.

Lo cuestionable es que más allá del origen partidista de los gobiernos federal y estatales, se haya dejado correr ese problema desde hace varios años, porque nuevo no lo es para nada.

La pregunta es quién protegía a los famosos “huachicoleros” y cómo se permitió que ese delito del robo de combustibles se convirtiera en una especie de economía casi familiar y comunitaria. Eso sí que es un delito, ajeno a tiempos políticos y electorales.






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La labor del Organismo Público Local Electoral (OPLE) sigue aún en el ojo del huracán y se le sigue acumulando más tarea como por ejemplo, que Oscar Cházaro Carvajal, representante legal de la coalición PAN-PRD, solicitó vía oficio ante la junta local que pida información a los 7 abanderados restantes si cuentan con antecedentes penales, un proceso legal o incumplimiento de una sentencia y de esta forma cumplen con los requisitos de elegibilidad.

En dicho documento se pide que si algún candidato omite cumplir con ese requisito, se solicite al Consejo Municipal Electoral 12 de Alvarado, Veracruz, pida informes a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado de Veracruz para que de manera inmediata rinda informes al Órgano Electoral del estatus legal y procesal de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Alvarado, eso fundamentado en el artículo 8 de la Carta Magna.

En consecuencia y de acuerdo a la documentación que se presente de los candidatos ya registrados, se dictamine si ha lugar o no a la procedencia del registro de los candidatos a la alcaldía de Alvarado; Veracruz por cumplir o no con los requisitos de elegibilidad impuestos por los citados cuerpos de leyes que se invocan.