2017-05-17 | 09:50:22

Porque no sólo es uno de los gobernantes mejor informados, ya que desde 1992 ha tenido a su cargo áreas de seguridad pública federal y del Estado, sino porque también entre sus empresas familiares tiene expendios de gasolina, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debe tener un diagnóstico muy preciso acerca de la ordeña de ductos de hidrocarburos en Veracruz y en las entidades circunvecinas, un negocio ilícito que ha ido a la alza en el país durante los últimos nueve años pese a que PEMEX ha destinado desde 2008 más de 28 mil millones de pesos en 15 programas de seguridad para frenar el robo de combustible.

Y es que según estadísticas oficiales, de 2007 a 2016, las tomas clandestinas detectadas en toda la República Mexicana pasaron de 324 en 114 municipios de 18 estados, a 6 mil 873 en 234 municipios de 23 entidades federativas.

El caso más emblemático es el del vecino estado de Puebla que recién dejó de gobernar Rafael Moreno Valle, ahora aspirante presidencial del PAN. El exmandatario poblano fue, junto con Yunes Linares, uno de los ahijados políticos más allegados a la exlideresa del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo.

Según datos de PEMEX, Puebla fue, hasta el final del sexenio de Moreno Valle, la entidad que lideraba en el nivel nacional el robo de combustibles. Ahora acaba de ser superada por el Estado de Guanajuato. De acuerdo con cifras de la paraestatal, en el primer bimestre de 2017 se detectaron 229 tomas clandestinas en Puebla, 104 de ellas en febrero y 125 en enero, de las cuales 42 se ubicaron solo en el municipio de San Martín Texmelucan.

A Moreno Valle, quien actualmente, como parte de su encubierta campaña de su aspiración presidencial promociona un libro de su presunta autoría titulado “La fuerza del cambio”, le estalló la crisis a finales de julio de 2015 cuando tuvo que pedirle la renuncia a su secretario de Seguridad Pública y “brazo derecho”, Facundo Rosas Rosas, el cual quedó bajo sospecha de encabezar una red de ordeña de ductos de PEMEX por la detención de su director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López.

Moreno Valle resaltó que el trabajo de Rosas, durante los dos años y tres meses que permaneció en el cargo, había sido “parte fundamental en la construcción de un sistema de seguridad pública sólido y para que Puebla se mantenga como uno de los estados más seguros del país”. No obstante, el exfuncionario, incondicional de Genaro García Luna –el cuestionado titular de la SSP federal en la administración del presidente Felipe Calderón– no sólo fue señalado por diversos casos de represión y abuso policial en contra de campesinos y comuneros poblanos, sino que también había sido involucrado en el pasado en hechos como los de Atenco en 2006, en los que coincidió con Yunes; en el operativo contra los normalistas de Ayotzinapa en 2011; además de vinculársele con el narcotráfico y en el secuestro de Fernando Martí.

En julio del año antepasado, al hacer pública su renuncia, Rosas puntualizó que decidía separarse del cargo para que las investigaciones de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre la detención del director de la Policía Estatal quedaran esclarecidas sin duda de parcialidad.

¿Con esta impunidad se pretende frenar la ordeña de ductos que sangra con miles de millones de pesos las finanzas de PEMEX? ¿En Veracruz el gobierno panista de Yunes Linares ignora en qué municipios y cuáles alcaldes se dedican o encubren el robo de combustible?