2017-05-19 | 10:06:01

Mientras gobernadores y alcaldes, por su voracidad de poder, sigan encubriendo a grupos del crimen organizado, y la Federación, por conveniencia política, continúe siendo omisa y tolerando esta situación, la integridad física y libertad de expresión de los periodistas seguirán expuestas a la misma vulnerabilidad.

En Veracruz, por ejemplo, no ha cambiado prácticamente nada. En este espacio periodístico hemos advertido que en este proceso electoral municipal algunos partidos políticos –entre ellos el PAN y PRD, que actualmente gobiernan la entidad y de nueva cuenta van en alianza– han postulado a las alcaldías a personajes bajo sospecha de estar vinculados con la delincuencia organizada. Lo mismo de lo que se acusó en su momento al PRI en las administraciones de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en cuyos sexenios fueron asesinados 22 comunicadores, crímenes que en su mayoría se mantienen en total impunidad.

El primer comunicador acribillado en el régimen de Herrera Beltrán fue Raúl Gibb Guerrero, editor del diario La Opinión de Poza Rica, ejecutado en abril de 2005. Por este crimen de alto impacto, el mandatario priista creó la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un organismo público descentralizado (OPD) que por decreto, en julio de 2011, Duarte de Ochoa decidió desaparecerlo como parte del Programa de Reorganización Administrativa, no obstante que un mes antes, en junio de 2011, había sido ultimado el columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco.

Según Tomás Ruiz González, aún titular de la Sefiplan, éste y otros 15 OPD’s ya habían cumplido con los fines para los cuales habían sido creados, por lo que era necesario generar ahorros presupuestales. Sin embargo, casi año y medio después, Duarte tuvo que reinventar la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), un oneroso organismo con autonomía constitucional creado por la Ley 586 publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 3 de diciembre de 2012, luego de la muerte de cinco periodistas ocurridas entre abril y junio de ese año, incluida Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso.

Pero este aparato burocrático no frenó el exterminio de periodistas, ya que en el resto del sexenio duartista, de febrero de 2014 a febrero de 2016, todavía fueron ejecutados otros seis comunicadores en Veracruz.

El 5 de agosto de 2015, durante un debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Esther Quintana Salinas, del PAN, expuso que, como podía observarse, “a pesar de que entre sus atribuciones se encuentran las medidas de protección necesarias para prevenir la consumación de amenazas o para enfrentar riesgos inminentes y agresiones a la integridad de los periodistas”, la CEAPP “no ha sido eficaz, ya que las cifras en lugar de ir a la baja, van a la alza”, pues refirió que según el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, de 2011 a 2014 hubo solo cuatro países que tuvieron un número total de periodistas asesinados mayor al de Veracruz: Siria, Somalia, Pakistán e Irak.

Paradójicamente, ahora que su partido gobierna Veracruz, ni la CEAPP ha sido desaparecida ni los atentados contra periodistas han cesado. En marzo pasado, casi cuatro meses después de que asumiera la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, el columnista de El Sol de Córdoba, Ricardo Monluí Cabrera, fue acribillado en Yanga, y Armando Arrieta Granados, de La Opinión de Poza Rica, fue víctima de otro atentado criminal, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya identificado a los agresores.