2017-07-03 | 21:31:27

Criminalización de periodistas y derechos humanos

La declaración del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, respecto del involucramiento de presuntos periodistas con la delincuencia organizada, sacudió una vez más el debate sobre la criminalización y vulneración de quienes ejercen ésta actividad, además ocasionó que los reflectores se enfocaron una vez más en las instancias protectoras de los Derechos Humanos.
Sin duda las voces no se hicieron esperar, pues el tema por sí solo es sumamente polémico y no faltaron quienes en redes sociales y a través de medios electrónicos refirieron que lo declarado por el titular del Poder Ejecutivo se parecía tanto a lo pronunciado por Javier Duarte quien siendo Gobernador advirtió a los periodistas se portaran bien, porque reportes indicaban su participación con grupos delincuenciales y al sacudir el árbol podrían caerse muchas manzanas podridas.
En aquel entonces Duarte fue acusado públicamente de criminalizar periodistas y ayer lo mismo ocurrió con el actual gobernador; precisamente en el marco del Seminario Derechos Humanos y Administración Pública, a la luz de los principios constitucionales, realizado en Xalapa, el director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, fue cuestionado sobre lo expresado por Yunes Linares y refirió que existe riesgo de criminalizar al gremio periodístico con tales afirmaciones.
Así esque, sin evadir la existencia de personas, que refugiadas en la actividad periodística colaboren con bandas criminales, aseguró que desde la Secretaría de Gobernación se otorgaran siempre las medidas para que quienes ejercen ésta profesión, tengan todas las garantías que les permitan ejercer en libertad y con plena seguridad.
Lo cierto, es que, no se puede descartar que pudieran existir personas que arropándose en el periodismo estuvieran contribuyendo con grupos que actúan fuera de la ley, y sí así ocurriera, es justificado que se actué, pues un hecho como éste, podría poner en riesgo a quienes legítimamente ejercen dicha profesión, aunque como reza conocido principio de derecho “todo el que acusa está obligado a probar”.
Aunque si es oportuno referir que acorde al nuevo sistema de justicia penal, la presunción de inocencia tiene que prevalecer en todo momento, mientras no se haya dictado una sentencia que determine tal responsabilidad; por ahora basta referir que en cuanto a derechos humanos falta mucho camino por recorrer, pues se trata de un tema recurrente en todo el país, debido a la negación de las propias autoridades para actuar en apego a lo que establece nuestra Constitución.
Y es que, es oportuno referir que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo “es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos”.
La última reforma, en armonía con el nuevo sistema de justicia penal, se dio en junio de 2011, ofreciendo significativos avances como la obligación de los jueces de aplicar tratados internacionales en pro de los derechos humanos, además se incluyen aspectos como la interpretación “pro persona”, con el cual, se logra que al existir distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deba elegir aquella que más proteja los derechos humanos.
Además en la novedosa reforma se establece que todos los niveles gobierno, sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.
Finalmente se trata de un tema extenso que nos llevaría a redactar un texto tan extenso que se podría escribir un libro, pero al final del día, no solo se trata de lo novedosas que puedan ser nuestras normas, sino de un compromiso de las autoridades, puesto que es un quehacer urgente e ineludible. Mientras tanto trabajar en derechos humanos le corresponde también a la sociedad, demandando y exigiendo que se respeten ¡así las cosas en nuestro país y en nuestro Veracruz!