2017-08-31 | 09:06:54

De nueva cuenta en sus desesperados intentos, y ante la cercanía de quedar sin fuero, (no porque se lo retiren en la Cámara Baja sino porque el próximo año dejará de ser legislador) el diputado federal, Alberto Silva Ramos, fue retachado en su solicitud de amparo ante el Poder Judicial Federal.
 El ex coordinador de Comunicación Social en el gobierno de Javier Duarte es uno de los cuatro que fungieron en el cargo, además de Gina Domínguez Colío, Juan Octavio Pavón e Irma Chesty, acusado de haber desviado la “friolera” cantidad de 4 mil millones de pesos.  Para tener una idea esto representa al presupuesto del Municipio de Veracruz durante un trienio completo o lo que se gastaría el ayuntamiento de Xalapa durante 5 años.
   El también ex alcalde de Tuxpan ha pretendido inculpar o “cargarle todo el muertito” a Gina Domínguez, quien se ha defendido y demostró que el que se pasó de la raya fue precisamente el apodado Cisne, quien a toda costa pretende obtener un amparo judicial para detener el avance del proceso en su contra que le ha fincado la actual administración a través de la Fiscalía que ostenta Jorge Winckler quien ya no tiene tinta para tantas demandas.
 A este fracaso de la petición de amparo de El Cisne se le suma la de otros duartistas. Ayer en las resoluciones públicas del Poder Judicial se dictaron sentencias a los amparos promovidos por la propia Gina Domínguez, el ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, Leonel Bustos, director del Seguro Popular, quien fue detenido en enero de este año, el primer ex funcionario del gobierno anterior encarcelado en Pacho Viejo.
 También se le dio resolución al amparo con negativa para Corintia Cruz, ex regidora y ex secretaria general del Comité Estatal del PRI. Esta persona fue “embarrada” a su vez por la ex directora de Espacios Educativos, Xóchitl Tress quien fue encarcelada por unas horas y dejada en libertad bajo fianza.
                Silva solicitó el amparo 626/2017 ante el  Juzgado cuarto de la ciudad de México y éste a su vez remitió la promoción ante el Juzgado Primero de Distrito, quien se declaró incompetente y regresó el expediente al juzgado cuarto que en todo momento ha rechazado la petición del ex coordinador de Comunicación Social.
    Los duartistas no la traen del todo consigo, mientras que el ex gobernador ha pedido se frene la “cacería de brujas” los ex colaboradores tendrán que demostrar por si mismos su inocencia, lo que en algunos casos dista mucho que puedan lograrlo.
 
MUY EN CORTO
ROBA PELAYO ROBA.  Aquel célebre personaje al que se le gritaba “Sube Pelayo Sube”, en un divertido concurso que transmitían por televisión en los años 80s, hace recordar la triste historia y con el humor de los tuxtlecos, que parece ahora adecuarse a “Roba Pelayo roba”.
 El alcalde de esa demarcación, quien también fuera diputado local y funcionario desde el fidelismo, dejará en bancarrota al municipio que gobierna. El alcalde electo de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, denuncia que pretende heredar una deuda de más de 100 millones de pesos.
 Por mucho se ha considerado esta zona como uno de los ayuntamientos administrados con mayor transparencia, pero en esta ocasión la deuda pública que hasta 2014 no era mayor a 20 millones de pesos, se ha incrementado en casi un 500 por ciento en los 3 años y 7 meses  que lleva al frente el famoso “Chendo” Pelayo.
 Tavo Pérez ha marcado que desde un principio, consultoras indicaron que no era viable contraer nuevos créditos, incluso recordó que siendo diputado él se opuso a la contratación de más deuda y eso le generó distanciamiento con Manuel Rosendo pero finalmente se aprobó una línea de crédito para renovar la red de luminarias y para construir un ambicioso desarrollo deportivo, que a la fecha no cubre las expectativas proyectadas.
 Es decir también quedaron sobre el escritorio, y los proyectos no fueron ejecutados, pero sí el endeudamiento del municipio y el dinero “gastado”. Triste panorama le espera a ese ayuntamiento, pero Pelayo tendrá que hacer maroma y teatro para salir de esa si es que no vende su activo político o ya lo hizo, al actual partido en el poder estatal para salvar su pellejo.