2017-09-18 | 09:21:35

Aunque ha sido la noticia de la semana y ha alcanzado los mayores niveles de difusión apenas después del sismo del pasado jueves 7 de septiembre casi a la media noche, sería indolente y cómplice no abordar el tema que mantiene prácticamente al país con los reflectores de indignación y rabia hacia el asesinato de la estudiante.
Apenas el viernes fue encontrado el cuerpo de la jovencita Xalapeña, Mara Fernanda Castilla Miranda, y el sábado entregado a sus familiares, tras el brutal y aberrante hecho ocurrido en Puebla, como ya se sabe, por parte de un desquiciado sujeto producto de la descomposición social.
Este domingo la noticia de seguimiento del caso tras la aparición del cuerpo, fue primera plana en por lo menos ocho periódicos nacionales y las ocho columnas en al menos cuatro de ellos; La Jornada, El Heraldo, La Prensa y El Sol de México.
Una de las tantas reacciones al respecto parece ser la que más puntualiza las razones específicas del origen del hecho, "una sociedad, en este caso se debería decir un país en el que la impunidad y el machismo impera sobre toda armonía y convivencia social de respeto", pero además ignora totalmente la cantada equidad género.
De esta forma, y bajo la ámpula por la que se desgarran diversos sectores sociales, decenas de organizaciones civiles y estudiantes hicieron eco en una tumultuosa protesta realizada este domingo en la Ciudad de México por el feminicidio de Castillo Miranda, que fuera estudiante de la Universidad Popular de Puebla.

Se le sumaron ciudadanos que volcaron a las calles en los estados de Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Yucatán y Sinaloa.

Todos bajo la coindencia de exigir mayor seguridad para las mujeres. Algo común en la demanda de justicia era quien también se llamó María Fernanda Gutiérrez Manzano, de 27 años de edad, apuñalada en Puebla por Ricardo Cuevas Jiménez, su esposo, tras un arranque de celos.

“Ambas fueron asesinadas por ser mujeres. Ambas se unieron a la lista de feminicidios en el estado gobernado por el panista José Antonio Gali Fayad”, dan cuenta las crónicass.

Y es que en nueve meses del 2017 en esa entidad, donde fue victimada la veracruzana Mara Fernanda se contabilizan 83 casos de este tipo.

La cifra es alta pero en Veracruz en marzo del 2016 se contabilizaban en la entidad alrededor de mil 214 casos, y lo peor, según la premisa arriba citada, hasta ese momento seguían impunes en el estado.

Según cifras del Instituto Veracruzano de la Mujer, citado por el portal Sociedad tres punto cero, hasta abril se contabilizaban 50 homicidios de mujeres tan solo en los primeros cuatro meses del 2017. Aunque el organismo hacía la precisión de que no se podía catalogar a todos como hechos feminicidas.

En la marcha que encabezaron familiares de la estudiante en la capital del estado se hicieron a la denuncia, en medio del dolor, contra autoridades poblanas, pero reclamaron también lentitud en las de esta entidad.

La tía de Mara Fernanda, Claudia Miranda leyó la postura de la familia, y a nombre de ésta, cuestionó las inacciones de las entidades gubernamentales. Por ejemplo, la sospechosa de alertadado trabajo que podría ocultar el proceso que se llevó para investigar el caso de parte de la Fiscalía poblana y del propio gobierno encabezado por José Antonio Gali.

En el mensaje al Presidente Enrique Peña Nieto cuestionaron la opacidad y falta de leyes para que se aplique la justicia y que la impunidad sea la etiqueta que favorece estas acciones. Así por ejemplo, resaltaron que cada año se producen al menos 3 mil ataques contra mujeres con fines trágicos en unos cuatro o cinco estados principalmente.

Es lamentable que solo se crea que se escuchen las voces cuando sucedan reclamos por el dolor que taladra a una familia, y que contagia a la irritación social, pero solo así, bajo la presión social se impulsen protestas ciudadanas.

Pero que además se alcen las voces y pretenden que sean escuchadas, sin que necesariamente sean atendidas. Hasta ayer había un silencio total del gobierno federal del Congreso de la Unión, y de los gobernadores, a no ser sólo lo que compete al ámbito judicial.