2017-09-28 | 10:08:00

La telenovela del Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortizpor el caso de la supuesta concentración de despensas en un inmueble propiedad de Fabiola BalmoriDurazzo -titular de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Veracruz- resulta lamentable, pues ello muestra el uso político que se le está dando a ésta institución, acrecentando con ello la incredulidad y por supuesto vulnerando un principio máximo de imparcialidad.
La preocupación también se hace presente pues los veracruzanos consideran que sí esto ocurre en este momento, que se pueden esperar en pleno proceso electoral, donde el señor fiscal y sus colaboradores seguramente estarán concentrados en temas cien por ciento políticos y partidistas y los veracruzanos totalmente a la deriva; centrando todo el personal e infraestructura a inventar ¡perdón, integrar! carpetas y acusar a personajes opositores con el fin de obtener el mayor número de votos en su favor.
En un total abuso de autoridad fueron detenidos ingenieros y el esposo de la funcionaria municipal ¡vaya, justicia pronta y expedita! Pero el Fiscal ahora ha sido exhibido, pues no contaba con que esta vez, el poder judicial federal, no acepto tomar entre sus manos la bola caliente que amenaza con encenderse en breve, así es que, la tarde de ayer el Juez Quinto de Distrito determinó la liberación inmediata de los 7 detenidos por el caso de las despensas en Medellín.
Del tema, el abogado penalista, Fidel Ordóñez Solana, quien explicó que de una “forma irreflexiva la Fiscalía Regional zona centro Veracruz y el Fiscal Especializado en materia electoral se niegan a hacerle caso a la suspensión provisional decretada en beneficio de los detenidos en el asunto de las despensas y todos son miembros del comité del Colegio de Ingenieros del estado de Veracruz”.
Explicó que la resolución del juez de distrito versa sobre que, la detención en flagrancia, ni en caso urgente y sobre todo no medió con anticipación a la privación de la libertad una orden de aprehensión; los detenidos son Juan Antonio Pinilla –esposo de Balmorí- y los ingenieros: Gerardo Zárate, Ronie Rogelio Barrios, Ángel Daniel Hernández, César Galicia Fernández, Jesús López Martínez y José Alfredo Herrera Amaya.
Los ingenieros –a decir del abogado postulante- informaron que los amenazaron para que declararan, contraviniendo lo establecido en el artículo 20 Constitucional, que ofrece el derecho a guardar silencio luego de ser detenida una persona. “Como no tienen pruebas, están obligando a declarar y nosotros nada más vamos a esperar, ellos lo echaron a perder, entonces que lo arreglen”. ¡Qué tal, al viejo estilo de la policía judicial, de aquellos tiempos que los hoy panistas tanto criticaron!
En resumen el señor Fiscal solo tiene como material probatorio unas fotos, pero ningún indicio que permita la certeza al juzgador de que se estaba cometiendo un delito o que éstas fueron adquiridas con recursos públicos o a través de alguna donación y desviadaspara fines políticos, pues las despensas a diferencia del caso -Yunete- no presentaban ningún logó y las imágenes no pueden demostrar un fin político, electorero o ilícito respecto de la mercancía encontrada.
Co estas acciones solo se abona a la falta de credibilidad de las instituciones y así mientras el escandalo les duro unas horas y los reflectores se trasladaron al tema, ahora tendrán que demostrar y sustentar la acusación, pues los afectados -con la temporal privación de la libertad- podrán promover las medidas que consideren pertinentes, pues se les ha causado un daño moral. Un teatro con fines completamente electorales. ¡Tristemente así las cosas con la Fiscalía General del Estado!