2017-12-12 | 08:08:00

Hablar de seguridad pública, es además de referir una obligación ineludible del estado, es hablar de un derecho humano preponderante; “la seguridad pública es la premisa general y piedra angular sobre la que descansa el respeto a los derechos humanos” –como lo ha referido el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez- pues queda claro que, la eficacia y el libre ejercicio de todos los demás derechos como la igualdad, vivienda, educación, salud, libertad de expresión, información, religión, trabajo, legalidad, entre muchos otros, requiere un contexto en el que, la vida y la integridad física de las personas, así como su patrimonio, se encuentran protegidos, mediante una convivencia pacífica entre personas, tarea que recae en las autoridades.
De ahí que resulta indignante, ignorante, ofensivo, grosero, aberrante, perturbador, autoritario y carente de toda actitud proveniente de un hombre civilizado que se refiere reiteradamente al estado de derecho, amenazar con retirar la seguridad; ayer el Gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares insistió en su descarriada advertencia a los alcaldes electos –sobre todo a los emanados de MORENA- sobre la posibilidad deretirarles la seguridad pública, sí antes del 31 diciembre no solicitan el apoyo del Grupo de Coordinación Veracruz y es que ayer, durante la firma de convenio con autoridades de 23 municipios del estado para la restitución de sus policías, una vez más, lamentó la ausencia de los alcaldes de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero; Coatzacoalcos, Víctor Carranza; Francisco Velázquez de Poza Rica y Nicolás Reyes de Minatitlán, por lo que, les lanzó un “ultimátum”,insistiendo que, de no requerir el apoyo, serán ellos quienes tendrán que hacerse cargo de la seguridad de sus municipios. ¡Lamentablemente no es broma; en realidad el mandatario veracruzano cree que la seguridad pública es a capricho de quien ostenta el poder como titular del poder ejecutivo del estado! ¡Qué mal estamos señor Gobernador ¿en qué momento perdió el rumbo?!
Habrá un triste asesor a su alrededor que le explique al Gobernador que la seguridad pública es un derecho humano no solo nacional, sino internacional y mundial, al que están obligados las autoridades. La seguridad no es una bandera electoral y los alcaldes no tienen que suplicarle, ni pedirle el favor, simple y sencillamente es su obligación y así lo estipulan tratados mundiales, internacionales, leyes y demás disposiciones que precisan el inalienable derecho de los ciudadanos a contar con las garantías de seguridad que les permitan una vida plena y con ello ejercer y disfrutar el resto de los derechos humanos. ¿Alguien podrá leerle al menos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo nueve? que refiere claramente -en su última reforma de enero de 2016- que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Es decir es una obligación de los tres niveles de gobierno, que no significa subordinación de los ayuntamientos o suplica –como al parecer Linares lo quiere- de los munícipes. Ahora bien, sí la Constitución no le basta hay que referirle que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que México es parte, en su artículo 3, señala que la vida, la libertad y la seguridad son derechos inalienables, pues se trata de, derechos humanos que ninguna autoridad tiene que reconocer, conceder o ceder, pues son personales, exclusivos, inseparables, esenciales a la cualidad humana del ser. Así es que Yunes Linares y su amenaza plagada de ignorancia, no tiene sustento alguno, pues no puede por un capricho político, privar a los ciudadanos de la seguridad pública, toda vez que ésta se ejercer a través de recursos humanos y materiales provenientes de recursos públicos, es decir del dinero que los propios ciudadanos entregan al gobierno a través del pago de impuestos, luego entonces él es solo un representante del pueblo, obligado a actuar apegado a derecho, respetando la ley y anteponiendo el interés de los ciudadanos a cualquier capricho electoral; hablar de quitar la seguridad a municipios que no se lo piden o no acuden a sus reuniones, es atentar contra el derecho humano fundamental que es la seguridad pública.
Señores asesores del titular del poder ejecutivo ¡para ser hay que parecer; por favor pónganse a leer! La seguridad Pública es un derecho humano no solo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, la Corte Interamericana, a través de diversas sentencias que hoy son vinculantes para todos los jueces mexicanos, ha establecido puntualmente que “los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas, y evitar los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos […] que no sólo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo […]” ¡¿así o más claro?!