Amedrentan a investigadora de la UV por expresar hechos que incomodan a gobierno actual

Apropósito del abuso de autoridad que abordábamos recientemente y de la persecución a través de la Fiscalía a personajes incomodos o a quienes difieren de los discursos oficiales, ayer como ya es su costumbre la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz –convertida en un órgano sumiso y de persecución- determinó citar a declarar a la Investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza, quien reveló durante la presentación del proyecto “UV como constructora de Paz” que 9 alumnos de ésta casa de estudios han sido secuestrados y al menos 27 levantados.

Lo anterior irritó a las autoridades veracruzanas, quienes fiel a su estilo consideraron –estratégicamente correcto- citar a la investigadora, con una celeridad que impresiona; Rosío Córdova quien además refirió que un 20 por ciento de la comunidad universitaria ha sido víctima de un hecho delictivo, es ahora intimidada por la Fiscalía, quien en un citatorio -impreciso, vago, absurdo y hasta mal sustentado- se le señala fecha y hora en la que deberá de comparecer, pero que en ningún momento reúne los requisitos mínimos.

En primer momento, el referido documento no sustenta su acción en los artículos 90 y 91 que justifican éste acto y que además establecen los requisitos que se tienen que cubrir; para iniciar habría que recordarle al flamante Fiscal Especial en la búsqueda de personas desaparecidas y a su jefe el Fiscal General que se le cita a la investigadora con menos de 24 horas de anticipación, pues es entregado el día 22 y se le requiere comparecencia para el 23, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que, se deberá citar “cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto”.

Además dicho documento es impreciso, amenazante y solo intenta confundir, pues carece de la normatividad legal, al no acatar lo dispuesto en el artículo 91 que refiere que dentro de las obligaciones que dicho citatorio debe incluir, está el precisar el objeto de la misma y el procedimiento del que se deriva y es el referido escrito en ningún momento justifica o explica y por el contrario solo hace alusión a una carpeta de investigación.

Tampoco refiere en calidad de que se le requiere, es decir, de testigo –el motivo- o bien como imputada, por lo que deriva en lo absurdo e injustificado que significa una cita de este tipo que no reúne lo establecido por la propia ley, luego entonces como es evidente, se trata solo de intimidar a quienes incomodan al actual gobierno con sus declaraciones o bien con sus acciones, confirmando así –como se ha reiterado insistentemente- que la Fiscalía de Jorge Winckler es solo un instrumento de persecución para quienes se atreven a cuestionar al gobierno en turno.

Mediante comunicado la Fiscalía justificó que intenta recabar “datos de prueba” que sustenten la información que vertió la catedrática, cuando la misma explicó ya a medios de comunicación las bases que dieron origen a dichas cifras. Aunque el comunicado intenta depurar los errores y omisiones cometidos en el citatorio al aclarar que se la requiere como testigo, el documento no lo sustenta así. No conforme con lo anterior también la Fiscalía refiere que se giró solicitud de informe a la Rectora de la Universidad Veracruzana, para que remita la información que soporte los datos dados a conocer por la académica de dicha Casa de Estudios, “lo anterior, para estar en posibilidades de investigar los hechos referidos por Rosío Córdova Plaza, los cuales, según su dicho, no han sido denunciados ante las autoridades competentes”.

La investigadora declaró que lo que ocurre actualmente es que, en Veracruz se ha generado una condición de vida inestable, por la ruptura del tejido social “tenemos miedo de nuestro vecino, de quien puede pasar a nuestro lado cuando caminamos por la calle y esa es una condición de vida muy frágil e inestable”. Cabe precisar que el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que si bien es cierto que toda persona tiene la obligación de testificar, pero no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal, es decir, la investigadora solo reprodujo datos aportados en una encuesta entre jóvenes y notas periodística, hechos que no representan ningún acto constitutivo de delito.

Lo único claro en el actuar de la Fiscalía General, es que lejos de investigar hechos delictivos, se ocupan en perseguir a quienes expresan el sentir de millones de veracruzanos. Debería Jorge Winckler investigar cómo es su obligación hechos delictivos y no perder el tiempo y hacer mal uso del recurso humano y económico solo para amedrentar a quienes incomodan al jefe supremo con sus expresiones ¡así las cosas en nuestra entidad!.