Tras la detención de dos funcionarios menores de la Fiscalía General del Estado, ha quedado más que expuesta la teoría de que, se protege a los altos funcionarios y se intenta simular justicia con ex subordinados, y es que con motivo de la aprehensión del ex director General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y de la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, la primer interrogante fue ¿y Luis Ángel Bravo, ex Fiscal General, para cuándo?

La citada interrogante obedece a una lógica sustentada, pues es evidente que los referidos funcionarios, como muchos otros, no actuaron solos, infaliblemente obedecieron ordenes, por ello llamó la atención que mientras el ex Fiscal se muestra despreocupado y hasta se paseapor algunas ciudades del estado y sale a correr al malecón de Veracruz, sean única y exclusivamente sus colaboradores los aprehendidos, y es que, al menos –refirieron veracruzanos- debería ser citado por los hechos que se le imputan a los hoy detenidos.

Fue el 26 de noviembre de 2016, cuando el entonces Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció que dejaría su encargo a partir del primero de diciembre, una vez iniciada la administración de Miguel Ángel Yunes, bajo el argumento de no ser un factor de división política para la entidad ¡sí bajo esa absurda justificación se cobijó para irse tranquilamente!

Y es que, es oportuno precisar que con la reforma promovida por el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa a la Constitución Política del Estado en enero de 2015, quedo establecido que,  el Fiscal General duraría en su encargo nueve años, por lo que removerlo de ahí sería sumamente complejo; de ahí que su salida se trató –como propios diputados locales lo denunciaron en su momento- de una negociación.

La finalidad fue que Bravo entregara desde el primer día de gobierno de Miguel Ángel Yunes a Jorge Winckler y para hacerlo posible le informaron al Fiscal que si renunciaba no se iniciaría procedimiento alguno en su contra, por lo que –dijeron legisladores- el ex Fiscal renunció presuroso y sin objeción alguna, pese a que el hoy Gobernante anunció en campaña que procedería en su contra por las irregularidades cometidas durante su encargo.

En campaña, el hoy gobernador manifestóque las denuncias que él  había interpuesto en contra de Javier Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito, fueron congeladas por Bravo Contreras y acusó que éste era única y exclusivamente el brazo persecutor de los enemigos políticos del gobierno del estado de Veracruz, pues incluso en alguna ocasión ordenó el cateo de una de las residencias de Miguel Ángel YunesMarquez, alcalde de Boca del Río; lo que hoy es precisamente Winckler del gobierno en turno.

Habrá que recordar que, Bravo Contreras fue nombrado Fiscal el 30 de enero del 2015, por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y éste debía ocupar el cargo hasta el año 2024; de ahí que en aquel entonces la reforma propuesta por Duarte fue severamente cuestionada pues pretendía imponer a Bravo durante la administración del panista, pero no contó con que éste arreglaría su salida y entregaría la Fiscalía para no ser cuestionado o bien procesado por los señalamientos que colectivos de desaparecidos realizaron en su momento.

Durante la referida administración de Luis Ángel, los hoy detenidos -Gilberto Aguirre Garza, y Carlota Zamudio- fueron sus colaboradores, de ahí el gran cuestionamiento ¿y porque no emprenden acciones en contra del ex jefe de éstos dos funcionarios de menor rango? La respuesta está en lo antes referido; así es que de no actuar en contra del ex fiscal, los rumores y las sospechas así como los señalamientos continuaran y con ello la debilitada credibilidad de los veracruzanos al gobierno actual que encabeza el panista Miguel ÁngelYunes Linares.