El propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información solicitó no ignorar la reciente designación del Fiscal Anticorrupción en Veracruz,argumentando así que su presencia en la Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), obedeció “exclusivamente a un mandato constitucional”; sin embargo, consideraron invalido e inconsistente el nombramiento de Marcos Even Torres Zamudio; un nombramiento cuestionado.

Así diferentes instituciones han descalificado desde su imposición a la fecha, la manera en la que llegó. IVAI recordó que el artículo tercero transitorio de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz señala que dicho nombramiento debía llevarse a cabo dentro del plazo de treinta días posteriores a la toma de protesta de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), acto que ocurrió el 13 de junio pasado y ello no ocurrió.

Así pues, pasado el proceso electoral, llegó la urgencia por imponer a Marcos Even. Este día vence el termino para que, quienes se sientan agraviados por dicha designación presenten los amparos respectivos; a la fecha dos de los ex aspirantes lo han presentado, se trata de Jeremías Zúñiga Mezano y Jorge Yunis  Manzanares.

Hoy lo harán Juan David Ovando Aguilar, Enrique Renteria y Felix Manuel Méndez y así los ex aspirantes esperarán la resolución de los jueces de distrito, quienes en primer momento determinarán sí conceden o niegan la suspensión definitiva. Jeremías Zúñiga ha insistido en la importancia de la legalidad y legitimidad, de las cuales carece el citado nombramiento, por lo que, cualquier acto de Even sería prácticamente invalido.  Juan David Ovando ha referido que los amparos presentados y por presentarse este día, relatan las irregularidades que existieron en la designación, como omisiones legislativas, imparcialidad y la falta de respeto a la igualdad, a las garantías y a los derechos de los aspirantes.

A ello se suman las violaciones en las que se incurrió con el citado nombramiento; los aspirantes han insistido en que, existen elementos suficientes para desechar el nombramiento. Ovando Aguilar ha precisado que, con los amparos en trámite se podrá dejar sin efectos el nombramiento del Fiscal Anticorrupción donde se violentó la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento Interior y la propia convocatoria, así como, los Derechos Humanos de los aspirantes, en cuanto a las garantías de igualdad y demás principios.

Y es que, resulta ofensivo y evidentemente ilegal, la designación del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción  quien  se supondría tendría que velar  por los intereses  de la sociedad y al emanar de un procedimiento viciado no reúne los requisitos básicos para ejercer, pues contraría los principios básicos del Sistema Nacional Anticorrupción; además de los amparos presentado hay que recordar que, se promoverá una acción de inconstitucionalidad ¡así las cosas en nuestra entidad querido lector!.