domingo, 23 de junio del 2024
 
Por Silverio Quevedo
Columna: En la Mira
Corrupción,Tema Morenista
2018-08-16 | 19:21:00

Pocos se han atrevido desde el Congreso Local ha hacer señalamientos contra la administración estatal en turno. Quizá una de las aguerridas aunque con intervalos, sobre todo cuando se inició la seducción o coacción de los diputados de MORENA para colaborar sumarse o sumirse ante el proyecto de Miguel Angel  Yunes, fue la diputada local, Daniela Griego.


   Griego Ceballos fue una de las más combativas y quien seguramente ahora está más entretenida en la anulación de su constancia de mayoría que a fines del mes pasado le dictaminó la Sala Regional del Tribunal Federal en torno a su elección como diputada federal por el distrito de Xalapa.


  Llama mucho la atención por cierto que se haya consumado la revocación cuando también se hizo como diputada local.


Pero antes, y desde hace mucho, que otro legislador comenzó a despuntar y quien trae el tema consigo para no permitir que pase de noche todo lo concerniente a la posible corrupción que se tenga en este gobierno.


 Se trata de Zenyazén Escobar García quien ha enarbolado la bandera de crítico ante los diversos casos de corrupción. Según éste dos asuntos merecen atención.  Uno de ellos, la construcción de las ciudades judiciales donde uno de los principales actores que estarían involucrados es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Alvarez Peña.


 Pero en la implicación de los empresarios a los que según el legislador, se ha beneficiado abiertamente, cita a los dueños del consorcio propiedad de la familia Ruiz quienes obtuvieron el contrato para la edificación de las 16 ciudades judiciales aprobadas por más de mil 300 millones de pesos, con lo que se “dejó afectado el presupuesto del Poder Judicial durante 25 años”.


  El coordinador de la fracción legislativa no deja de soslayar que es más que sospechoso que se haya beneficiado a la empresa de los Ruiz por lo que “huele” a corrupción y que sean quienes también estén muy cercanos al gobernador. Por ello, según Zenyazén es necesario poner especial atención en estos contratos y no permitir que sigan adelante.


 El oriundo de Río Blanco retoma en lo que pareciera ser que está integrando un amplio expediente, el otorgamiento de la concesión prolongada también por 30 años de la autopista Veracruz-Xalapa y que administra dicha familia a través de la firma Promotora Malibrán.


 El manejo del peaje no solo es concedido a la compañía por 3 décadas más junto con el mantenimiento de la misma, sino que constantemente al menos cada 2 o 3 años ajustan en incremento el costo del mismo, por lo que obtendrían hasta 8 veces más lo que ingresó a las arcas de las finanzas estatales por ese concepto.


 Y sin quitar el dedo del renglón ahora Zenyazén se mete a la secretaría de Educación de Veracruz.


Apenas ayer denunció una presunta madeja de corrupción en esa dependencia con la asignación de plazas, según las versiones, a militantes del PAN y PRD.


 Sin duda que el diputado parece no cejar en esta cuestión, bandera que por cierto es con la que se ha conducido el actual régimen durante lo que lleva del bienio.


 


MUY EN CORTO


AL ESTILO AMLO. El secretario de Gobierno del gobierno electo en Veracruz, Eric Cisneros Burgos dio nota este miércoles. Y no precisamente por una cabalgata que encabezó en la localidad El Pueblillo en Papantla, donde atendiendo a diversos reclamos  trata de hacer ver que ya hay que empezar a trabajar desde ahora, sino porque definió como sería el siguiente gobierno de Cuitláhuac García.


 La próxima administración va encaminada a ser regional. Es decir, marcar una atención según las necesidades propias y sus respectivos áreas productivas. Por ejemplo en el totonacapan con su producción citrícola y ganadera.


 Lo que será diferente en los programas y dependencias con su enfoque por zonas más no en el mecanismo  de gobierno, pues no es lo mismo con el norte en la sierra de Chicontepec por ejemplo que con los indígenas de las superficies altas en Zongolica.


 Fue claro pues, que será descentralizado y no se concentrará en la capital el manejo de este régimen que iniciará el 1 de diciembre, y del que el gobierno de Yunes iniciará la transición en noviembre, ajustándose a la Ley según se ha dicho.


 


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