El fuero es para algunos políticos como la novela “Casi el Paraíso” escrita por Luis Spota, personaje con un aguzado olfato periodístico e intuitivo conocedor de las entretelas de los poderosos.

El libro aborda el retrato hablado de una clase social que esconde su mediocridad detrás del lujo y el autoritarismo.

Ahí, el robo, la traición y el asesinato, son el pan nuestro de cada día.

El fuero protege a una clase política de no ser sujeta a procesos judiciales.

Este escudo (impunidad) temporal tiene ventajas, pero también fecha de caducidad.

Lo bueno para quién lo posee, es que no puede ser detenido por las autoridades policiacas ni judiciales, así haya cometido delitos considerados como graves.

“Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas”, señala la Constitución de Cádiz, proclamada en las Cortes de España en marzo de 1812.

Nuestra legislación incluyó el tema en la Constitución de 1824 para proteger a legisladores y, más tarde, se extendió a funcionarios públicos.

En México, gozan de este privilegio el presidente, gobernadores, legisladores, ministros, magistrados y alcaldes.

Pero no todo es miel sobre hojuelas.

Hay una vía para eliminar este beneficio jurídico. Se llama Juicio de Procedencia, que es ejecutado por diputados, ya sea con sus pares o con otros funcionarios.

El primer desafuero ocurrido en México fue en 1909 contra el diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del ex presidente José López Portillo (1976-1982), acusado de fraude.

En total se han presentado 9 casos.

El más reciente en junio del 2016, cuando fue desaforada la diputada panista de Sinaloa, Lucero Sánchez por su relación con el “Chapo” Guzmán; usó documentos falsos para visitarlo en el penal del Altiplano.

En 2005 el propio Andrés Manuel López Obrador fue acusado de violar una orden judicial por construir una calle en un terreno expropiado.

Las críticas al fuero ---que por cierto puede desaparecer muy pronto--, han sido porque se considera que fue instituido como “una carta al portador” para cometer delitos o evadir responsabilidades previas.

Es el caso de algunos diputados federales veracruzanos que han utilizado este beneficio para evitar ser recluidos en Pacho Viejo, por el desgarriate que dejaron en la administración de Javier Duarte.

Los llamados “Niños de la Fidelidad” que se graduaron como integrantes de “La Banda del Duartismo”, van a cumplir tres años de impunidad.

Al menos siete son señalados de enriquecimiento ilícito.

La lista es liderada por Alberto “El Cisne” Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá, los más cercanos a Javier y Karime.

A Beto Silva se le armó el expediente FGE/FIM/CI/36/2017 en la Fiscalía del Estado por las presuntas operaciones fraudulentas que realizó en Comunicación Social, al hacer pagos a empresas fantasma.

Incluso se solicitó su desafuero, pero sus compañeros del tricolor frenaron el Juicio de Procedencia.

En una semana más, el acérrimo “francotirador” tuitero de Duarte estará sin protección y en la mira de la “escopeta” del gobernador Yunes Linares.

Otro que tiene un expediente abierto es Antonio Tarek Abdalá; solicitaron su desafuero, pero su partido lo protegió.

A este personaje se le señala de haber desaparecido miles de millones de pesos del Seguro Popular cuando fungió como tesorero de SEFIPLAN.

En la lista de los más buscados pero que goza de impunidad, aparece también Edgar Spinoso, de quien se dice y se asegura que devolvió un avión y un helicóptero, así como dinero en efectivo, pero sobre ese “vómito negro” nadie sabe, nadie supo.

A Jorge Carvallo se le responsabiliza de irregularidades en 2013 en la Sedesol de Veracruz por más de 3 mil millones de pesos y existen dos carpetas de investigación: PGR/SIEDO/03/034/2017 y la PGR/SIEDO/TAMP/076/2017, por lavado de dinero.

Los notables siguen con Adolfo “Fito” Mota, quien desvío de la SEV 325 millones de pesos.

Y cierra el círculo de “oro” Erick “Chilly Willy” Lagos Hernández.

Es señalado por delitos de daño patrimonial y la PGR lo liga con Raúl Lucio Hernández, “El Lucky”, jefe Z quien presuntamente le depositaba 30 millones mensuales cuando era subsecretario de Gobierno.

Para estos “gestores” duartistas el fuero ha sido sinónimo de altivez, soberbia y arrogancia. “Casi el Paraíso”.

La cuenta regresiva está en marcha; ahora deben enfrentar su situación jurídica.

Les quedan 7 días de impunidad.

Al jefecito de toda esta pandilla brava, Javier Duarte, la PGR le retiró el delito de delincuencia organizada en su contra y lo reclasificó por el de asociación delictuosa.

Con esta decisión, el ex mandatario podría litigar su caso en libertad.