Tras esa necedad abrumadora hay un marcado abuso de autoridad, se trata no solo de interés por colocar a cercanos en magistraturas y juzgados, sino de cumplir compromisos, pero además de mostrar poder aun no estando, algo acostumbrado entre quienes olvidan que ningún poder del estado u oficina gubernamental, es una oportunidad para perpetuarse.

Ayer, Edel Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo que no hay madruguete, ni ilegalidad en el hecho de comisionar a jueces para atender asuntos pendientes en salas con vacancias, pues dijo será el próximo gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien proponga a los nuevos magistrados; eso sí, el Presidente del Poder Judicial en la entidad dijo que los jueces comisionados a las salas para atender las funciones de magistrados tienen 30 años de servicio.

Dice Álvarez que, lo que se busca, es fortalecer la labor jurisdiccional que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado aminorando la carga de trabajo, pero lo cierto es que, tras esas acciones se esconden estrategias con fines de permanencia, pues lo que no dijo es que, están siendo designados algunos colaboradores improvisados como jueces y asignados en los espacios donde titulares se han ido a ejercer funciones de magistrados.

En tanto que los jueces comisionados al contar con carrera judicial y trayectoria, buscarían permanecer mediante la promoción de amparos evitando que los propuestos por el próximo Gobernador y confirmados por el Congreso del Estado puedan ejercer. Ayer circuló en redes que nuevos “jueces” han llegado a los espacios que han dejado quienes asumieron desde este lunes el cargo de magistrados interinos.

Lo propios trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz aseguran que se trata de una estrategia amañada y han referido que como nunca antes en la historia de la entidad de éste poder, se ha ejercido un acoso laboral desgastante, generándose al interior una estresante situación que impide el buen desarrollo de quienes deberían ejercer en condiciones estables y con estricto apego a la legalidad, contrario a ello se vulneran derechos.

Ayer mismo, diputados locales electos de MORENA acusaron, que Álvarez Peña, busca designar “magistrados comisionados” en franca afrenta a la Constitución Política del Estado.

Lo cierto es que de continuar en esa cerrazón por emprender argucias legales y estrategias mañosas que busquen imponer jueces, el Presidente del Poder Judicial podría buscarse serios problemas al ser denunciado por prácticas que podrían ser constitutivas de delitos como tráfico de influencias y abuso de autoridad y emprender un juicio político en su contra.

Cabe recordar que el juicio político es un procedimiento de orden constitucional, potestad del Poder Legislativo para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos; evidentemente en un procedimiento de esta índole se tendría que demostrar que se incurre en actos u omisiones que perjudiquen intereses públicos, lo cual podría comprobarse con las acciones del titular del Poder Judicial ¡así las cosas, nos leemos mañana queridos amigos!

@magzamu