Finalmente, y sin justificaciones contundentes, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña logró su capricho al desaparecer con el aval de un pleno afín, la séptima sala, presidida por el magistrado Raúl Pimentel Murrieta e integrada también por los magistrados Alberto Sosa Hernández y Martha Ramírez Trejo.

Lo argumentado por Edel Álvarez Peña fue que el trabajo ha disminuido por lo que consideró innecesaria la existencia de ésta sala, pero lo que jamás explicó fue porque precisamente la séptima y no otra.

Es evidente para las mayorías que se trata de un capricho, puesto que es precisamente esa sala donde no ha encontrado eco a sus abusos, mientras que gran parte de los magistrados parecieran haberse sometido.

Lo mostrado ayer dan cuenta del abuso de autoridad que se ejerce en el Poder Judicial, pues abogados ahí presentes y periodistas dieron cuenta del exceso de seguridad que intentaba bloquearles el acceso al sexto piso donde sesionaría el pleno y donde ya se esperaba la medida abusiva y excesiva de eliminar una sala.

En total incongruencia se observan las acciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, argumentaron abogados que esperaban ingresar al inmueble donde se realizaba la sesión de pleno –hecho que jamás ocurrió- pues sin argumento alguno se le dio la categoría de privada a dicha reunión, donde presidentes de sala a modo levantaron la mano en respaldo al capricho del también empresario de medios de comunicación.

Así, sin importar los argumentos del magistrado Pimentel, se votó la desaparición de la séptima sala con el aval de Marco Antonio Lezama Moo quien de la nada se presentó como presidente de la primera Sala, cuando éste se encontraba adscrito a la tercera y no existía documento alguno que lo avalara como tal, así como Vicente Morales Cabrera por la segunda sala.

De igual manera votaron a favor Julio César Contreras Fernández como presidente de la tercera sala; Víctor Manuel César Rincón por la cuarta; Beatriz Rivera Hernández por la quinta, Roberto Armando Martínez Sánchez en la sexta; en la octava Fluvio César Rafael; en la Constitucional, Lizbeth Hernández Ribbón y por supuesto el del Presidente del Tribunal, Edel Álvarez Peña; evidentemente único el voto en contra fue del presidente de la séptima sala, Raúl Pimentel Murrieta.

En el acuerdo se informó que será el 14 de septiembre el último día de labores de dicha sala y se citará a una nueva sesión de pleno para determinar la adscripción de los magistrados y demás colaboradores.

Como era de imaginarse los magistrados que consintieron la desaparición no dieron la cara a los medios de comunicación, ni a los juristas que se encontraban a las afueras de la sala de sesiones del pleno y quienes exigían una respuesta ante tanta arbitrariedad.

Se sabe que los flamantes magistrados no sustentaron su consentimiento, solo se limitaron a levantar la mano y agachar la cara; lo más preocupante es que éstos son quienes se encargan de impartir justicia en la entidad y actúen de manera sumisa, pisoteando la legalidad y dando paso a negociaciones o acuerdos ¡en manos de quien estamos!

El Presidente de la Séptima Sala, Raúl Pimentel dio a conocer que analizan la posibilidad de emprender las acciones legales pertinentes para inconformarse por la arbitrariedad ayer cometida; por cierto, que, el flamante Secretario de Acuerdos del Tribunal y hombre cercano al Presidente, Andrés Domínguez Fernández dijo que tanto los magistrados como el personal que integraba la séptima sala serán reasignados a otras áreas, por lo que, es claro, no se trata de una medida de austeridad.

En fin, queridos lectores, aseguran abogados y juristas que aún falta mucho por ver en el Poder Judicial de Veracruz, donde pareciera que más de uno a enfermado de poderío, emprendiendo acciones que tarde o temprano los alcanzarán, mientras tanto Álvarez Peña intenta no solo blindarse, sino cumplir compromisos adquiridos y garantizar una permanencia laborar a sus cercanos. ¡así las cosas, nos leemos mañana queridos amigos!

 @magzamu