No debe tolerar el gobernador Cuitláhuac García que los bienes que le serán decomisados al recluso veracruzano el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por un valor estimado en 800 millones de pesos, se los entreguen a Miguel Ángel Yunes Linares porque al igual que hiciera con otros recursos de Duarte se han esfumado.

No se mide el choleño y se quiere quedar con esos 41 inmuebles que le han incautado al ratero más grande de la historia de Veracruz.

Con el sobado pretexto de que dichas costosas propiedades fueron adquiridas con recursos públicos que afectaron el bienestar de los veracruzanos, quieren que se las entreguen a él. Son de lujo los departamentos en refinadas colonias de la ciudad de México, así como en distinguidos centros turísticos de Guerrero.

Debe estar muy preocupado Yunes por conocer esos inmuebles y quienes los tienen en su custodia o en arrendamiento. Así como el uso de los grandes terrenos hasta de 80 hectáreas en estados del sureste mexicano.

García Jiménez debe pedir que se lo entreguen a la nueva administración para poder trabajar, ante la advertencia del gobernador Yunes que se llevará todo y dejará las arcas vacías.

La ignorancia impera en los congresos

En el estado de Veracruz la reelección de los diputados era impensable se burlaba esa prohibición por los llamados chapulines que brincaban a diferentes cámaras para seguir en las nominas oficiales.

Lo cierto es que la mayoría de los integrantes de los congresos cuya característica principal es una total ignorancia en los temas y problemas fundamentales del país y en caso concreto de la entidad.

El nivel académico que exhiben en sus documentos es muy bajo.

La absurda venganza en contra de Nemi Dib

De lo más absurdo es la acusación en contra del exdiputado federal Juan Antonio Nemi Dib, al responsabilizarlo de la calidad de los materiales de construcción que fueron utilizados durante la edificación de la torre pediátrica del puerto de Veracruz, la cual quedó terminada varios años después del corto tiempo que estuvo como secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El licenciado en Ciencia Política de la UAM, no tiene nada que ver con actividades de un ingeniero civil especializado en resistencia de materiales.

El cordobés tampoco participó con el arquitecto que elaboró el proyecto ni los ingenieros de la empresa constructora que le otorgaran el contrato.

Es más que obvio que se trata de una venganza por algo personal de la actividad política persecutoria del gobernador Yunes Linares, que en el pasado fueron aliados en un proyecto electoral.

Juan Antonio hace años se sometió a un proceso en contra de su obesidad y requiere cuidados intensivos, que en el reclusorio del estado no los pudo recibir por lo que ya había sido enviado a un hospital y ahora a un arraigo domiciliario para seguir purgando un delito en él que nada tuvo que ver.