De acuerdo a versiones dadas a conocer por la fuente de Morena sobre el polémico enfrentamiento que se avecina, cuando se inicie el proceso de transición del gobierno del estado, también se preparan algunas acciones a nivel federal en contra del gobernador Yunes Linares y varios miembros de su gabinete.

Tienen conocimiento de lo que los nuevos opositores también elaboran algo intenso, continuo e insensato de carácter mediático en contra del gobernador Cuitláhuac García, para enturbiar la toma de posesión del nuevo gobernante.

Como se anticipaba en este espacio la atropellada guerra política entre el que se va y el que llega, es muy diferente al cambio aterciopelado del gobierno federal que se desarrolla en la ciudad de México.

Lo malo o lo bueno según se vea de la política a la mexicana,  es el especial poder de convencimiento que tiene el gobierno federal para que los insubordinados  que no obedecen las combatidas y nuevas disposiciones emanadas por la nueva administración sean acatadas… por la buena o por la mala.

El moche priista de siempre

La escuela política que se había implantado en el PRI de Veracruz, era el famoso diez por ciento fue lo que motivó al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa a robar la suma de 35 mil millones de pesos con la confianza que había entregado para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto 3,500 millones de pesos que correspondían al porcentaje establecido por los funcionarios del partido tricolor.  Por eso la seguridad que había mostrado durante su administración que sería intocable mientras se mantuviera la hegemonía priista en la entidad.

Los últimos gobernadores se equivocaron en la designación de sus sucesores desde Miguel Alemán con Fidel Herrera, el de Nopaltepec con Javier Duarte,  este último al pelearse con Héctor Yunes y perder el amparo e impunidad que siempre habían tenido los priistas.

Ahora la  PGR acusa a jueces federales

Como los tiempos políticos van  a cambiar, la PGR  se quiere amarrar el dedo y ahora acusa al sistema de justicia de ser culpable de perdonar a  funcionarios del gobierno federal, gobernadores y familiares ante la pasiva actitud  de los jueces de no actuar apegados a lo que la  justicia exige, de no imponer castigos penales  ejemplares  que debieran aplicarse a estos cínicos delincuentes.

Los casos de Odebretch, Javier Duarte, Karime Macías, Emilio Lozoya, los expedientes guardados y su actitud de no ratificar denuncias del gobernador Miguel Yunes,  no debieran de existir.

El subprocurador Felipe Muñoz Vázquez denuncia a las autoridades judiciales y hasta la propia Secretaría de Hacienda de componendas y arreglos inexplicables para que no se pueda aplicar la ley. Así como acusar a la embajada de Brasil de no proporcionar información sobre la empresa de aquel país, que recibiera a cambio de los sobornos, contratos millonarios otorgados por Pemex.

Tienen miedo en la PGR de que los acusen de cómplices o encubridores.