Lo ideal sería ¡claro! que lejos de los procesos legales que se sigan en contra del Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, éste comparezca cuanto antes; es urgente que lejos de su necedad por continuar al frente de dicha instancia, responda a todas las interrogantes de la población, que los diputados locales tendrán la obligación de recoger para cuestionar al abogado yunista.

Ortiz pareciera encaprichado en ahí mantenerse y los panistas insistentes en conservar ese escaso centro de poder, desde donde –según sus acciones- buscan poner en apuros al gobierno de Cuitláhuac García y a los propios diputados de Morena.

Eso sí, muchos de los legisladores emanados del partido más empoderado del país tendrán que ponerse a estudiar y leer porque se les nota muy desinformados y pareciera que los azules ya les agarraron el modo.

Muy pocos logran defender e insistir en la autonomía de la Fiscalía, son contados y sus participaciones muy notorias, el resto solo mira mostrando total desconocimiento.

Lejos de la gran responsabilidad que tiene la mayoría en el Congreso respeto a estos temas de legalidad, procuración e impartición de justicia y derechos humanos, sin duda el Fiscal tendrá que irse como ya lo han reiterado sinnúmero de integrantes de la sociedad civil en general.

Apenas el viernes se supo que el Fiscal General solicitó un amparo y entre la premura y en la ignorancia se hablaba de que, ya se lo habían negado, generando así total desinformación que partió de un supuesto jurídico publicado –en redes sociales- por el abogado Jorge Reyes Peralta quien exponía una tesis aislada que anticipaba la derrota del abogado Yunista en los tribunales federales.

La exhibición de dicha tesis hizo considerar a muchos que se trataba –a escasas horas de haber solicitado amparo- de la resolución de un juez de distrito que negaba tal protección a Winckler y así fluyo la falsa información que desinformó.

Cierto es que mientras los tiempos trascurren y se declara la procedencia o no de dicha solicitud y se concede o no la suspensión provisional, el abogado del exmandatario tendrá que seguir respondiendo por todas sus faltas.

Apenas ayer, el abogado, catedrático e investigador, Carlos Antonio Vázquez Azuara refería en entrevista exclusiva para el corporativo Imagen del Golfo, realizada por la reportera Leticia Cruz que, si bien es cierto el Fiscal solicita protección de la justicia federal al considera afectados sus derechos, cierto es que, por otra parte se encuentra la sociedad civil que siente afectados sus derechos con el desempeño del fiscal, luego entonces aquí se podría privilegiar el interés colectivo de la sociedad civil y no el de una sola persona.

“Recordemos que el interés colectivo se pondera por sobre el interés de los particulares y, se entendería, bajo otra óptica, que modificar la norma a efectos de que pueda ser removido el Fiscal en caso de que no lleve a cabo sus funciones adecuadamente, es una cuestión que beneficia a  la colectividad, por tanto estaría por encima del interés particular, y eso sería propiciar los derechos humanos”.

Y es que como bien lo dijo el Doctor Azuara “desde una óptica jurídica, indudablemente él tiene derecho a promover su amparo, tiene derecho a que la justicia federal lo cobije en un omento dado y si no existe una situación específica acreditada del mal desempeño de sus funciones, no habría una razón jurídica para efectos de que se busque la remoción de su nombramiento.

Pero desde el enfoque político, indudablemente la efervescencia, las circunstancias que se han ventilado y algunos alcances del ejercicio que a la percepción han sido insuficientes, sí se visualiza recomendable que el Fiscal actual tuviera a bien sostener un encuentro y establecer una salida en la óptica de la negociación.

Lamentablemente, por lo que se advierte, esta última postura de salir por la puerta grande bajo una quizás renuncia o licencia según la figura jurídica que opere, es una salida que no ha visualizado, por eso ahora se están buscando los mecanismos jurídicos”.

Sin duda se trata de privilegiar el interés superior de la colectividad y lejos de la politización que se le ha dado el tema, cierto es que, existe un repruebo social hacia el Fiscal General, pues se trata de un personaje ligado al ex mandatario y que en ningún momento mostró imparcialidad, ni objetividad, por lo tanto o cumple con los principios básicos que deben regir al titular de una instancia que debería de ser 100 por ciento autónoma.

¡Así las cosas en nuestra entidad queridos lectores, tengan ustedes un excelente inicio de semana y nos leemos mañana!

@magzamu