Sí algo tendrá que aprender la actual administración, es a actuar siempre en apego a la legalidad, ese será siempre el éxito de sus acciones, lo demás son estrategias mediáticas, que, aunque seguramente escandalizarán, no rendirán frutos.

Es aquí donde hay mucho camino por andar y donde –por ejemplo- los diputados locales necesitan mucha asesoría.

Y hablando del gobierno en turno, este fin de semana, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dió a conocer que, presentará denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por las irregularidades administrativas y operativas en la implementación del Sistema Estatal de videovigilancia, realizada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y es que el panista vanaglorió de dicha acción como sí se hubiese tratado del programa más relevante en la historia de Veracruz.

Según Linares, con esta medida se combatiría el delito, pero ella nunca ocurrió. El funcionario estatal informó que al finalizar la primera fase del Proceso de Entrega-Recepción, se detectó que “solamente opera, y con deficiencias, el 34%.

En total se hizo una inversión por mil 100 millones de pesos para la contratación y operación de seis mil 316 cámaras en la entidad”.

Es decir, que todo ese recurso se desvió y mal utilizó. Ejemplos hay muchos, en municipios donde de 600 cámaras adquiridas y supuestamente instaladas, solo existen 40; en Xalapa y la región se anunció la colocación de mil 228 aparatos, pero solo son funcionales 263 y así sin número de ejemplos, por lo que, Gutiérrez Maldonado refirió que la SSP no será cómplice por omisión de malos manejos.

A la actual administración le queda claro que, Veracruz padeció en materia de seguridad por irresponsabilidades y complicidades de sus anteriores gobernantes.

Por ahora la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Gutiérrez Maldonado ha logrado rescates significativos que alientan a la sociedad veracruzana y que coadyuvan para inhibir en la entidad la práctica del secuestro.

Por cierto, otro datito para aquellos que pugnan por la salida de Winckler será indagar, los tantos hechos de corrupción en los que incurrió; ya por ahí se sabe, que éste pagó 9 millones de pesos a una empresa del dirigente estatal del PAN, José Mancha Alarcón, por una obra que además de estar “inflada” en los costos, tuvo un retraso de más de un año, aunque es sabido que esas complacencias al reciente confirmado reelecto líder estatal del PAN, tenían línea del gobernante panista.

Se sabe que el número de contrato que avala tal hecho de corrupción que podría configurar el delito de tráfico de influencias es: OP 07/2017-DGA, para la realización del proyecto ejecutivo y construcción de un centro integral de justicia en Cosamaloapan, por la cual, la Fiscalía General debía pagar $27 millones 851 mil 874 pesos con 30 centavos a la empresa Multiservicios El Elemento, propiedad de Mancha Alarcón.

Al final, se sabe, la Fiscalía General, terminó pagando por esta obra 36 millones 522 mil pesos, es decir casi 10 millones de pesos más. Se trató de una adjudicación directa, es decir no hubo licitación, como ocurrió en muchas otras dependencias más donde se favoreció a Mancha como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); Espacios Educativos; SEDESOL y el propio Poder Legislativo de Veracruz.

Las empresas de Mancha fueron creadas los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, entre ellas “medios de comunicación”, sin duda el tema da para mucho y aquí los morenos tendrán otra vía que indagar y ponerse las pilas para integrar la debida responsabilidad al Fiscal.

¡Así las cosas en nuestra entidad queridos lectores; tengan ustedes un excelente lunes, nos leemos mañana!