El negocio del alumbrado público no solo se redujo al puerto de Veracruz y donde un Yunes es alcalde, quien solo ratificó el contrato. Porque además éste se decretó como tal en el último año de las administraciones municipales anteriores, es decir en el 2017, y en el primero del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Fue con los presidentes municipales que salieron en diciembre del 2017 cuando se les hizo firmar los contratos para que se renovara el sistema de alumbrado público cambiando las luminarias convencionales por las denominadas Led, argumentando el ahorro de energía, pero en realidad, fabricando un acumulativo negocio millonario para favorecer a una empresa, sospechosamente del norte del país, desde donde se afirma, el hijo menor de los Yunes Márquez, opera geográficamente los negocios familiares.

Uno de los artífices fue el diputado local del PAN, Juan Manuel Unánue, quien, aseguran ediles en retiro, fueron amenazados de aprobar o convencer a su cabildo sobre la incursión de la empresa en mención para renovar el alumbrado en sus respectivos municipios, a cambio de ser favorecidos en su cuenta pública, de lo contrario, esta podría ser manipulada para que tuviera que responder ante el Orfis y penalmente si así fuera el caso.

No tan solo se trataba de aprobar la incursión de la empresa, en este caso con el puerto de Veracruz, cuyo contrato fue firmado por el priista Ramón Poo, sino de contraer un millonario préstamo, para cuyo fin, extrañamente, sí era avalado por la Legislatura anterior cuando se encontraban en una negativa total de autorizar créditos a los Ayuntamientos.

Lo mismo ocurrió por ejemplo en Alvarado, Córdoba, San Andrés Tuxtla. Y a la postre, sospechosamente, esos alcaldes fueron aliados electorales de los Yunes. No así, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Cosamaloapan, Adriana Mass, que se negó a aceptar el “negocio” y endeudarse, y posteriormente fue sujeta a denuncia penal por el Orfis a petición de la misma Comisión de Vigilancia del Congreso Local.

Así, pues, el negociazo de las luminarias en Veracruz durante el bienio de Yunes Linares apunta a miles y miles de millones en danza. El caso del puerto jarocho que gobierna Fernando Yunes Márquez deriva en el contrato de alumbrado público que se asignó al consorcio Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V. bajo el esquema de asociación pública privada, endeudando al municipio por 15 años, teniendo que pagar 140 millones de pesos anualmente por este concepto.

EL TEJE-MANEJE EN VERACRUZ

El proyecto aprobado en Veracruz fue signado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), al igual que en Ciudad Juárez, donde el alcalde Armando Cabada debió echar marcha atrás por órdenes de su cabildo, municipio por cierto de donde vino el supuesto asesor técnico, que era a su vez funcionario de ese lugar, y dueño de la empresa. Ramón Guillermo Lara, a quien según la investigación de TV Azteca, se le otorgó un cargo como funcionario municipal en Veracruz puerto es también el dueño de la empresa IMAN, pero en su momento aseguraría que ya no tiene nada que ver con el proyecto y consorcio en Veracruz, porque su aportación fue sólo técnica y está en proceso de liquidar su participación en la sociedad mercantil que ganó el contrato de obra pública.

EL CINISMO

Este martes el alcalde porteño, Yunes Márquez tuvo el cinismo de aceptar que sí están endeudados y que correspondió al gobierno de Ramón Poo la firma del contrato. Fiel al sello de familia, el edil expresaría que Tv Azteca no tuvo un fin periodístico sino presionar para que se le pague facturas atrasadas por sus servicios. Si así fuera, entonces el alcalde, debiera ser responsable con las empresas de medios de comunicación que reclaman adeudos dejados por su antecesor y no pretender descalificar lo que a toda vista es un negociazo de miles de millones de pesos fabricado bajo acuerdos oscuros desde el Congreso Local y la presión hacia los alcaldes de decenas de municipio veracruzanos para contratar dicha empresa.

EL RECHAZO DE SEFIPLAN AL PEAJE

Sorprende que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) haya retomado el tema, y hable de su rechazo al incremento de las tarifas de la autopista Cardel-Veracruz, mismo que fue aprobado durante la anterior administración, en el mes de octubre de 2018. Sin duda que es importante que se de por enterada y seguramente podrían ir más a fondo en esta situación. Y es que durante la sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso que administra la concesión de dicha vía, celebrada el 21 de enero del año en curso, y de la que el Gobierno del Estado forma parte, la SEFIPLAN hizo patente su desaprobación a la medida, de acuerdo a las políticas establecidas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que buscan evitar un impacto negativo en las finanzas de las familias veracruzanas. Con este incremento es todo lo contrario. Duro golpe a la economía familiar. Por ello, vale la pena resaltar dicha postura. Y es que en esta reunión los representantes del Gobierno Estatal votaron en contra del aumento al peaje; que fue como un premio que le dio el Gobierno de Yunes Linares a la familia Ruiz concesionaria y que le dieron un fuerte golpe más al bolsillo de los veracruzanos apenas el pasado sábado 9 de febrero.