Observar cientos de notas periodísticas que dan cuenta de la ejecución de la empresaria de Coatzacoalcos, Susana Carrera y sumado a ello las fotos que circulan de su cuerpo decapitado es una clara agresión a los familiares de ésta, pero así trascurren cientos de casos donde no conforme con la muerte del ser querido, después tiene que cargar con el dolor de presenciar la sobre exposición en medios de comunicación y redes sociales, de los hechos.

La violencia, es sin duda la vulneración máxima de un individuo y a ella se suma la injusticia; día a día los hechos que se registran atemorizan a la sociedad y cuando éstos pegan directamente a una familia, el caos se hace presente, la estabilidad se desmorona y al mismo tiempo la impotencia se apodera de los directamente involucrados que ahora tendrán que emprender una ardua batalla en busca de justicia, otros más definitivamente optarán por no hacerlo ante la falta de confianza de las autoridades.

Tras una muerte, hay una cadena de víctimas indirectas y cuando se es mujer y madre, aún más, toda vez que se está ante la presencia de menores de edad que violentamente fueron arrebatados de su progenitora; son ellos los más vulnerables.

Es aquí donde urgen políticas públicas de atención con equidad de género.

En Veracruz las víctimas del delito no encuentran respaldo alguno en la Fiscalía General, cientos de ellas esperan la anhelada reparación integral que nunca llega; es aquí donde se atora el avance de un estado, pues normalmente la impunidad se hace presente, lo que ocasiona más violencia, ya que los delincuentes no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de violencia e impunidad.

 De ahí la urgencia de que las autoridades actúen y cada cual cumplan con su deber. Durante 2018, en nuestro país, en 26 de las 32 entidades federativas, tanto la Fiscalía como el sistema judicial se encontraban colapsados.

En México, la impunidad es generalizada y tan solo durante el año anterior se alcanzaban niveles alarmantes, que colocaban a México en el cuarto lugar a nivel mundial.

En nuestro país, con frecuencia solo se denuncian de 5 a 4 delitos por cada 100 que se cometen y de esos 5, aproximadamente un 12 por ciento llegan a un tipo de investigación; lo anterior significó que en 2018 existiera un 99.3 por ciento de impunidad hecho alarmante, grave, preocupante y desalentador.

Veracruz se ubicaba durante el año anterior en uno de los estados con más alta impunidad, con un porcentaje de 75.52. Sin duda un fracaso que nunca “presumió” Miguel Ángel Yunes Linares, porque el solo informaba buenas noticias, mientras la sociedad se consumía esperando avances.

Ahora se esperan resultados y veremos durante el transcurso del primer año de este nuevo gobierno como avanzan los temas.

¡Queda claro que es poco tiempo para exigir, pero sí es el momento oportuno para levantar la voz y cuestionar al Fiscal General y al Presidente del Tribunal de su poco actuar y es que atrás quedaron los tiempos donde todo giraba en torno a encarcelar duartistas.

¡Así las cosas en nuestra entidad queridos lectores, nos leemos mañana!

@magzamu