Veracruz atraviesa por un estado disfuncional. Las altas esferas del poder público federal y estatal lo maquillan, lo caricaturizan, lo niegan. Hay una  justicia denegada, no de hoy, desde hace más de 30 años.

Las autoridades competentes del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez están rebasadas desde el 1 de diciembre de 2018 por el crimen organizado. Se dan palos de ciego. Las cifras por homicidios dolosos y feminicidio son espantosas. Graves.  

La inteligencia local y federal, con todo el poder económico, humano y tecnológico, hay que decirlo con todas sus letras, han sido avasallados por la delincuencia organizada que, a sangre y fuego se han adueñado de las principales plazas del estado. No hay día que no ocurra un secuestro o ejecuciones múltiples.

Pero ante el triunfalismo palaciego y campanas al vuelo –“se han reducido los delitos de alto impacto social en un 37%”, según el tlatoani-, el desconocimiento del intríngulis social, la impunidad, corrupción e ineficiencia del aparato político estatal, la sociedad civil ha decidido hacerse justicia por su propia mano.

La erosión del tejido social en Veracruz viene desde los sexenios priistas de Patricio Chirinos Calero (1992/98),  pasando por Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera, Javier Duarte y el del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016/18). Cada quien, en su momento, se deslindaron del crimen organizado y beatificaron a los integrantes del navío gubernamental.

“Son casos aislados”, decía orondo Patricio Chirinos  cuando ocurría un choque entre cárteles de la droga y la policía de la SSP. Lo mismo comentaba Miguel Alemán, Fidel, Javier y Miguel Ángel.

“No hay tal violencia grave, todo es producto del sensacionalismo de la prensa amarillista”, justificaban sus errores y horrores  los entonces gobernadores de Veracruz. Con el morenista Cuitláhuac García, la variante es el triunfalismo, la miopía, verdades a medias y la obnubilación.

Todos cegados por el síndrome de Hybris. En raras apariciones públicas que tiene en la semana el góber García Jiménez ha desmitificado a Veracruz del tsunami de la violencia y de la impunidad. “Los altos índices de los delitos han bajado en un 37%”, sostiene triunfalista.

Con su reiterada versión oficialista da la impresión al imaginario colectivo que vive otro Veracruz desde su torre de marfil, de la simetría del poder público, porque acá en el Veracruz de carne y hueso, la triste realidad es deplorable. Un infierno que cotidianamente tienen que vivir y enfrentar los veracruzanos.        

En pleno siglo XXI bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Veracruz –implantado con sustantivas deficiencias de capacitación, limitación presupuestal, falta de personal y corrupción-, hay una evidente justicia denegada que ha concatenado los conflictos sociales a tal grado que los actores deciden hacerse justicia por su propia mano, aplicando la antigua bíblica Ley del Talión: “Ojo por ojo y diente por diente (…)”. 

El principio de justicia retributiva que han sido abanderados  principalmente por grupos o núcleos desposeídos, marginados y de pobreza extrema del estado, surgen ante la ineficiencia, corrupción, tortuguismo, complacencia y pasividad de las autoridades competentes para ejercer una justicia pronta y expedita.

No es ninguna sorpresa que la sociedad civil de la localidad de Soledad de Atzompa, ubicado en la zona serrana de Zongolica y a 90 kilómetros del suroeste de Xalapa, con una población de más de 21 mil habitantes, decidiera este jueves 21 evidenciar el vacío legal del titular de la SSP y del propio gobernador en turno.

En la tarde noche del jueves 21 los lugareños –alrededor de 700 personas- frustraron el secuestro de un profesor de la localidad, enardecidos, lapidaron y quemaron a 4 presuntos delincuentes –dos tenían heridas de bala en el cráneo- y 3 vehículos.

Dos delincuentes más que estaban prófugos, fueron capturados por la mañana del viernes 22. La zonas serranas, suburbios y urbanas de la geografía veracruzana, se han convertido en cuevas o nichos de crimen organizado, que continúan poniendo en tela de duda la capacidad, eficiencia, inteligencia y movilidad de los cuerpos policiales.

La tragedia de Soledad de Atzompa es un hecho reprobable  que no debe repetirse. Evidenció tres ejes: la falta de cohesión de la política gubernamental, la fallida estrategia anticrimen y la carencia de una política de comunicación social, actualmente en manos de mercachifles. 

Pero éste y otros casos más donde está vinculada la industria del crimen organizado y la abyección falaz de los mandos medios de la policía de la SSP, debe de servirle como una lección a Cuitláhuac García y a sus flamantes operadores para evitar que otra bomba como Soledad de Atzompa les explote y se concatene la ingobernabilidad en Veracruz.

Hasta ahora no se han visto decisiones y acciones de gran alcance del gobierno cuitlahuista –las de gran calado- en las áreas transversales de prevención, procuración y administración de justicia, donde hay un abanico de deficiencias, impunidad y corrupción.

Los dineros públicos han corrido a cuenta gotas, jineteo y recorte presupuestal en renglones del aparato político estatal que está urgido de suficientes recursos económicos para contrarrestar las deficiencias de la procuración de justicia y fortalecer el socavado tejido social.

Veracruz requiere que se combata la improvisación, el amiguismo, el cuatachismo, el nepotismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias, para sentar las bases del éxito de los programas torales de los gobiernos federal y estatal. De lo contrario, se vislumbra un rotundo fracaso y un espejo ácido de los gobiernos que lo antecedieron.     

Hay que dejar la simulación, la doble moral y la monserga para que la entidad recobre el espíritu progresista, justiciero, político e intelectual que tuvo hace más de 3 décadas. Hay que restañar heridas con los perdedores y con los sectores productivos para recobrar la salud pública de los veracruzanos.

Hay que moralizar la función pública desde la cúspide del poder público. En suma, hay que sumar, no excluir ni dividir. ¡Es hora o nunca!

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