El gobernador Cuitláhuac García parece haber olvidado que la campaña electoral ya terminó y que desde el primero de diciembre de 2018 asumió constitucionalmente el pleno ejercicio del poder.

A partir de entonces debió caer en cuenta que su compromiso ya no se circunscribía a su partido y que su responsabilidad era gobernar para todos.

La misma obligación que tienen sus colaboradores, sobre todo su principal operador político, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien le correspondería tender puentes de comunicación con los representantes de todas las fuerzas partidistas y organizaciones sociales, incluidas las instituciones religiosas, que en el caso de la Iglesia católica es un poder fáctico con fuerte influencia en la sociedad veracruzana.

Sin embargo, a casi tres meses de iniciada su administración no se percibe, de su parte, cercanía ni mayor entendimiento siquiera con los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.

En el Congreso local, como acaba de evidenciarse el pasado fin de semana con el fallido proceso de juicio político que los diputados de su partido habían encausado contra el fiscal Jorge Winckler, ha perdido el control de la mayoría calificada que a principios de diciembre le permitió reformar el artículo 33 constitucional para que la LXV Legislatura pudiera destituir al abogado yunista de la Fiscalía General del Estado. Y sus operadores políticos, tanto del Palacio de Gobierno como del Legislativo, quizá tengan interlocución más no poder de persuasión sobre los líderes de las bancadas opositoras, lo que aparentemente le podría complicar sacar dos temas urgentes de su mayor interés: la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, tal como se los envió, y además la designación pendiente de los 12 magistrados, cuya ratificación requerirá mínimo el voto a favor de 34 de los 50 diputados, el mismo número que no pudieron sumar el viernes anterior para remover a Winckler.

Y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado nuevamente tuvo otra descortesía –la primera se suscitó en los primeros días de diciembre de 2018, recién iniciada su administración, cuando de última hora canceló su asistencia a un desayuno que le ofrecían de bienvenida magistradas y magistrados, jueces de primera instancia y municipales, secretarios auxiliares, peritos y demás personal del PJE–, ya que este sábado tampoco se presentó al evento en la sede del TSJE que el magistrado presidente Edel Álvarez Peña había organizado para anunciar el Plan de Trabajo Institucional del Poder Judicial en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, un programa que el propio gobernador había implementado y echado a andar un mes atrás en las instalaciones del Museo Interactivo de Xalapa.

El menosprecio fue tal que el mandatario veracruzano envió en su representación a una funcionaria menor: a la Jefa de la Unidad de Género de su oficina, Clementina Salazar Cruz, cuando en estos casos el representante del Ejecutivo suele ser el secretario o el subsecretario de Gobierno.