El ORFIS, sin duda ha sido un organismo “autónomo” omiso, que ha visto y dejado pasar sin número de casos de corrupción y así lo han denunciado cuantioso número de personajes de la vida pública; ahora podría tener en sus manos la prueba de fuego con su actuar ante lo que ocurre en el Poder Judicial.

Y es que hoy se sabe que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) tiene de frente dos auditorías en marcha respecto de la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV, que directamente ha sido ligada a los empresarios Francisco y Javier Ruiz Anitúa, a quienes se les ha mencionado e involucrado con empresas dedicadas al lavado de dinero.

Precisamente a ellos, a los amigos del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se les otorgaron contratos para la construcción de las ciudades judiciales.

La revisión que realiza el ORFIS es parte del escrutinio de la Cuenta Pública del 2018, que tendrá que iniciar antes del 2 de mayo, siendo el 31 de octubre de este año fecha límite en la que dicho Órgano tendría que informar sí existió algún daño patrimonial o alguna otra responsabilidad como parte de la fiscalización.

A la fecha –según lo mencionado por el portal de noticias E consulta- el Órgano de Fiscalización tiene reportada la conclusión de tres de las 12 ciudades judiciales que fueron concesionadas a la citada empresa apenas creada el año pasado.

Según lo informado por el portal, la empresa está integrada por las firmas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez ha confirmado a dicho medio, que se tienen programadas las revisiones tanto al proceso de licitación, como a la construcción de la obra. “en el caso de las ciudades judiciales, nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, ya tenemos datos y documentación que nos dio el Tribunal de Justicia.

Estamos trabajando en él y va a ser una auditoría de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una muestra representativa”, explicó el Auditor a E Consulta.

La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el ‘Slim veracruzano’, recibió 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por 849 millones de pesos.

A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

Así pues, ORFIS tiene mucho que hacer y el Congreso del Estado de Veracruz, tendrá que ser observador, de que, dicho órgano cumpla con su responsabilidad, pues en el Poder Judicial abundan las acciones que muestran actos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio indebido y demás ilícitos sancionados por la legislación penal de nuestro estado y hasta por la propia legislación federal.

Edel dicen, se ha puesto alerta y astuto como es ya intenta subsanar o encubrir evidencias. Por ahora habrá que ver el actuar de ORFIS que ha dejado mucho que desear.

¡Así las cosas en nuestro estado queridos lectores, tengan ustedes un excelente lunes de puente para muchos, con motivo del carnaval; nos leemos el próximo miércoles!

@magzamu